Oficio Ciudadano

Cuando asumió el cargo de gobernadora de nuestro estado, Indira Vizcaíno denunció públicamente a su antecesor por dejarle las finanzas quebradas en un monto de aproximadamente 11 mil millones de pesos. Sin embargo, no detalló ni mostró evidencia de la situación real en la que recibía la entidad en general y las arcas estatales en particular. No obstante, no podía haber duda de lo dicho, cuando todos los colimenses nos dimos cuenta de que desde el mes de julio de ese año, José Ignacio Peralta Sánchez se había declarado insolvente e incapaz de cumplir con los compromisos del gobierno entonces a su cargo, incluyendo la nómina de los trabajadores. 

Varias denuncias penales contra el ex mandatario y sus principales colaboradores fueron presentadas, como consecuencia del evidente mal manejo financiero. Una de ellas, la del uso irregular de dos créditos que le había autorizado el Congreso del Estado, el primero por 410 millones de pesos y el segundo por 740 millones de pesos, suscritas por el Osafig ante la Fiscalía Anticorrupción;  otras dos presentadas por el líder sindical Martín Flores Castañeda y otra más por la entonces diputada Claudia Aguirre, por la retención de cuotas de los trabajadores sin aplicar el entero correspondiente al instituto de pensiones.  Sin embargo, ni la gobernadora ni nadie de su equipo, mucho menos algún legislador de la actual legislatura, presentaron denuncia alguna por las irregularidades que dijeron, encontraron en su arribo a la gubernatura. 

Estas denuncias siguen empantanadas, sin avanzar. Pero en los últimos días ha llamado mucho la atención la solicitud hecha por el Fiscal Anticorrupción, para que un Juez de Control citara al ex secretario de finanzas, Carlos Arturo Noriega y éste conociera el legajo de casi cinco mil páginas con las imputaciones que se le hacen para vincularlo a proceso por la presunta malversación de 70 millones de pesos, en perjuicio del Instituto de Pensiones del Estado. 

Así, este lunes se culminó la audiencia para decidir si se vinculaba o no a proceso al imputado, bajo el expediente 2758/2022, lo que se aprobó pero solo por una de las causales, la del Peculado, ya que el cargo de Ejercicio Indebido de las Funciones Públicas fue rechazada por notoria improcedencia. No obstante validar solo una de las causales, para algunos ciudadanos, esto nos pareció una buena señal de que la gobernadora iniciara ya a pedir cuentas a los funcionarios del anterior gobierno, pero al escuchar en día posterior la entrevista precisa y centrada de un abogado en el programa “En estricto Derecho” a través de una radiodifusora de Colima capital, nos damos cuenta de nuestra ingenuidad al creer que la justicia llegaría para los depredadores del erario público colimense, iniciando con el que fue responsable del manejo de esas finanzas.

Según se explicó por el jurista, efectivamente se pidió prestado al Ipecol la suma de 70 millones de pesos para cubrir necesidades de pago del gobierno al finalizar el año 2020, pero se reembolsó dicha suma a los diez días, por tanto, la afectación al erario del Instituto solo sería por los rendimientos de tal cantidad en unos días, a pesar de que esos recursos no eran de libre disposición. Cantidad que de hecho ya cubrió el ex director del Ipecol,  pues apenas llegó a unos miles de pesos, ya que fue investigado como corresponsable en esta desviación junto con la ex directora de egresos de la  misma secretaría de finanzas, por tanto, ya no habrá reintegro alguno a 

las finanzas, como lamentablemente se ha hecho creer a la opinión pública,  y la sanción que podría recibir el exsecretario apenas llegaría a un año de prisión, a juicio del entrevistado, en el peor de los casos. 

Bien decía esta casa editora Avanzada, que la imputación a Noriega es un espectáculo mediático para intentar justificarse en el ajuste de cuentas con el pasado, por parte de la gobernadora. Si ya era lamentable que por los acuerdos y pactos entre ella y su antecesor no se le llamara a cuentas al principal responsable del quebranto, con estas tácticas de acusar con deficiencias y sin la debida valoración jurídica-económica, a quien fue el brazo derecho de José Ignacio Peralta Sánchez, nos confirma que al gobierno de Indira Vizcaíno no le importa ni la legalidad ni la justicia, mucho menos el respeto que le debe a la población. 

No puede entenderse,  en un sentido mínimo de lógica,  que el fiscal haya preferido impulsar un delito menor, cuando también tiene radicado los presentados por la autoridad fiscalizadora por varios millones de pesos.  Y un expediente de 5 mil hojas – en este caso –  para tan pobres resultados, debería  ser la renuncia del Fiscal Anticorrupción, la revisión a fondo del Fiscal General en cuanto al perfil y capacidad de su equipo, así como la explicación que merecen los colimenses de la gobernadora.