El tema ha sido muy comentado en los diversos medios de comunicación, no solo en la forma sino también en el fondo, por todo lo que implica e impactará en la vida nacional. Es verdaderamente preocupante observar como las dos cámaras del Poder Legislativo Federal – tanto la de diputados primero como la de senadores después – protagonizaron la semana pasada sendos espectáculos denigrantes, en los que más que legisladores parecieron funcionarios al servicio del poder presidencial, atropellando flagrantemente el proceso legislativo al aprobar en fast track una veintena de reformas legales e incluso, algunas que son materia constitucional.
Es inevitable bordar sobre el mismo tema porque nunca se había visto tanto desaseo político en el afán de complacer al Ejecutivo Federal, a pesar de que la nueva clase política se ufana en denostar todo el pasado neoliberal y en pregonar que con su arribo al poder, llegó la honestidad y el compromiso de verdaderamente trabajar por el pueblo. Nada más alejado de la realidad, están resultando un fraude, un engaño al grueso de los ciudadanos que confiaron en ellos pensando que el movimiento de regeneración nacional les haría por fin justicia en sus reclamos sociales.
Lo que estamos viendo es el servilismo pleno para complacer al presidente, sesionando en un patio, sin el quorum reglamentario, sin escuchar ni dialogar con la oposición, con su exultante mayoría de nuevos ricos que desdeñan a las minorías aun cuando ello implique apartarse de la ley; sin respetar el proceso legislativo, en el que hay que leer iniciativas en el caso de la cámara de diputados y minutas en el de senadores, sin analizar y menos debatir su contenido, primero en comisiones y luego en el pleno, en fin, sin cumplir con las formas reglamentarias de su propia vida institucional.
Ahora bien, si las formas son escandalosas, el fondo es aún más grave, porque no solo se trata de recibir instrucciones presidenciales y actuar en consecuencia, sino que las modificaciones legales en comento atentan contra las instituciones y el mismo estado de derecho, contribuyen a incrementar el control del poder militar, dejan en abandono servicio fundamentales como el de salud y el de financiamiento al sector campesino o limitan libertades ciudadanas, hasta en el ámbito científico.
Por ejemplo, al desaparecer al INSABI quedaron contratos abiertos por casi 16 mil millones de pesos que en su mayoría corresponden a farmacéuticas por la compra de medicamentos, material de curación y aparatos médicos, además de otros con empresas de seguridad y vigilancia, tecnología y limpieza, que se trasladarán al IMSS-Bienestar como obligaciones y adeudos por cumplir. Otro caso, fue la orden presidencial de desaparecer al INAI con la infame argumentación: “que no titubeen, se trata de defender los bienes del pueblo”, en verdad ¿alguien puede creer esta razón? ¿Alguien comprará como buena esta causa de la barbarie, cuando es gracias al Instituto Nacional de Acceso a la Información que los ciudadanos podemos obtener información confiable y certera de las acciones gubernamentales que las dependencias nos niegan?
¿Qué decir también de la desaparición del Conacyt y su transformación en otro organismo cuyo consejo directivo no incorporará a los representantes de la vida universitaria nacional ni del sector privado y muy por el contrario, invitará a revisar y tomar decisiones en su funcionamiento a las fuerzas armadas y todas las secretarías de Estado? ¿Cómo pensar en el desarrollo de la investigación científica si no tendrá la libertad el investigador para hacerla? Según declaraciones de un miembro del Colegio Nacional y Premio Crónica, profesor de la Facultad de Ciencias, Morena incumplió con la comunidad académica al no realizar los siete parlamentos abiertos acordados para discutir la iniciativa y “…lo que busca la nueva ley es la implantación de un sistema centralista e ideologizado de una ciencia de Estado, imponiendo prioridades desde el gobierno…”
Por otro lado, la desaparición de la Financiera Rural, que la propia administración implementada por este gobierno la llevó a incrementar su cartera vencida a dos dígitos, deja varios miles de millones de pesos en cuentas incobrables pero, sobre todo, deja al pequeño agroproductor y al campesino de temporal fuera de la posibilidad de conseguir un financiamiento para su actividad.
Pero la Secretaría d4 la Defensa Nacional se fortalece con el control del espacio aéreo y la operación de una nueva línea aérea, además del manejo y funcionamiento de los ferrocarriles nacionales, con el proyecto turístico estrella del tren Maya.
¿Eso queremos? ¿Un país cada vez más controlado por las fuerzas armadas y menoscabado en su libertad de investigar, pedir información e indagar lo que hace su gobierno?
No, definitivamente no. Ni un voto más a Morena.