México, Avanzada (11/06/2025).- La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado la presión sobre el gobierno de México para que investigue, procese y extradite a políticos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado, informó la agencia Reuters en un reportaje firmado por Diego Oré.
De acuerdo con fuentes consultadas por Reuters, el secretario de Estado Marco Rubio y su equipo han planteado esta exigencia al menos en tres reuniones bilaterales con funcionarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las conversaciones, hasta ahora no reportadas públicamente, incluyen amenazas de imponer nuevos aranceles si México no actúa contra la corrupción vinculada al narcotráfico.
Las presiones se centran en que la Fiscalía General de la República investigue a funcionarios en activo, incluidos miembros del partido Morena, como parte de una ofensiva sin precedentes contra lo que Washington denomina “narco corrupción”. Según dos fuentes, al menos cinco actuales funcionarios de Morena y una exsenadora fueron mencionados en las discusiones, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien recientemente reveló que el gobierno de E.U. revocó su visa y la de su esposo.
El primer planteamiento formal se realizó en Washington el 27 de febrero, durante una reunión encabezada por Rubio y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. También participaron la fiscal general estadounidense Pam Bondi y representantes de los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Tesoro, así como el fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Pese a la gravedad de las implicaciones, ni la Presidencia mexicana ni las secretarías de Relaciones Exteriores, Seguridad o la Fiscalía han emitido comentarios. Lo mismo ocurrió con las autoridades estadounidenses contactadas por Reuters.
A raíz de las presiones, México extraditó a 29 presuntos integrantes del crimen organizado a finales de febrero, en la mayor entrega en años. Según fuentes citadas por Reuters, también se discutió la posibilidad de acelerar la captura y deportación de objetivos prioritarios para la DEA y el FBI.
Además, Washington propuso designar a un “zar del fentanilo” que supervise directamente los avances en la lucha contra los opioides y colabore con la presidenta Sheinbaum. Otra de las exigencias es aumentar las revisiones en la frontera para frenar el tráfico de drogas hacia E.U.
Aunque la Fiscalía mexicana es constitucionalmente autónoma, Estados Unidos ha acusado reiteradamente a México de encubrir a políticos con presuntos lazos con los cárteles. La posibilidad de procesar a funcionarios en funciones representa una línea roja para el sistema político mexicano, donde gozan de fuero y sólo pueden ser juzgados por delitos graves previa aprobación del Congreso.
Este nuevo capítulo de tensiones recuerda el arresto en 2020 del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, hecho que provocó una crisis diplomática. Tras la presión del gobierno mexicano, E.U. retiró los cargos y lo repatrió; hasta la fecha, Cienfuegos no ha enfrentado proceso penal en México.
c: La administración Trump amenaza con aranceles si el gobierno de Sheinbaum no actúa contra políticos ligados al narco, según revela Reuters.