OSAFIG detectó la irregularidad, pero permanece impune la simulación de la compra de la Zona Militar

Colima, México, Avanzada (25/01/2023).- A tres años de que se reveló que el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez simuló la compra de los terrenos de la zona militar en Colima y para lo cual solicitó un préstamo bancario de 200 millones de pesos, el caso permanece en la impunidad y ni el Congreso del Estado y el Órgano Fiscalizador han exigido a la Fiscalía Anticorrupción que avance con las investigaciones.

Mientras, el crédito por 200 millones de pesos que supuestamente serviría para adquirir dichos predios, lo pagan los colimenses desde diciembre de 2018 y terminará de liquidarse hasta el 20 de mayo de 2039.

El 6 de mayo de 2019, AVANZADA reveló que el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez simuló la compra de los terrenos de la XX Zona Militar en la avenida Calzada Galván y para lo cual,  pidió un préstamo bancario por 200 millones de pesos, del cual se desconoce su destino porque dichos predios fueron donados por el Gobierno Federal al pueblo de Colima.

Desde esa fecha y hasta la actualidad, el caso permanece en la impunidad, en gran medida por el círculo de complicidades que el exmandatario colimense encontró en la legislatura pasada -en donde el PRI ya no tenía la mayoría-, en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, en el Sistema Anticorrupción –el cual no se pronunció por el tema ni inició una investigación ese año ni el siguiente-, y en los círculos del poder donde se encontraban y encuentran aliados del exmandatario colimense aunque pertenezcan a partidos políticos distintos.

En 2019 el OSAFIG confirmó la irregularidad. En el informe de resultados de la auditoría correspondiente al ejercicio de 2018, el órgano fiscalizador determinó que el gobierno violentó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la carta magna local y la Ley de Disciplina Financiera, porque le dio otro destino del autorizado por el Congreso a los recursos económicos del crédito contratado por el gobierno al amparo del decreto 617.

Dicho informe expuso que en la observación F32/FS/18/20 de la cuenta pública 2018, el Congreso autorizó –en septiembre de 2018- al gobierno del estado, contratar un crédito por 410 millones de pesos destinados a inversión pública productiva, pero no se ejecutó (totalmente) de la manera autorizada por los diputados locales. El informe describió que los montos solicitados por el gobierno del estado debieron aplicarse conforme al decreto 617, publicado el 28 de septiembre de 2018 en el periódico oficial del estado de Colima.

A pesar de que el propio Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) concluyó que la administración de Peralta violó la Constitución local -y por ende, le mintió al Congreso- y presentó el año pasado una denuncia penal por este hecho, el caso permanece en la impunidad e incluso, el secretario de Planeación y Finanzas de la pasada administración, Carlos Arturo Noriega García – encargado de llevar a cabo dicha operación bancaria- es actualmente diputado plurinominal del PRI.