Buscan contener vivienda cara y asentamientos irregulares en Coquimatlán

Colima, México, Avanzada (13/02/2026).- Ante el encarecimiento sostenido de la vivienda, la expansión de asentamientos irregulares y un crecimiento urbano desordenado, el Gobierno de Colima publicó el pasado 4 de febrero el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Coquimatlán (PDUCPC), un documento de 178 páginas que sustituye al instrumento vigente y que busca corregir omisiones acumuladas por más de una década.

El programa, aprobado en sesión de Cabildo el 22 de enero de 2026 y publicado en el Periódico Oficial del Estado, entró en vigor al día siguiente de su difusión, derogando la versión anterior. El nuevo plan plantea una actualización y ampliación del polígono urbano, con el objetivo de ordenar el crecimiento, integrar zonas ya urbanizadas y ofrecer suelo y vivienda a precios más accesibles, en un municipio donde el mercado formal se volvió inalcanzable para la mayoría.

De acuerdo con el diagnóstico oficial, entre 2015 y 2024 el área urbana de Coquimatlán creció a una tasa media anual de 2.8%, lo que implicó la urbanización de 131 hectáreas, principalmente hacia el norte, bajo un modelo de fraccionamientos de baja densidad, alejados de zonas con servicios consolidados. Este patrón, reconoce el documento, fue resultado de un instrumento de planeación desactualizado y poco flexible, incapaz de responder a la demanda habitacional y económica, expone el documento.

El efecto ha sido un mercado inmobiliario desfasado de la realidad salarial. En 2024, viviendas económicas de hasta 40 metros cuadrados se ofertaban en más de 389 mil pesos, mientras que las del segmento popular alcanzaban hasta 660 mil pesos. Las viviendas de tipo tradicional o medio superan incluso los 2.4 millones de pesos, pese a que 74% de la población percibe hasta dos salarios mínimos, es decir, no más de 12 mil pesos mensuales, insuficientes para acceder a créditos formales, señala el acuerdo.

La falta de opciones formales empujó a miles de familias al mercado informal del suelo, donde proliferaron asentamientos irregulares como Las Higueras, Camichines, Las Moras, La Loma, Cazumba 2, San Vicente, Lucio Cabañas y Jardines del Llano, zonas que concentran hacinamiento, viviendas con materiales precarios y carencias de servicios básicos, explica el documento publicado.

El propio programa admite que tanto los nuevos fraccionamientos como los asentamientos irregulares comparten un problema estructural: la escasa inversión pública. Coquimatlán carece de una subestación eléctrica que garantice estabilidad en el suministro; 19 localidades no cuentan con alumbrado público; persisten déficits en educación preescolar, y el municipio no dispone de una clínica de segundo nivel, obligando a la población a trasladarse a Colima o Villa de Álvarez.

A ello se suma la fragilidad financiera del municipio. En 2022, más del 50% de los ingresos provinieron de participaciones federales y otro 34% de aportaciones estatales y federales. En contraste, los impuestos y derechos locales apenas superaron el 6% cada uno. El cobro del predial, uno de los pocos rubros con margen de mejora, mostró un crecimiento marginal en el número de contribuyentes, pese a la expansión urbana registrada.

El documento también exhibe la falta de coordinación intermunicipal entre Coquimatlán, Colima y Villa de Álvarez para atender problemas comunes como movilidad, conurbación, gestión del agua y riesgos ambientales. Esta ausencia de visión metropolitana, advierte el programa, agrava los efectos del cambio climático y compromete la disponibilidad futura del recurso hídrico, cuyo balance proyectado para 2030 ya es negativo.

Como respuesta, el PDUCPC propone un modelo de crecimiento compacto, la promoción de usos de suelo mixtos, la regularización de asentamientos irregulares, el fortalecimiento del catastro y la creación de un Instituto Metropolitano de Planeación, con autonomía técnica y financiera, encargado de coordinar la planeación urbana en la zona metropolitana.

El plan plantea, además, acceder a recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, siempre que se destinen a proyectos alineados al programa, aunque el reto central no será el diseño, sino la capacidad real del municipio para ejecutar, recaudar y coordinar el proyecto aprobado.