Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Avanzada (22/07/2026).- La diputada local de Morena, María Isabel Rodríguez Jiménez, convocó a participar en una marcha el próximo 25 de julio en rechazo a la denominada “ideología de género”, al tiempo que reiteró su intención de impulsar un marco jurídico que, afirmó, establezca límites a esa agenda.
A través de un video difundido en redes sociales, la legisladora aseguró que realiza el llamado “como madre”, “como legisladora” y “como ciudadana”, al considerar que los padres deben decidir sobre la educación de sus hijos.
“Como legisladora interesada en construir un nuevo marco jurídico que ponga límites a esta agenda de la ideología de género, porque la autopercepción de unos no debe estar por encima de los derechos de los demás”, expresó.
Rodríguez Jiménez invitó a la ciudadanía a participar en la movilización de manera “ordenada y pacífica”, al señalar que se trata de una causa ciudadana “en defensa de nuestros valores, nuestra familia y principalmente proteger el interés superior de la niñez”. Asimismo, pidió a los asistentes portar una playera blanca como símbolo de paz.
La convocatoria ocurre en medio de la controversia generada por la postura que la legisladora asumió durante la discusión de iniciativas relacionadas con los derechos de la comunidad LGBT+ en el Congreso de Chiapas.
Previamente, Rodríguez Jiménez planteó que las reformas sobre derechos de la diversidad sexual fueran sometidas a consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía, postura que fue cuestionada por organizaciones civiles, especialistas en derecho y colectivos LGBT+.
Los críticos recordaron que el artículo 35 de la Constitución mexicana prohíbe someter a consulta popular asuntos relacionados con la restricción o vulneración de los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución y los tratados internacionales suscritos por México.
Además, colectivos de la diversidad sexual presentaron quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas, al considerar que las declaraciones de la legisladora promueven discursos discriminatorios hacia una población históricamente vulnerable.
La polémica mantiene abierto el debate entre sectores que respaldan la movilización convocada por la diputada y organizaciones que sostienen que los derechos humanos no pueden quedar sujetos a la decisión de las mayorías.