Asociación pública privada está diseñada para robar

Columna

El puercoespín 

Uno de los métodos favoritos del Prian para saquear el erario público fue desarrollar las asociaciones público privado donde son las instituciones públicas quienes ponen los recursos y absorben las perdidas y los socios privados se especializan en cosechar las ganancias.

A los políticos les importan muy poco las pérdidas porque las pérdidas son con cargo al erario, es decir, que se cubren con recursos fiscales y ellos y los empresarios harán el negocio de su vida.

Sin eufemismo, el diseño de las asociaciones público privada es el modelo de negocios que más se ha usado para el saqueo de los recursos públicos por los políticos neoliberales y sus socios de la iniciativa privada.

Lo único de lo que se quejó la oposición es de la premura, del fast-track (vía rápida) que usaron Morena y sus aliados para aprobar el decreto, nunca cuestionaron el porqué y los para qué de la reforma, por más rápida y abusiva que haya sido la forma en que se presentó, no justifica que no hayan vertido argumentación –aun a prisa– para cuestionar de fondo  la reforma presentada y aprobada.

El dictamen reforma diversas disposiciones de la Ley de Caminos y Puentes del Estado de Colima y adiciona un último párrafo al artículo 77 de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima.

La reforma señala que las concesiones no podrán ser por plazos mayores a 20 años y se menciona que cuando haya vías alternas, buscará la operación de una libre de peaje. “excepcionalmente, la Persona Titular del Poder Ejecutivo podrá otorgar concesión a los gobiernos municipales o entidades paraestatales sin sujetarse al procedimiento de concurso a que se refiere esta ley” menciona el decreto. 

El establecer un plazo no mayor de 20 años a las concesiones y el que haya vías alternas libres de cobro de peaje suena bien y hasta cuidadosa de los derechos y bienestar de los ciudadanos; sin embargo, que el Ejecutivo pueda otorgar concesiones –en forma excepcional– a los gobiernos municipales o entidades paraestatales sin sujetarse al procedimiento de concurso a que se refiere la misma ley, no es sino la vía legal para delegar en los municipios y alguna entidad paraestatal la asociación pública privada y se realice el gran negocio; entonces, el Ejecutivo estatal se lavará las manos y dirá que está beneficiando a los municipios o entidad paraestatal cuando en realidad se está abriendo las puertas para el saqueo, donde todos, –incluyendo al gobierno estatal bajo la mesa– y habrán  obviado los concurso y tendrán vía para desarrollar negocios jugosos y fáciles.

Tengamos memoria. No olvidemos que uno de los últimos grandes negocios de Ignacio Peralta Sánchez fue un cementerio público-privado donde obtuvo un negociazo asociado con su primo.

Indira, fiel a su esencia neoliberal y neoempresarial, ya está en camino de abrirles las puertas a sus camaradas para seguir saqueando el erario y hacer grandes negocios para su beneficio personal.

Para los votantes de Morena que tenían esperanzas de una rectificación de su gobernadora deben abandonar toda esperanza porque el neoliberalismo es el neoliberalismo y para Indira el gobierno es un negocio, porque negocios son negocios y en eso andan.

A la sociedad solo le toca estar al pendiente de cuál familiar, amigo o político convertido en empresario –muy conveniente y oportunamente– será el primer beneficiario de estas modificaciones a las leyes de Asociación Pública Privada y de Caminos y Puentes del Estado de Colima.

Este decreto de que tiene dedicatoria la tiene y pronto sabremos los nombres de los destinatarios-beneficiarios. 

El saqueo sigue, quien dijo que los neoliberales había perdido las elecciones en Colima.