Muere niño indígena sin intérprete en hospital de Chihuahua; CEDH abre investigación

Chihuahua, México, Avanzada (08/02/2026).– La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua inició una queja de oficio por el fallecimiento de un niño de la comunidad ódami en el Hospital Infantil de la capital, caso que ha generado profunda indignación por las barreras culturales y lingüísticas que enfrentó su familia durante la atención médica. 

El menor, identificado como Ángel Ramón, de cinco años de edad, murió el 4 de febrero de 2026 a causa de una grave infección cerebral, tras varios días de hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Su familia, originaria del Rancho Los Julianes en el municipio serrano de Guadalupe y Calvo, no habla español y enfrentó serias dificultades para comunicarse con el personal médico. 

Durante los días que Ángel estuvo internado, su madre, Micaela Baiza, no tuvo acceso a un intérprete en su lengua materna, lo que la dejó sin información clara sobre la evolución del estado de salud de su hijo y el diagnóstico de los médicos. Esta falta de comunicación expuso a la familia a la angustia y la desinformación, ya que los informes técnicos del personal de salud no le resultaban comprensibles. 

Según han relatado medios que entrevistaron a la madre en su propio idioma, fue un periodista que habla ódami quien, de manera involuntaria, actuó como puente comunicativo para transmitirle el pronóstico fatal que los especialistas le habían dado el 3 de febrero. 

La CEDH de Chihuahua, a través de su presidente interino, Alejandro Carrasco Talavera, confirmó que abrió la investigación de oficio al conocer los hechos y ante la presunta vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la salud, a la información, a la identidad cultural y a una atención adecuada sin barreras lingüísticas. 

El organismo autónomo señaló que la investigación busca determinar si hubo violaciones a los derechos humanos durante la estancia del niño en el hospital y si se omitió garantizar asistencia de intérpretes, un elemento que, por ley, debe ser garantizado en la atención a personas de pueblos originarios. 

Carrasco Talavera explicó que la queja es de oficio y se trabaja con respeto y dignidad, con la intención de que la madre pueda aportar su testimonio, preferentemente con apoyo de un intérprete que facilite la comunicación en su lengua. 

El caso de Ángel Ramón ha puesto en evidencia las carencias en protocolos de pertinencia cultural dentro del sistema de salud estatal, especialmente en la atención a comunidades indígenas que, desde regiones alejadas como la Sierra Tarahumara, acuden a la capital para recibir atención médica especializada. 

Organizaciones y defensores de derechos humanos han señalado que la falta de intérpretes certificados y de mecanismos de comunicación culturalmente pertinentes no solo afecta la comprensión de diagnósticos, sino que puede tener consecuencias fatales, como lamentablemente ocurrió en este caso.