Periodistas revelan red de extorsión y asesinato de 10 mineros en Sinaloa

Avanzada (13/02/2026).- Durante una entrevista con Carmen Aristegui, las periodistas María Idalia Gómez y Anabel Hernández revelaron información sobre la desaparición y presunta ejecución de 10 trabajadores mineros en el estado de Sinaloa, un caso que —advirtieron— podría implicar redes de extorsión criminal, omisiones de autoridades y posibles responsabilidades empresariales.

María Idalia Gómez sostuvo que no hubo “confusión” en la privación de la libertad de los trabajadores, pues, según sus fuentes, los grupos criminales que operan en la zona sabían perfectamente que se trataba de especialistas dedicados a tareas de exploración minera. Afirmó que el campamento donde laboraban estaba plenamente identificado y bajo control territorial de una célula vinculada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con su versión, la mina operaba bajo un esquema de pago mensual de 200 mil pesos para garantizar seguridad. Sin embargo, cuando presuntamente se intentó incrementar la cuota de extorsión hasta exigir la mitad de lo que se proyectaba explotar, los administradores se negaron y ofrecieron aumentar el pago a cerca de 300 mil pesos. En ese contexto de presiones y amenazas se habría producido el secuestro de los 10 trabajadores, por quienes —aseguró— se exigieron 10 millones de pesos por cada uno a cambio de su liberación.

La periodista también reveló que en la zona se han localizado múltiples fosas clandestinas distribuidas en al menos cuatro polígonos, donde podrían encontrarse más de un centenar de cuerpos. Entre ellos, indicó, habría al menos cinco personas con nacionalidad estadounidense o doble nacionalidad, lo que ya habría generado solicitudes de información por parte de autoridades de Estados Unidos.

Por su parte, Anabel Hernández cuestionó la narrativa oficial y señaló inconsistencias en torno al lugar y las circunstancias del plagio. Según testimonios recabados por ella, los hechos no habrían ocurrido en una zona serrana aislada, sino en el fraccionamiento La Clementina, en la cabecera municipal de Concordia, a escasas tres cuadras del Palacio Municipal y alrededor de las siete de la mañana del 23 de enero.

La periodista subrayó que en esa región existían destacamentos militares instalados desde finales de 2024 debido a enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. En ese contexto, cuestionó por qué ninguna autoridad intervino de inmediato pese a que, según la reconstrucción de los hechos, al menos tres vehículos participaron en la privación de la libertad en plena zona urbana.

Hernández planteó la hipótesis de que detrás del ataque podría estar un grupo criminal con operaciones en Durango y otras entidades, vinculado a extorsiones sistemáticas contra empresas mineras. Asimismo, afirmó que, según información recabada en servicios forenses, al menos cinco de los mineros ya habrían sido identificados y presentarían impactos de arma de fuego, lo que sugeriría un posible fusilamiento a corta distancia. Denunció además que a los familiares no se les habrían entregado las autopsias completas, pese a que en las actas de defunción se establece como causa de muerte disparos de arma de fuego.

La periodista también señaló que la empresa minera involucrada, de origen canadiense y cotizante en bolsas internacionales, tendría la obligación de transparentar si realizó o no pagos indebidos, particularmente luego de que en un informe previo reconociera extracción ilegal de minerales en su propiedad, aunque negara producción formal.

Ambas comunicadoras coincidieron en que el caso exige claridad absoluta por parte del gobierno federal y estatal, así como de la empresa minera, ante la gravedad de los hallazgos y el impacto nacional e internacional del caso. Mientras tanto, la versión inicial de que los trabajadores habrían sido “confundidos” fue considerada por las periodistas y por familiares de las víctimas como poco verosímil frente a la información que ha comenzado a surgir.

El caso, aún en desarrollo, se perfila como uno de los episodios más delicados en materia de seguridad, crimen organizado y responsabilidad institucional en lo que va del año.