Tribunal reconoce incumplimiento de la Sedena en la entrega de archivos de la “Guerra Sucia”

Un tribunal federal concedió un amparo a Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre desaparecida desde 1978, y planteó crear una comisión imparcial para garantizar la transferencia de archivos militares al AGN.

México, Avanzada (10/08/2026).— El Poder Judicial de la Federación reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha incumplido con su obligación de entregar y transparentar archivos relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la llamada “Guerra Sucia”, y abrió la puerta a la creación de una comisión imparcial que supervise su transferencia al Archivo General de la Nación (AGN).

La resolución fue emitida el pasado 6 de agosto por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 43/2025 promovido por Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre, del mismo nombre, desaparecida en 1978.

Por mayoría de dos votos, las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín concedieron el amparo y reconocieron que la Sedena no ha cumplido con las obligaciones establecidas en un acuerdo presidencial publicado en febrero de 2019, mediante el cual se ordenó transferir al AGN los archivos históricos relacionados con graves violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas ocurridas entre 1965 y 1990.

La resolución plantea además una medida para garantizar que la documentación militar sea efectivamente identificada, preservada, catalogada y transferida: la creación de una Comisión de Transferencia de Archivos de carácter imparcial, con participación de integrantes del Archivo General de la Nación.

La documentación de la Sedena adquirió especial relevancia durante los trabajos del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), que tuvo acceso a archivos militares y encontró documentos hasta entonces desconocidos que contenían información para esclarecer violaciones a derechos humanos y establecer líneas de búsqueda de personas desaparecidas.

Sin embargo, de acuerdo con lo documentado por el propio mecanismo en su informe de octubre de 2023, Las formas del silencio, posteriormente se obstaculizó el acceso a la información. El organismo señaló que cajas previamente identificadas fueron alteradas y ocultadas y que, finalmente, se negó el acceso a documentación considerada relevante.

Ante estos obstáculos, Alicia de los Ríos Merino, acompañada por ARTICLE 19 y el Centro Prodh, promovió en noviembre de 2023 un juicio de amparo para exigir el acceso a los archivos y garantizar su preservación.

El acuerdo presidencial de 2019 establece que las dependencias de la Administración Pública Federal deben transferir al AGN los archivos históricos relacionados con graves violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas, además de garantizar que la información sea de acceso público.

Pese a ello, los archivos militares correspondientes a ese periodo no han sido transferidos íntegramente al archivo nacional.

Durante la discusión del amparo, uno de los aspectos centrales fue establecer medidas concretas que permitan hacer efectivo el mandato de transferencia de los documentos.

Por ello, la mayoría del tribunal reconoció la necesidad de que la resolución contemple la creación de una comisión imparcial que, con participación del AGN, se encargue de identificar y transferir la documentación militar relacionada con la “Guerra Sucia”.

Las organizaciones que acompañaron a De los Ríos Merino consideraron que el fallo representa un avance para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y sus familias, aunque advirtieron que su importancia dependerá de que las autoridades cumplan efectivamente con lo ordenado.

También demandaron que la comisión sea integrada bajo criterios de transparencia, preserve la integridad de los documentos y garantice que los archivos sean entregados al AGN.

Para las familias de las personas desaparecidas durante la “Guerra Sucia”, los archivos militares representan una fuente potencial de información para conocer el paradero de sus seres queridos, reconstruir los hechos y determinar responsabilidades.

El cumplimiento de la resolución queda ahora como el siguiente desafío para el Estado mexicano, en un contexto en el que la apertura de los archivos militares ha sido una de las principales demandas de familiares de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.