Simularon comprar la Zona Militar; permanece impune pese al desvío de 200 MDP

Colima, México, Avanzada (02/05/2022).- El 6 de mayo de 2019,  AVANZADA reveló que el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez simuló la compra de los terrenos de la XX Zona Militar en la avenida Calzada Galván y para lo cual,  pidió un préstamo bancario por 200 millones de pesos, del cual se desconoce su destino porque dichos predios fueron donados por el Gobierno Federal al pueblo de Colima.

Desde esa fecha y hasta la actualidad, el caso permanece en la impunidad, en gran medida por el círculo de complicidades que el ex mandatario colimense encontró en la legislatura pasada -en donde el PRI ya no tenía la mayoría-, en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, en el Sistema Anticorrupción –el cual no se pronunció por el tema ni inició una investigación ese año ni el siguiente-, y en los círculos del poder donde se encontraban y encuentran aliados del ex mandatario colimense aunque pertenezcan a partidos políticos distintos.

En l2019 y cinco meses después de la publicación hecha por AVANZADA y tras una intensa campaña de comunicación social, orquestada desde el gobierno del Estado para desvirtuar el trabajo periodístico, el OSAFIG confirmó la irregularidad. En el informe de resultados de la auditoría correspondiente al ejercicio de 2018, el órgano fiscalizador determinó que el gobierno violentó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la carta magna local y la Ley de Disciplina Financiera, porque le dio otro destino del autorizado por el Congreso a los recursos económicos del crédito contratado por el gobierno al amparo del decreto 617.

Dicho informe expuso que en la observación F32/FS/18/20 de la cuenta pública 2018, el Congreso autorizó –en septiembre de 2018- al gobierno del estado, contratar un crédito por 410 millones de pesos destinados a inversión pública productiva, pero no se ejecutó (totalmente) de la manera autorizada por los diputados locales. El informe  describió que los montos solicitados por el gobierno del estado debieron aplicarse conforme al decreto 617, publicado el 28 de septiembre de 2018 en el periódico oficial del estado de Colima.

A pesar de que el propio Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) concluyó que la administración de Peralta violó la Constitución local  – y por ende, le mintió al Congreso- y presentó el año pasado una denuncia penal por este hecho, el caso permanece en la impunidad e incluso, el secretario de Planeación y Finanzas de la pasada administración, Carlos Arturo Noriega García – encargado de llevar a cabo dicha operación bancaria- es actualmente diputado plurinominal del PRI.

El reportaje que publicó AVANZADA el 6 de mayo de 2019 se transcribe a continuación:

Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN) informaron que el terreno de la XX Zona Militar, que se ubica en la Avenida Calzada Galván, fue donado a título gratuito al gobierno de Colima el pasado 7 de noviembre de 2018.

Es decir, la administración de Ignacio Peralta Sánchez no tuvo que realizar ningún pago económico o en especie a estas dos instituciones, aunque  solicitó y ejerció un crédito bancario para destinar – según lo dijo el mandatario estatal el 5 de octubre de 2018-  200 millones de pesos para la adquisición de dicho terreno.

A través de dos solicitudes de Transparencia que AVANZADA realizó a la SEDENA y al INDAABIN, las dependencias federales confirmaron que no recibieron ningún recurso económico o en especie de parte del gobierno de Colima por los terrenos donde se ubicaba la XX Zona Militar en la ciudad de Colima.

El pasado 27 de marzo y con el folio 0000700071519, la SEDENA  señaló que no existe evidencia documental en sus archivos del acuerdo en el cual la institución le entregó al gobierno del Estado de Colima el terreno denominado Campo Militar 20-A Manuel Álvarez ubicado en la Avenida Pedro a Galván y explicó que tampoco recibió ninguna donación económica o en especie de parte de la administración de Ignacio Peralta entre el primero de enero de 2017 y el 26 de febrero de 2019, fechas en las que al parecer se signó el acuerdo.

En su respuesta, la SEDENA  sugirió que la solicitud de información se dirigiera al INDAABIN, quien era el responsable del terreno en cuestión. El pasado 15 de abril, dicho instituto contestó a la solicitud de información  a través del oficio: DGAPIF/0552/2019 y dijo que “no existió pago alguno de dinero o en especie por parte del gobierno del Estado de Colima a este instituto, en virtud de que se trató de una donación a título gratuito”.

Sin embargo, el 27 de septiembre de 2018, los diputados de la pasada legislatura, aprobaron que el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez solicitara un crédito bancario hasta por 410 millones de pesos, de los cuales, 200 millones de pesos se utilizarían para adquirir tierras, terrenos o predios urbanos para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en la ciudad de Colima, según el decreto 617.

Ocho días después de la aprobación del crédito por parte del Congreso del Estado, es decir, el 5 de octubre de 2018, el mandatario estatal explicó a diversos medios de comunicación el destino del empréstito y señaló que 150 millones de pesos serían para la construcción del C5; 200 millones de pesos se destinarían para comprar el terreno de la zona militar ubicado en la Calzada Galván y 60 millones se utilizarían en el rubro de salud.

El Registro Único de Deuda, mismo que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta que la administración estatal ejerció  el 27 de noviembre de 2018, un crédito por 410 millones de pesos con BANOBRAS, pero  no  explica en qué invirtió el recurso, sobre todo, los 200 millones que según el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez se destinarían para comprar el terreno de la Calzada Galván.

Por ello, AVANZADA realizó una petición de información al gobierno del Estado para saber en qué se invirtió el recurso del empréstito. La solicitud fue contestada por el director jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR) José Alberto Peregrina, quien no proporcionó los datos requeridos y mencionó que para poder consultarlos se tendría que ir a los archivos de la dependencia, cuando la ley de Transparencia lo obliga a hacer pública dicha información. Debido a la negativa se interpuso un recurso de revisión que se encuentra bajo el folio: 00140919.

LA DONACIÓN DEL TERRENO

Según el convenio de donación publicado en el DOF; el 16 de julio de 2018, bajo el oficio: SGG224/2018, el Gobierno de Colima solicitó formalmente al INDABIN la donación del inmueble. 

Casi dos meses después de que el Congreso autorizó el crédito para adquirir, entre otras cosas, el terreno de la Calzada Galván, el Presidente del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, Julio César Guerrero Martín, publicó en el Diario Oficial de la federación (DOF)  el acuerdo de donación gratuita.

El documento, que puede consultarse en el DOF con fecha del 26 de noviembre de 2018, expone: “Acuerdo por el cual se desincorpora del régimen de dominio público de la federación y se autoriza la donación ad corpus a favor del Gobierno del Estado de Colima, el inmueble con superficie de 14-84-91 hectáreas, denominado “Campo Militar 20ª, Manuel Álvarez”, ubicado en Av. Pedro A. Galván Norte número 502, Colonia Centro, Municipio y Estado de Colima con Registro Federal Inmobiliario número 6-1133-3”.

En el considerando quinto se establece que el 18 de mayo de 2018, la SEDENA puso a disposición del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales el inmueble referido por no ser de esa secretaría.

El acuerdo, en su artículo primero señala que el terreno se dona, “a fin de utilizar el inmueble en servicios públicos locales, o asistencia social de la población, así como fines educativos; para obtener fondos a efecto de aplicarlos en el financiamiento, amortización o construcción de obras públicas, o para promover acciones de interés general de beneficio colectivo, de conformidad con lo establecido  en el artículo 84 fracción X de la Ley General de Bienes Nacionales”.

El pasado viernes 3 de mayo, AVANZADA consultó en el Congreso del Estado si el gobierno de Colima les había notificado el destino de los 410 millones de pesos o en su defecto, si les había informado cuánto dinero del autorizado por los diputados ejerció y la respuesta fue que no existía ninguna información al respecto.