El informe que viene

Está por concluir el primer año de gobierno de la presente administración estatal. Su llegada al poder no es casualidad. Desde hace ya varios años, la entidad padece un problema grave de inseguridad y violencia; y por décadas, la opacidad, la discrecionalidad y el mal manejo de los recursos públicos han sido características constantes en la forma de gobernar en la entidad. De ahí que la expectativa hacia el nuevo gobierno sea no solo la sustitución o el cambio del grupo o partido político en el poder, sino la esperanza de contar —ahora sí— con un gobierno honesto, competente y capaz de hacer frente a las crisis y problemas que afectan a las y los colimenses. 

Por ello, el informe por escrito que, de acuerdo con la Constitución local, está obligado el o la gobernadora en turno a presentar anualmente ante el Congreso del Estado, supondría un ejercicio valioso para advertir si las decisiones, programas y acciones de la administración actual tienen sentido o conexión con la prioridades, problemas y objetivos que, en teoría, se ha propuesto atender o resolver. Además, tendría que ser útil —como insumo de información— para decidir la pertinencia de modificar o corregir el rumbo de la acción gubernamental. El problema es que, cuando las decisiones y acciones gubernamentales tienen como único sustento la inercia administrativa, el criterio político o la ocurrencia en turno, el informe de gobierno se asemeja más a un trámite u obligación administrativa, como ocurre comúnmente, que a un ejercicio útil para mejorar las políticas públicas y rendir cuentas a la ciudadanía.

Por tanto, no sorprendería que el próximo informe de gobierno estatal esté plagado, como suele ocurrir, de cifras alegres —aisladas y desarticuladas— cuyo objetivo central sea la mera cuantificación de los apoyos y bienes entregados (uniformes, becas, carritos de comercio para la venta de productos en la vía pública), los eventos realizados (ferias económicas, turísticas, etc.), los cursos impartidos, los operativos policiacos ejecutados o los militares incorporados a las fuerzas de seguridad; sin justificar y referir cómo, por qué y en qué medida dichas acciones están modificando —en el sentido esperado— las causas que dan origen a problemas públicos como el rezago y abandono escolar, la inseguridad pública y la violencia, la corrupción o la precarización laboral. 

Desde esa perspectiva, no sorprendería además el uso meramente político del informe de gobierno. Ante la ausencia de diagnósticos y proyectos claros, explícitos y técnicamente solventes sobre los problemas de la entidad, tanto del lado gubernamental como en la oposición, lo que resta es la discusión guiada por la declaración y la acusación superficial. Visto así, el informe será útil para el anuncio, la foto otorgando el apoyo, el slogan o la disputa política, pero no para construir o retroalimentar alternativas de mediano y largo plazo a los problemas presentes y futuros de la entidad.  Posterior al informe podrán citarse altos funcionarios o funcionarias del gobierno estatal a comparecer en el Congreso, pero sin que ello produzca algún cambio significativo en las políticas públicas o tenga consecuencias concretas sobre las autoridades públicas.

Lamentablemente, esté el partido o grupo político que esté en el poder —o en la oposición—, la clase política ha encontrado la manera de simular la hechura de planes, programas e informes de gobierno. Van y vienen gobiernos de todos los colores, pero continúan construyéndose planes, programas e informes sin sustento técnico, que simulan participación ciudadana y que poco contribuyen a evaluar la acción gubernamental y a la rendición de cuentas. Y el informe que viene, no parece ser la excepción.