Colima, México, Avanzada (14/08/2026).- El Gobierno del Estado presentó como un logro de su administración el supuesto rescate financiero de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), organismo que, de acuerdo con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y su director general, Vladimir Parra Barragán, habría pasado de estar en números rojos a ser autosuficiente y contar con recursos para invertir.
Sin embargo, durante la rueda de prensa Diálogos por la Transformación, las autoridades no presentaron cifras que permitieran dimensionar el saneamiento financiero ni explicaron si existen denuncias penales derivadas de los presuntos actos de saqueo, malos manejos y corrupción que atribuyeron a administraciones anteriores.
La gobernadora afirmó que CIAPACOV, mediante un manejo “ordenado, responsable” y eficiente de los recursos públicos, dejó de estar en números rojos y ahora tiene capacidad para invertir en la rehabilitación de plantas purificadoras, pozos profundos y equipo para el mantenimiento de las redes de agua y drenaje.
Parra Barragán fue más allá al asegurar que el organismo fue “rescatado” de un escenario financiero adverso y sostuvo que al inicio de la actual administración existían multas con el IMSS y el SAT, adeudos con proveedores, con el IPECOL y con la planta de tratamiento de aguas residuales, además de equipos de desazolve detenidos en talleres por falta de pago.
El funcionario también afirmó que CIAPACOV había sido utilizada como “caja chica” de gobiernos anteriores y sostuvo que actualmente “ya no se saquea” al organismo.
No obstante, en la conferencia no se precisó cuánto ascendía el supuesto quebranto financiero al recibir la administración, cuánto se debía en cada uno de los conceptos mencionados, cuánto se ha pagado a la fecha ni cuál es actualmente el monto de los pasivos de CIAPACOV.
Tampoco se informó si por los hechos que las propias autoridades describieron como saqueo, malos manejos o corrupción fueron presentadas denuncias penales, quién las presentó, ante qué autoridad, contra qué exfuncionarios o particulares, por qué delitos y cuál es el estado que guardan las investigaciones.
El dato resulta relevante porque el discurso oficial no se limitó a hablar de una mala situación financiera. La propia administración habló de un organismo que habría sido saqueado y utilizado indebidamente, por lo que el eventual saneamiento financiero constituye sólo una parte de la historia: la otra es determinar si hubo responsables y si éstos fueron denunciados.
Un rescate sin cifras
Durante la conferencia tampoco se dieron a conocer estados financieros comparativos que permitieran observar la evolución de CIAPACOV desde 2021 hasta 2026, ni indicadores sobre ingresos, egresos, deuda, pasivos, flujo de efectivo o patrimonio.
Parra Barragán aseguró que el organismo se encuentra actualmente en su “mejor momento” en los 35 años de existencia del sindicato de trabajadores y destacó inversiones en infraestructura, renovación del parque vehicular y recuperación de pozos.
El director atribuyó parte de la mejoría financiera a la modificación del esquema relacionado con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PETAR), al asegurar que ésta representará un ahorro de mil 500 millones de pesos y permitirá terminar de pagarla en 2034, en lugar de 2041.
La cifra, sin embargo, tampoco fue acompañada durante la conferencia por la presentación del contrato, convenio financiero, corrida de pagos o documento que permita conocer cómo se obtiene ese ahorro.
Del supuesto saqueo al “organismo autosuficiente”
La narrativa presentada por el Gobierno del Estado plantea un contraste entre dos momentos: un CIAPACOV que, según sus actuales funcionarios, fue recibido con deudas, multas, falta de recursos y equipos fuera de operación, y un organismo que actualmente asegura tener capacidad para invertir.
Pero entre ambos extremos quedó pendiente una explicación fundamental: qué ocurrió con los recursos que presuntamente fueron mal utilizados y qué consecuencias legales tuvieron esos hechos.
La transparencia financiera no sólo implica informar cuánto se tiene y cuánto se invierte, sino también explicar, cuando se denuncian presuntos actos irregulares, qué investigaciones se iniciaron y qué resultados han producido.
CIAPACOV cuenta actualmente con mecanismos de transparencia y publica información sobre sus procesos de contratación y licitaciones. La propia estructura del organismo contempla un Consejo de Administración en el que participa su director general.
Por ello, las declaraciones realizadas ayer abren nuevas preguntas que van más allá de la presentación de Agua Bienestar: ¿cuánto debía realmente CIAPACOV cuando comenzó la actual administración?, ¿cuánto debe hoy?, ¿cuánto se ha pagado?, ¿qué pasivos permanecen?, ¿cuánto costó el saneamiento financiero? y, sobre todo, si el organismo fue saqueado, ¿dónde están las denuncias y qué ha ocurrido con ellas?
Agua Bienestar, el resultado que se presume
El anuncio de Agua Bienestar fue presentado precisamente como una consecuencia del supuesto saneamiento financiero.
El programa contempla garrafones de 20 litros a cinco pesos en las purificadoras de CIAPACOV y distribución a domicilio por diez pesos en colonias consideradas vulnerables. Inicialmente operará en 17 colonias de Colima y Villa de Álvarez, con la intención de ampliar la cobertura a 34 hacia enero de 2027.
Parra Barragán aseguró que el programa no generará un déficit para el organismo, pues los diez pesos cobrados por garrafón a domicilio cubrirán el costo operativo de la distribución.
Así, la administración estatal presenta Agua Bienestar como una muestra de que CIAPACOV pasó de enfrentar una crisis financiera a contar con capacidad para desarrollar nuevos programas sociales.
Pero el anuncio también vuelve relevante conocer cuánto cuesta producir y distribuir cada garrafón, cuánto dinero se destinará al programa y qué parte del presupuesto de CIAPACOV se utilizará para sostenerlo.
El discurso oficial de ayer fue, en ese sentido, una exposición de resultados y una reivindicación de la actual administración. Lo que quedó pendiente fue la parte documental que permita medir esos resultados y, en su caso, establecer responsabilidades por el pasado que los propios funcionarios describieron.
Porque si CIAPACOV efectivamente fue saqueado, la recuperación financiera puede representar un resultado administrativo; la rendición de cuentas exige además saber quién saqueó, cuánto se perdió, qué se denunció y qué pasó con esas denuncias.