México, Avanzada (20/07/2025).- Representantes de organizaciones de la sociedad civil de Brasil, Colombia, Ecuador y México denunciaron la creciente influencia de las corporaciones de la industria alimentaria en las políticas públicas de salud y nutrición en América Latina, durante el foro “Interferencia de la industria alimentaria en las políticas públicas de América Latina: Desentrañando la influencia corporativa en las políticas alimentarias”.
Durante el encuentro, se documentaron múltiples estrategias utilizadas por las empresas de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas para frenar regulaciones y mantener sus intereses económicos, a pesar de los impactos negativos que sus productos generan en la salud pública y el medio ambiente. Las acciones incluyen cabildeo, financiamiento político y científico, presión mediática, intimidación a activistas, amparos judiciales, e incluso creación de grupos fachada.
Ana María Maya, del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC), explicó que en Brasil, aunque se han aprobado leyes a favor de una alimentación saludable, la industria ha intensificado su presión en congresos estatales y municipales para obstaculizar su implementación: “Existe un monitoreo estricto en el Congreso Nacional de Brasil donde el lobbying es intenso, con entrega de materiales y presión directa sobre los legisladores”, detalló.
Desde Colombia, Alejandra Niño, de FIAN, alertó sobre una “captura corporativa” del sistema alimentario, donde grandes actores económicos y políticos moldean tanto la legislación como las percepciones culturales sobre lo que es aceptable o saludable comer: “No se limita a los niveles altos del Estado. Esta captura se expresa en lo cotidiano, en lo que se legisla, y en lo que se calla”, dijo.
Julio Villalba, del Observatorio de Salud, Nutrición y Seguridad Alimentaria de Ecuador, denunció que las empresas recurren a la filantropía simulada para limpiar su imagen pública y evadir impuestos, mientras acumulan poder económico y político que desequilibra el rol del Estado.
Por su parte, Christian Torres, de El Poder del Consumidor en México, reveló que las corporaciones de alimentos ultraprocesados han ejercido presión judicial y mediática, y hasta espionaje, para intimidar a las organizaciones sociales que denuncian los daños de estos productos. “Han usado sistemáticamente estrategias de desprestigio y amenazas legales para frenar avances en salud pública”, sostuvo.
Ante este panorama, las organizaciones participantes hicieron un llamado urgente a los gobiernos de la región para frenar la interferencia empresarial en las decisiones públicas y priorizar el derecho a la salud y la alimentación adecuada por encima de los intereses privados.