Tesoro de E.U. sanciona a universidad por inscribir a hijo de narco mexicano

México, Avanzada (14/02/2026).- La Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció que la institución educativa y centro de alto rendimiento deportivo IMG Academy acordó pagar 1 millón 720 mil dólares para resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones a las sanciones antinarcóticos de E.U., relacionadas con transacciones realizadas con individuos sancionados por sus vínculos con un cártel mexicano.

De acuerdo con el comunicado oficial fechado el 12 de febrero de 2026, la academia —con sede en Bradenton, Florida— sostuvo durante cinco años consecutivos relaciones contractuales y financieras con dos personas designadas por OFAC como “Nacionales Especialmente Designados” (SDN, por sus siglas en inglés), debido a su apoyo financiero y de servicios a una organización mexicana de tráfico de drogas y/o a su líder principal.

Entre 2018 y 2022, IMG Academy firmó contratos anuales de inscripción —denominados Tuition Enrollment Agreements (TEA)— con ambos individuos sancionados, quienes inscribieron a sus hijos en programas de internado y entrenamiento deportivo de la institución.

En enero de 2018, el primer individuo sancionado inscribió a su hijo en uno de los programas residenciales de la academia. Durante cinco ciclos escolares consecutivos, el contrato fue renovado anualmente hasta la graduación del estudiante en la primavera de 2023. Las obligaciones de pago oscilaron entre 47 mil 26 dólares por medio semestre y 98 mil 867 dólares por un año académico completo.

Posteriormente, en julio de 2020, el segundo individuo sancionado inscribió a su hijo en un programa similar. En este caso, los contratos fueron renovados durante dos ciclos escolares, hasta que el alumno se retiró en junio de 2022. Los pagos anuales en este caso fluctuaron entre 100 mil 549 y 102 mil 235 dólares.

Cada acuerdo obligaba a los padres a cubrir de manera incondicional los costos de matrícula, alojamiento, cuotas adicionales y otros gastos derivados de la estancia de los estudiantes.

La OFAC detalló que los pagos se realizaron principalmente mediante transferencias electrónicas y cargos a tarjetas de crédito. Las transferencias provenían de terceros no designados, en su mayoría ubicados en México, hacia cuentas bancarias de la academia en instituciones financieras estadounidenses.

Además, cuando existían saldos positivos al cierre del ciclo escolar, estos eran aplicados automáticamente al siguiente contrato anual, lo que permitió mantener activa la relación financiera entre las partes.

Como resultado de esta conducta, entre 2019 y 2025 IMG Academy realizó 89 operaciones consideradas como aparentes violaciones a las Regulaciones de Sanciones de la Ley Kingpin contra Narcóticos Extranjeros (Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations). Estas incluyeron la firma de seis contratos (tres con cada individuo) y 83 transacciones destinadas a cubrir colegiaturas y gastos relacionados.

La OFAC determinó que la institución no realizó una auto-divulgación voluntaria de las posibles infracciones. Aunque informó a la autoridad una vez que tuvo conocimiento del caso, la agencia federal ya había iniciado una investigación.

No obstante, el organismo concluyó que las violaciones fueron “no graves” (non-egregious) y tomó en cuenta la cooperación sustancial de la academia, así como las medidas correctivas implementadas tras detectar las irregularidades.

Bajo las directrices federales de aplicación de sanciones económicas, la multa civil base aplicable ascendía precisamente a 1 millón 720 mil dólares, monto que finalmente fue acordado como liquidación definitiva.

En su resolución, la OFAC subrayó que este caso envía un mensaje claro a instituciones de distintos sectores —incluidas las académicas— sobre la necesidad de implementar controles eficaces y basados en riesgos para evitar que actores ilícitos obtengan beneficios dentro de Estados Unidos.

IMG Academy ofrece programas académicos y deportivos de alto nivel a estudiantes estadounidenses e internacionales, con oficinas o representantes de reclutamiento en México, China, Japón y Corea del Sur.

El caso pone de relieve la estricta aplicación de las sanciones financieras por parte del gobierno estadounidense y la vigilancia sobre flujos económicos que, aun cuando estén destinados a servicios educativos, involucren a personas vinculadas con organizaciones del narcotráfico internacional.