¿Qué hicieron con el Sistema Anticorrupción en Colima?

El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción. En la nueva redacción del artículo 113 Constitucional se incluyó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

En los artículos transitorios de esta reforma constitucional se dispuso que, para adecuar el marco normativo vigente, el Congreso de la Unión debía expedir, entre otras, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, misma que fue publicada en el DOF el 18 de julio de 2016. Esta ley, en su artículo 36, estableció que las leyes de las entidades federativas desarrollarían la integración, atribuciones y funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción Locales, los cuales contarían con una integración y atribuciones equivalentes a las del Sistema Nacional.

En nuestro estado, el 13 de mayo de 2017, se publicó en el Periódico Oficial (PO) el decreto de reformas a la Constitución estatal en materia del Sistema Estatal Anticorrupción. Posteriormente, el 15 de julio de 2017, se publicó en el PO la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, la cual establece que el Sistema se integra por los integrantes del Comité Coordinador (CC), el Comité de Participación Ciudadana (CPC), y los municipios a través de representantes. 

El CC es la instancia máxima responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal, y se integra por: un representante del CPC, quien lo presidirá; la titular del OSAFIG; el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; la titular de la Contraloría General del Estado; el Magistrado Presidente del STJE; el Magistrado Presidente del TJA; y el Comisionado Presidente del INFOCOL.

Por su parte, el CPC estará integrado por 5 ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, quienes serán nombrados por una Comisión de Selección (CS), que a su vez será nombrada por el Congreso del Estado, por un periodo de tres años, y estará integrada por 11 ciudadanos colimenses (5 miembros propuestos por instituciones de educación superior y de investigación del Estado, y 6 miembros propuestos por organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas o combate a la corrupción). 

En el transitorio segundo de la ley estatal, se estableció que, dentro de los 90 días siguientes a su entrada en vigor, el Congreso del Estado debía designar a los integrantes de la CS para que, a su vez, dentro de los 90 días siguientes a su designación, la CS nombrara a los integrantes del CPC, de forma escalonada.

El 04 de octubre de 2017, mediante el acuerdo 60, la LVIII Legislatura del Congreso del Estado emitió la convocatoria pública para elegir a quienes integrarían la CS. El 12 de octubre siguiente, mediante el acuerdo 61, se nombró la CS que se encargó de conformar el CPC del Sistema Estatal Anticorrupción. 

El 13 de febrero de 2018, en un acto llevado a cabo en el Recinto Legislativo, se realizó la toma de protesta de la integración original del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción estatal: Rodrigo Marmolejo González (designado por 1 año), Carlos Maldonado Villaverde (por 2 años), Isela Guadalupe Uribe Alvarado (por 3 años), Juan Carlos Alcántar Pérez (por 4 años) y Carlos Garibay Paniagua (por 5 años).

Mediante una reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, publicada en el PO el 18 de mayo de 2019, se incrementó el número de integrantes de la CS de 9 a 11: ahora serían 6 integrantes provenientes de la sociedad civil, más los 5 emanados de la academia.

El 27 de febrero de 2020, se eligió a 3 nuevos integrantes de la CS: una, que completaría el periodo original hasta octubre de ese año, y los dos nuevos, por 3 años a partir de su toma de protesta, ocurrida el 11 de marzo de ese año. Debidamente integrada, el 14 de septiembre de 2020, esta CS nombró y les tomó la protesta a dos nuevos integrantes del CPC: Bárbara Mancera y Mizael Anguiano.

Como puede advertirse, el panorama es desolador: en cuanto al CPC, de las 5 personas que debieran conformarlo, a partir del próximo 13 de febrero quedará en funciones solo Mizael Anguiano, porque ese día concluye el periodo de Carlos Garibay, mientras que Bárbara Mancera, según fuentes extraoficiales, presentó su renuncia al cargo recientemente. Este escenario torna inoperante el CPC, ya que no podría constituirse, y menos sesionar válidamente. 

Lo grave es que ni siquiera pueden ser nombradas las personas que faltan para integrar el CPC, porque en este momento la CS solo está conformada por 2 de sus 11 integrantes, y en marzo próximo se les vence su periodo, por lo que está condenada a desaparecer.

¿Qué espera para actuar el Congreso del Estado? El año pasado lanzaron una convocatoria para conformar la CS y no tuvieron respuesta, porque la gente no tiene confianza en los legisladores. Tienen que redoblar esfuerzos, emitir una nueva convocatoria, integrar la CS como marca la ley y, una vez integrada, deberán elegirse las vacantes del CPC. Necesitamos que la Legislatura se involucre. Y particularmente la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental, por conducto de su diputada presidenta, quien acaba de fungir como Presidenta del Congreso, y no aprovechó para dar cumplimiento a una de las escasas tareas que tiene que llevar a cabo. ¿No sentirá un poquito de pena? ¿O ya acordó con Indira no moverle a este asunto?

Urge que el Sistema Estatal Anticorrupción funcione. En Colima impera la corrupción, y las instancias que deberían combatirla prefieren voltear hacia otra parte. Necesitamos que verdaderamente trabajen, y que su labor se traduzca en beneficios concretos para la ciudadanía. Para muestra un botón: los incrementos salariales de la gobernadora y sus secuaces. No dijeron una sola palabra. Si no basta ese, hay otro más evidente: la situación financiera del IPECOL, que acabará por reventar el sistema pensionario de la burocracia local; se siguen desviando recursos en total impunidad. Igualmente, ninguno ha abierto la boca. ¿Solo están de adorno? Si es así, son unos floreros muy caros, que nos cuestan 5 millones de pesos por año.

OTROSÍ: hablando de gente que no trabaja, está también el caso del Fiscal Anticorrupción, quien ya cumplió un año en el puesto, y en todo ese año, solo pudo terminar de integrar 1 de las 679 carpetas de investigación que dijo que recibió como rezago al asumir el cargo. ¿Cuándo tendrá pensado empezar a desquitar el sueldo que recibe? ¿Acaso la gobernadora y el fiscal general le prohibieron que lo hiciera? ¿Tendrá algo que decir al respecto la diputada presidenta de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental?