“Congeladas”, las denuncias por retener cuotas de trabajadores 

Colima, México, Avanzada (07/07/2022).- El 20 de junio de 2020, el Congreso de Colima denunció penalmente ante la Fiscalía General del Estado a servidores públicos de distintas dependencias tanto del Estado como de los municipios por el presunto desvío de las cuotas y aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Colima (IPECOL).

En la denuncia, promovida en su momento por la entonces diputada Claudia Aguirre Luna, se documentó que como presuntos responsables de los ilícitos estaban funcionarios del gobierno estatal, durante el sexenio de Ignacio Peralta Sánchez – algunos de ellos siguen ocupando cargos públicos en el Congreso local o en los municipios-, el DIF – durante el periodo de la actual presidenta de Colima, Margarita Moreno González-  y de la propia Fiscalía General del Estado. La denuncia también incluyó a funcionarios de los ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez.

Un día antes de la denuncia, el 19 de junio del 2020, el Congreso solicitó al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) que en términos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas inicie un procedimiento de investigación para fincar responsabilidades administrativas contra funcionarios de IPECOL, entre ellos el director Hamín Legaspi Soto, quien renunció al cargo el pasado viernes.

Los diputados locales de la anterior legislatura refirieron que en el Código Penal se contempla como delito el desvío de cuotas y aportaciones y expusieron que éste se constituye cuando un servidor público descuenta dinero a los trabajadores de una entidad pública y omite destinarlo a lo que estaban previstos o los aplique a un fin distinto al establecido.

Ese 19 de junio, en la tribuna del Congreso la entonces diputada, Claudia Aguirre Luna  recordó que desde el Congreso se hicieron distintas acciones para que el Ipecol cumpliera con sus obligaciones y cobrara a los entes públicos las aportaciones que no habían sido entregadas, sin embargo, por miedo o incompetencia el organismo ha fracasado en ese objetivo.

A dos años de que se interpusieron las denuncias con los distintos funcionarios, aún no hay personas sancionadas por este hecho y se desconoce el estado en el que se encuentran las denuncias.