Piden declarar a López Obrador y Cuauhtémoc Blanco por caso Samir Flores

En el arranque del juicio oral contra el único detenido por el asesinato del activista morelense, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua denunciaron irregularidades en la investigación y exigieron que se indague a actores políticos de alto nivel.

Morelos, México, Avanzada (17/02/2026).- A siete años del homicidio de Samir Flores Soberanes, su nombre volvió a resonar este lunes frente a la sede del Poder Judicial de la Federación en Atlacholoaya. En ese lugar inició el juicio oral contra el único imputado por el crimen, mientras compañeros de lucha del comunicador comunitario acusaron que el proceso representa una “simulación de justicia” que deja intactas las posibles responsabilidades intelectuales.

Durante un mitin, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua leyeron un posicionamiento en el que cuestionaron el alcance de las indagatorias y exigieron que sean llamados a declarar el expresidente Andrés Manuel López Obrador; el exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco; el exdelegado federal Hugo Eric Flores; así como el alcalde de Temoac, Valentín Lavín, y la extesorera municipal Angelina N., señalada por los manifestantes por presuntos vínculos políticos en la región.

Entre consignas de “¡Samir vive, la lucha sigue!”, los asistentes sostuvieron que el juicio contra Javier N. —detenido en 2021— no responde a la pregunta central del caso: quién ordenó el asesinato. Samantha César, activista del movimiento, afirmó que el proceso judicial se construyó para cerrar el expediente sin profundizar en los posibles autores intelectuales. “A siete años del asesinato, inicia el montaje del único detenido como presunto autor material”, expresó durante la lectura del comunicado. Samir Flores Soberanes fue asesinado el 20 de febrero de 2019. Era uno de los principales opositores a la termoeléctrica instalada en Huexca, en el municipio de Yecapixtla, parte del denominado Proyecto Integral Morelos. Esta obra contempla un gasoducto que cruza Tlaxcala, Puebla y Morelos para abastecer una central termoeléctrica, además de un acueducto conectado al río Cuautla.

El proyecto fue promovido por la Comisión Federal de Electricidad en alianza con las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás, y comenzó a desarrollarse entre 2010 y 2011. Desde su anuncio, comunidades de la región denunciaron afectaciones ambientales y falta de consulta previa.

Para los integrantes del Frente, el asesinato del activista constituyó un ataque directo contra la resistencia comunitaria. En su posicionamiento, sostuvieron que la carpeta de investigación estuvo marcada por omisiones, retrasos y una narrativa oficial que, aseguran, orientó el caso hacia una línea de delincuencia organizada sin agotar otras hipótesis.

Los manifestantes responsabilizaron al entonces fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de conducir las indagatorias bajo una tesis que —afirmaron— se apoyó en pruebas irregulares y testimonios cuestionables. De acuerdo con el comunicado, varios testigos relevantes fallecieron o desaparecieron tras rendir declaración: uno murió semanas después en un accidente automovilístico y otro, que presuntamente escuchó la orden del crimen, continúa sin ser localizado.

También denunciaron presuntos vínculos del caso con el grupo delictivo conocido como “los Aparicio”, al que atribuyen influencia política en Temoac. Según su versión, dos personas señaladas como posibles autores materiales relacionados con esa organización fueron mencionadas en la carpeta: una fue asesinada y la otra permanece prófuga.

En contraste, subrayaron que el único detenido no pertenecería a ese grupo, lo que, desde su perspectiva, refuerza la hipótesis de que se intenta responsabilizar a un “chivo expiatorio”. El abogado del movimiento insistió en que existen inconsistencias en la integración del expediente y afirmó que uno de los testigos desaparecidos habría sido retenido por autoridades estatales antes de declarar.

A las puertas del juzgado, la exigencia fue directa: que el juicio no se limite a la responsabilidad material, sino que abra la discusión sobre las estructuras de poder que operaban en la región. “No basta con procesar a una persona; se debe esclarecer quién ordenó el crimen”, reclamaron.

Siete años después, el caso de Samir Flores vuelve a ocupar el centro del debate público en Morelos, con una comunidad que insiste en que la justicia no puede reducirse a una sola detención mientras persistan dudas sobre el trasfondo político y económico del homicidio.