Movilizaciones obligan a la FGE a buscar personas desaparecidas

Colima, México, Avanzada (29/07/2022).- Con el caso del ingeniero civil José Francisco Rodríguez Ballesteros, por tercera vez en menos de dos meses se realizan movilizaciones ciudadanas para obligar a la Fiscalía General del Estado (FGE) a agilizar investigaciones sobre personas desaparecidas.

José Francisco desapareció el miércoles 27 a las 9 de la mañana, luego de que salió de su domicilio, en Villa de Álvarez a entregar un proyecto a las oficinas de su trabajo, pero a ese lugar ya no llegó.

La camioneta en la que viajaba, una Nissan doble cabina color blanco, fue encontrada por la noche, casi doce horas después por la calle Balbino Dávalos, cerca de la avenida Pino Suárez.

Sin embargo, después de haber presentado la denuncia y ver trascurrir las horas sin resultados, los familiares del joven desaparecido desde la mañana de este jueves 28 empezaron un plantón afuera de las instalaciones de la FGE, barajando la posibilidad de bloquear el libramiento Ejército Mexicano.

Ante esta movilización, el padre de José Francisco y otro familiar fueron recibidos inmediatamente por el fiscal general y el especializado en personas desaparecidas, a quienes les explicaron las acciones que se han realizado hasta el momento, les ofrecieron que agilizarán los trabajos de búsqueda, pero les pidieron no realizar el bloqueo carretero. También hablaron con la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva.

A mediados de junio, ya en dos ocasiones fue bloqueado el libramiento por familiares de personas desaparecidas, primero para exigir la aparición de dos mujeres secuestradas, quienes después de día y medio fueron rescatadas con vida, y después para exigir la aparición de tres personas más, que también aparecieron en unas horas, pero sin vida.

Semanas antes de esa ocasión, habitantes de Coahuayana, Michoacán, bloquearon el puente que comunica con Colima y lograron el regreso con vida de un adolescente que había sido secuestrado y desaparecido en la carretera Tecomán-Cerro de Ortega.

Con antecedentes de ese tipo, el caso de José Francisco ha movilizado a las autoridades, que se encuentran siguiendo diversas líneas de investigación. A través de un comunicado, la FGE informó que abrió la carpeta de investigación luego de que familiares de la víctima hicieran la denuncia por los hechos y señaló que ha mantenido una comunicación de manera permanente con ellos y les ha informado de los avances de la investigación.

“Es importante señalar que cuando se trata de este tipo de delitos en los que en todo momento se encuentra en riesgo la integridad de la víctima, se siguen diferentes protocolos especiales de actuación con la finalidad de garantizar la ubicación de la persona con vida, mismos que fueron comentados a los familiares directos de la víctima”, señaló la Fiscalía.

Añadió que las investigaciones han avanzado, al igual que la labor de inteligencia de esa autoridad y de otras corporaciones, “con lo que se ha logrado la obtención de datos de prueba importantes que han permitido avanzar en algunas de las líneas de investigación con las que se cuenta en este momento”.

La FGE indicó que desde que se tuvo conocimiento de este suceso, elementos ministeriales realizaron diversos actos de investigación donde se realizó la inspección del lugar de los hechos, la búsqueda y localización de cámaras de videovigilancia, movimientos de cuentas bancarias, registros de llamadas, así como entrevistas con testigos presenciales, con la finalidad de obtener datos de prueba que permitan dar con el paradero de la persona, así como para identificar a quien o quienes pudieran resultar responsables de este hecho.

“Las investigaciones por parte de la Fiscalía estatal continúan y adicionalmente se han llevado a cabo operativos en los 10 municipios del estado en colaboración con las Policías Ministeriales, la Policía Estatal Preventiva, la Sedena, Semar y autoridades estatales con la finalidad de localizar al joven”.

Lo anterior ocurre en el contexto de la presión ciudadana, a diferencia de muchos otros casos de personas desaparecidas cuyos familiares han denunciado que no encontraron interés de las autoridades por movilizarse para investigar y realizar acciones rápidas de búsqueda.