Voracidad y mala planeación degradan centros históricos: Griselda Martínez

Colima, México, Avanzada (17/02/2026).- La expresidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, afirmó que el deterioro de los centros históricos en Manzanillo, Colima y Tecomán no es un fenómeno aislado ni exclusivamente económico, sino el resultado de años de falta de planeación urbana, decisiones gubernamentales equivocadas y la prioridad otorgada al interés inmobiliario por encima del desarrollo humano.

Entrevistada sobre las bajas ventas que comerciantes reportan en estos municipios —los más poblados del estado—, Martínez sostuvo que el “colapso” de los centros tradicionales responde a un proceso estructural que se repite en múltiples ciudades del mundo cuando no existe una política de desarrollo urbano sostenible.

La exalcaldesa explicó que los centros históricos concentran tradicionalmente el poder político, religioso y comercial de una ciudad, además de mercados y comercio local. Sin embargo, cuando las ciudades crecen sin planeación y bajo la lógica del interés económico, ese ecosistema se rompe.

En el caso de Manzanillo, señaló, el crecimiento urbano ha estado determinado principalmente por la expansión del puerto y no por el derecho de la población a vivir y disfrutar la ciudad. Esto ha provocado la expansión hacia periferias muchas veces mal urbanizadas o incluso irregulares, con carencias de servicios básicos como drenaje, alumbrado, transporte y equipamiento urbano.

Como consecuencia, explicó, la población joven y económicamente activa se desplaza hacia esas zonas, mientras los centros históricos quedan habitados por población envejecida o con menor capacidad adquisitiva. La degradación de viviendas, la caída de rentas y el empobrecimiento progresivo del entorno impactan directamente en la economía local, afectando mercados y pequeños comercios.

Martínez fue enfática al señalar que el abandono urbano favorece la violencia. Cuando el gobierno deja de intervenir en infraestructura, mantenimiento y ordenamiento territorial, los espacios públicos se deterioran y se convierten en focos de conflictividad social.

“Para disminuir los índices de violencia no basta con policías o patrullas; hay que impactar urbanamente el territorio”, sostuvo.

Recordó que durante su administración impulsó proyectos de recuperación en zonas identificadas con alta incidencia delictiva, coordinándose con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el exsecretario de Seguridad Alfonso Durazo, con el objetivo de intervenir espacios considerados “mapas rojos”.

Entre las acciones mencionó rehabilitación de drenajes, alumbrado público, andadores, murales comunitarios, recuperación de áreas abandonadas y ordenamiento del comercio ambulante. Aseguró que estas medidas contribuyeron a reducir la presencia delictiva sin recurrir exclusivamente a operativos policiacos.

La exalcaldesa advirtió también sobre los riesgos de que la recuperación de centros históricos quede en manos exclusivas del capital privado. Citó como ejemplo el caso del empresario Carlos Slim en el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde —dijo— si bien se logró revitalizar la zona, también se generó desplazamiento de población de bajos recursos hacia las periferias.

A su juicio, cuando el rescate urbano eleva el valor del suelo sin mecanismos de protección social, se produce gentrificación: se transforma el espacio, pero se expulsa a quienes originalmente lo habitaban.

Uno de los ejes centrales de su planteamiento fue el concepto del “derecho a la ciudad”, entendido como la posibilidad de que los ciudadanos participen en la definición de cómo debe crecer y desarrollarse su entorno, garantizando acceso a vivienda, movilidad, cultura, educación y espacios públicos dignos.

Sostuvo que, aunque la legislación contempla mecanismos de consulta en los planes de ordenamiento territorial, en la práctica rara vez se realizan procesos amplios y efectivos de participación ciudadana.

Asimismo, consideró que en Manzanillo existe un problema adicional: la falta de sentido de pertenencia derivada de la alta población flotante vinculada a la actividad portuaria, lo que debilita el compromiso colectivo con el cuidado del espacio público.

Martínez fue crítica con las administraciones actuales, a las que calificó de incapaces de comprender el fondo del problema. Advirtió que, sin inversión sostenida en infraestructura urbana y sin una estrategia integral que combine participación ciudadana, ordenamiento territorial y recuperación del espacio público, la degradación de los centros históricos continuará.

“Primero debe existir ciudadanía para poder construir ciudad”, concluyó, al subrayar que sin ciudadanos conscientes y gobiernos dispuestos a escuchar, las ciudades seguirán siendo tratadas como mercancía y no como espacios de convivencia y bienestar colectivo.