Gobierno exhibe “red de amplificación” contra Sheinbaum; señala a periodistas y políticos

Ciudad de México, México, Avanzada (13/08/2026).- La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó ayer un análisis sobre una presunta red de amplificación digital que, de acuerdo con el Gobierno Federal, estaría integrada por medios de comunicación, periodistas, comentaristas, políticos y cuentas anónimas dedicadas a difundir y reforzar narrativas críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación.

Durante el programa Derecho de Réplica, la consejera jurídica Luisa María Alcalde expuso un monitoreo realizado durante siete meses, del 1 de enero al 8 de agosto, en el que, según explicó, fueron analizadas 98 cuentas “semilla” mediante cuatro consultas independientes.

De acuerdo con la presentación, la supuesta red estaría dividida en cuatro niveles.

El primero estaría conformado por 54 cuentas de medios, periodistas, comentaristas y analistas políticos, a quienes la Consejería atribuyó la generación y legitimación de mensajes mediante noticias, investigaciones y opiniones.

Entre los nombres mencionados durante la presentación aparecen Adela Micha, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Carlos Loret de Mola, Jorge Ramos, Denise Dresser, Chumel Torres, Ana Paula Ordorica, Héctor de Mauleón, Carmen Aristegui, Lourdes Mendoza, Pascal Beltrán del Río, Leo Zuckermann, Pedro Ferriz, León Krauze, Luis Cárdenas, Pablo Hiriart, Raymundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento, Víctor Trujillo “Brozo”, Paola Rojas, así como medios y plataformas como El Universal, ADN40, Azteca Noticias, Latinus, Reforma, Aristegui Noticias, Código Magenta y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre otros.

La segunda capa, según el análisis presentado, estaría integrada por 32 figuras públicas y emisores políticos, quienes retomarían y politizarían los mensajes generados por la primera capa.

En esta lista fueron mencionados, entre otros, Felipe Calderón, Alejandro Moreno, Javier Lozano, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Vicente Fox, Xóchitl Gálvez, Marko Cortés, Lili Téllez, Lorenzo Córdova, Claudio X. González, Ricardo Salinas Pliego, Jorge Romero, Santiago Taboada, Mauricio Tabe y Kenia López Rabadán.

Una tercera capa correspondería a 34 cuentas anónimas o de ataque, descritas por la Consejería como “trolls”, cuya función sería, de acuerdo con el análisis, reempaquetar, editorializar, exagerar y distribuir los mensajes.

Finalmente, la cuarta capa sería un supuesto “anillo de amplificación” compuesto por aproximadamente 560 mil cuentas automatizadas, a las que el Gobierno Federal atribuyó alrededor de 22 millones de publicaciones durante el período analizado.

Alcalde sostuvo que estas cuentas no corresponderían necesariamente a usuarios humanos que operan individualmente desde sus teléfonos, sino a sistemas automatizados programados para reproducir contenidos de manera masiva.

La funcionaria afirmó que el objetivo de presentar el análisis es mostrar cómo determinadas tendencias pueden adquirir una apariencia de conversación espontánea cuando, en realidad, podrían estar siendo impulsadas artificialmente.

Señalan cuatro principales narrativas

Según la presentación, la red identificada concentra buena parte de sus mensajes en cuatro temas: “narcogobierno” o “narcopartido”; “huachicol fiscal”; “régimen autoritario”, y narrativas relacionadas con presuntas presiones externas hacia México.

Alcalde aseguró que estas narrativas son retomadas por diferentes cuentas y posteriormente amplificadas mediante interacciones coordinadas.

Como ejemplo de este comportamiento, presentó el caso de una cuenta identificada como “Melisabeli”, a la que atribuyó una elevada interacción con el supuesto anillo de amplificación.

La funcionaria también mostró otras cuentas anónimas como “La Abuela García”, “José Díaz”, “Salem de Cap”, “Jorge Garciarosco” y “Don Metrayeta”, a las que atribuyó altos porcentajes de publicaciones dirigidas contra la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Hay una investigación sobre quién financia la red?

Durante la sesión de preguntas, el periodista Darío Rodríguez, de Contralínea, cuestionó si el Gobierno Federal investigará la ruta del dinero detrás de las presuntas cuentas automatizadas y si los recursos podrían provenir de partidos políticos.

Alcalde respondió que determinar el origen y destino de recursos relacionados con partidos corresponde a instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que financiar una operación destinada a desinformar no estaría permitido.

Sin embargo, la consejera no presentó durante el programa pruebas sobre quién estaría financiando la supuesta red ni atribuyó formalmente su operación a un partido político específico.

También señaló que el análisis presentado tiene como objetivo que la población conozca el funcionamiento de estos mecanismos y pueda identificar cuándo una tendencia digital podría estar siendo artificialmente amplificada.

También apunta contra la desinformación mediante inteligencia artificial

La consejera adelantó que la Consejería Jurídica podría realizar posteriormente análisis similares en otras plataformas, particularmente TikTok, donde dijo haber identificado contenidos manipulados mediante inteligencia artificial.

Alcalde sostuvo que uno de los riesgos actuales consiste en utilizar herramientas de inteligencia artificial para fabricar videos o declaraciones que hagan parecer que una persona dijo algo que en realidad nunca expresó.

“Puede ser que a mí no me guste lo que la persona dijo, puedo estar en desacuerdo con lo que la presidenta mencionó; eso es un tema válido. Pero mentir sobre lo que se dijo, pues es un tema que hay que sobre todo exhibir”, sostuvo.

La presentación ocurre en medio del debate nacional sobre la desinformación en redes sociales, el alcance de las campañas digitales y la responsabilidad de medios, plataformas y usuarios en la difusión de contenidos.

No obstante, el listado presentado por la Consejería Jurídica constituye la clasificación y valoración realizada por el Gobierno Federal y, por sí mismo, no acredita que los periodistas, medios o políticos señalados formen parte de una operación ilegal o reciban recursos para realizarla