Redimensionar la migración humana: clave para construir políticas más justas y eficaces

En medio de políticas más restrictivas y discursos que criminalizan la movilidad humana, especialistas advierten que la migración es un fenómeno complejo que sostiene economías, redefine territorios y expone profundas deudas en materia de derechos humanos.

Ciudad de México, Avanzada (04/04/2026).- La migración se ha consolidado como uno de los procesos sociales más determinantes del siglo XXI, marcado por el endurecimiento de políticas en países de destino como Estados Unidos y por un discurso público que, en muchos casos, ha derivado en prácticas de exclusión, violencia y vulneración de derechos fundamentales.

De acuerdo con el antropólogo Guillermo Castillo, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, el fenómeno migratorio no puede entenderse desde una sola dimensión. Se trata, explica, de un proceso que implica cambios de residencia tanto al interior de un país como a través de fronteras internacionales, y que responde a múltiples factores estructurales.

Antes de la pandemia, la Organización Internacional para las Migraciones estimaba la existencia de alrededor de 280 millones de migrantes internacionales en el mundo, en su mayoría provenientes de países con economías medias o bajas que buscan mejores condiciones de vida en regiones con mayores ingresos. Sin embargo, también existen flujos importantes entre naciones con economías similares, como ocurre con haitianos en Brasil, venezolanos en Colombia o centroamericanos en México.

Las razones que impulsan la migración son diversas, aunque predominan las de carácter económico. La falta de empleo, los bajos salarios y la búsqueda de mejores oportunidades laborales son factores centrales. En el caso de México, la brecha salarial con Estados Unidos puede ser determinante, ya que los ingresos en ese país pueden multiplicar hasta por diez los obtenidos en territorio nacional. A ello se suman motivos como la violencia, la inseguridad, problemas de salud o incluso los efectos del cambio climático.

Castillo subraya la importancia de utilizar términos adecuados en el debate público. Mientras que “migrante” describe a quien cambia de residencia, el concepto de “migrante internacional indocumentado” se refiere a quienes no cuentan con autorización legal en el país de destino. En contraste, el uso del término “ilegal” resulta peyorativo y contribuye a la estigmatización, al asociar erróneamente la falta de documentos con la criminalidad.

Este tipo de narrativas ha sido impulsado desde el ámbito político, particularmente por figuras como Donald Trump, quien ha vinculado la migración con problemáticas como el desempleo o la inseguridad, pese a la ausencia de evidencia que respalde dichas afirmaciones.

Lejos de representar una carga, los migrantes desempeñan un papel clave en la economía estadounidense. Su participación permite reducir costos de producción, sostener sectores con escasez de mano de obra —como la agricultura, la construcción o los servicios— y dinamizar el consumo interno. Durante la pandemia, su labor fue fundamental para mantener en funcionamiento actividades esenciales.

Además, su impacto se extiende a los países de origen a través de las remesas. En México, estos envíos han alcanzado niveles que en algunos años superan ingresos por petróleo, turismo o inversión extranjera, convirtiéndose en un sustento vital para miles de familias y comunidades.

No obstante, el contexto actual plantea importantes desafíos. El retorno de Donald Trump a la presidencia ha reavivado políticas migratorias restrictivas y discursos que fomentan la discriminación. En este escenario, los migrantes suelen ser utilizados como chivos expiatorios para justificar agendas políticas, alimentando el racismo y la xenofobia.

En México, si bien existen marcos legales que reconocen derechos fundamentales para las personas migrantes —como acceso a salud, educación y protección—, su aplicación sigue siendo limitada, especialmente para quienes se encuentran en tránsito. Organizaciones civiles y religiosas han asumido un papel crucial al ofrecer asistencia humanitaria y asesoría legal, aunque su labor suele ser poco visible.

La deportación forzada es otro de los aspectos más críticos. Más allá de su carácter administrativo, con frecuencia implica procesos violentos que generan desarraigo, ruptura familiar y dificultades para la reintegración social y laboral. Muchas personas deportadas regresan a un entorno que ya no reconocen, tras años de haber construido su vida en otro país.

Desde la perspectiva geográfica, la migración debe analizarse como un fenómeno territorial y multiescalar que involucra a países de origen, tránsito y destino, así como a diversos actores sociales. Para Castillo, comprender este proceso exige rigor académico, evitar la desinformación y abandonar visiones reduccionistas que ignoran su complejidad.

En ese sentido, advierte que es indispensable cuestionar las narrativas que distorsionan la realidad migratoria con fines políticos. Más que un problema, la migración representa una estrategia de supervivencia y una fuerza que transforma economías y sociedades. Reconocer su dimensión humana y sus aportes concretos, concluye, es clave para construir políticas más justas y eficaces.