La herencia de AMLO para Colima

Malas Compañías

Autor: Mario Alberto Solís Espinosa.

La política social instrumentada por Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio, así como las decisiones en torno al incremento del salario mínimo tuvieron un profundo impacto en todo el país y por añadidura en Colima, donde más de 100 mil personas salieron de la pobreza en los últimos seis años.

A pesar de los negligentes gobiernos locales que administran el poder desde 2018 y la deriva en la gobernanza de Colima, el alcance y la profundidad de los programas asistenciales lopezobradoristas alcanzó para transformar el panorama de la pobreza y la marginación en la entidad.

La pensión para los adultos mayores, la beca otorgada a estudiantes de bachillerato y el aumento al salario mínimo demostraron su efectividad y derribaron los mitos que inocularon los gobiernos priistas y panistas durante décadas. Quedó de manifiesto el fracaso del neoliberalismo y del conservadurismo que aspira a mantener privilegios.

Los datos que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son contundentes, durante la administración de López Obrador salieron de la pobreza 111 mil colimenses. En 2018 se encontraban en esa condición 219 mil 800 personas, mientras que para 2024 la cifra se redujo a 108 mil 800.

Si se quiere, la relevancia de ese logro puede medirse en términos electorales. La cifra de personas que salió de la pobreza sería suficiente para ganar la próxima elección por la gubernatura de Colima, en caso de que todos ellos acordaran respaldar al partido que consideran incidió en su bienestar.

Esto quiere decir que no obstante el pésimo e ineficiente gobierno de Morena en Colima, sus candidatos seguramente ganarán los próximos comicios debido los resultados obtenidos en materia de combate a la pobreza por Andrés Manuel López Obrador, quien seguirá, desde su retiro, definiendo el escenario político de todo el país.

El INEGI detalla que hace seis años se encontraban en pobreza moderada 205 mil 900 personas, mientras que para 2024 tal cifra se ubicó en 101 mil 900, es decir que salieron de esa condición 104 mil colimenses. Mientras que en el rubro de pobreza extrema, las estadísticas señalan que se redujeron de 13 mil 900 personas en 2018, a 6 mil 900 que todavía estaban en esa situación el año pasado.

Los números reflejan un incontestable éxito. Nadie podrá escamotear las dimensiones de esta nueva realidad en materia de pobreza, aunque sí es factible cuestionar la manera en que muchos personajes ya comienzan a adjudicarse los resultados, cuando en realidad se lograron a pesar de ellos.

No todo es positivo, también debe señalarse que de acuerdo con la medición del INEGI, la población vulnerable por carencias sociales en Colima pasó de 235 mil personas en 2018 a 262 mil 600 en 2024, es decir que este indicador creció en 27 mil 600 personas durante el periodo comparado.

Dicho aumento tendría que preocupar al gobierno federal y a los gobernantes en la entidad, pues responde en gran medida al retroceso en el acceso a los servicios de salud. Cada vez hay más personas que pierden esta garantía fundamental al momento de evaluar la calidad de vida.

En 2018 eran 78 mil 300 las personas que no tenían acceso a los servicios de salud en el estado; para 2024 esa cifra aumentó a 174 mil 500 personas, lo que implica que durante ese sexenio creció un 122 por ciento la población que no cuenta con uno de los derechos básicos del ser humano.

Si en la reducción de la pobreza el gobierno de Colima tiene escaso mérito, sí tiene mucha culpa en el colapso de los servicios de salud, pues las autoridades locales se han negado a invertir recursos para solventar la crisis de un sector que evidentemente fue sacrificado por la Federación.

Con escaso tino, el gobierno colimense ha pretendido replicar programas asistenciales que antes que impactar en la calidad de vida de la población, generan enormes boquetes al presupuesto estatal. Los resultados son evidentes, entre otras cosas, con el deterioro de la infraestructura sanitaria.

Es cierto que se redujo la pobreza en Colima de manera considerable, pero todavía hay 109 mil 300 personas en situación de rezago educativo; 270 mil 600 colimenses sin acceso a la seguridad social (no tienen derecho a una jubilación ni a una vivienda); 73 mil no pueden aspirar a una alimentación nutritiva y para otros 38 mil 600 es imposible aspirar a contar con servicios básicos en su vivienda.

De acuerdo con el INEGI, el estado de Colima es una de las entidades con una mayor brecha de desigualdad salarial. El promedio del ingreso mensual per cápita es de 9 mil 598 pesos mensuales, es decir que un colimense debe satisfacer todas sus necesidades con menos de 5 mil pesos quincenales, eso mientras que un diputado local gana 100 mil pesos al mes y un secretario de estado casi 60 mil; esas son aberraciones que el régimen lopezobradorista no pudo erradicar.

Son enormes los contrastes que evidencian los números del INEGI. Hay esperanzadores avances pero también graves retrocesos que pauperizan la calidad de vida de los más desfavorecidos y nos confirman que para lograr la reducción de la pobreza, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decidió sacrificar rubros fundamentales como la salud, la seguridad y la educación. Si fue lo correcto tendrá que determinarlo ese mismo pueblo al que el tabasqueño siempre aludió.

BREVE HISTORIA PARA CAMILA. La princesa regresó. Solo diré que la vida tiene color de nuevo y vale la pena.