Falta de voluntad política del gobierno afecta la transparencia en Colima

Colima, México, Avanzada (24/10/2019).- A más de quince años de la conformación del marco jurídico en materia de transparencia— que con el paso del tiempo ha ido mejorando con la intención de simplificar los procesos y ampliar derechos de la población—, el principal obstáculo para su cumplimiento ha sido la falta de voluntad política de una parte de los servidores públicos, que por la naturaleza de su trabajo tienen bajo su resguardo la información que busca el ciudadano.

Hay casos en los que los servidores públicos responden que la información es inexistente, y ante ello cómo puede asegurarse el ciudadano de que no le están mintiendo. Y si verdaderamente no existe la información, a veces se debe a que algunos funcionarios no dejan registro documental de ciertas actuaciones, precisamente con la finalidad de no verse obligados a rendir cuentas ante los ciudadanos.

Otras ocasiones, hay servidores públicos que alargan lo más posible los plazos de respuesta y al final niegan la información apostándole a que el ciudadano se canse y no interponga los recursos que corresponden.

La falta de voluntad política se advierte también desde el momento en el que los sujetos obligados de la ley no cumplen a cabalidad con las disposiciones de poner al alcance del ciudadano “de oficio” determinada información o cuando ésta se oculta o se coloca mediante mecanismos de difícil acceso en los espacios digitales oficiales.

Entre los principales obstáculos para acceder a la información de oficio se han detectado en algunos casos la difícil visibilidad de los botones de acceso, la extrema lentitud en el aspecto técnico, ausencia de actualización de la información, carencia de sistemas de búsqueda ágiles, superficialidad de los datos disponibles o de plano ausencia de éstos.

Cuando se generan estas situaciones, se atenta contra el principio de máxima publicidad de la información establecido en las leyes.

A más de 15 años de la aparición de las leyes y órganos garantes en el país y en Colima, es evidente que se han producido muchas modificaciones legislativas y cambios en las estructuras institucionales.

Ello es natural si se le ve desde una perspectiva de actualización y perfeccionamiento. Sin embargo, también hay que estar conscientes de que cada cambio a la ley ha llevado consigo la intención de simplificar procesos y sortear los obstáculos o las tretas a las que suelen recurrir los sujetos obligados para tratar de evadir la entrega de la información. 

En realidad, si desde un principio hubiera voluntad política de transparencia de la información por parte de los sujetos obligados, no se harían necesarias tantas modificaciones y refuerzos a las leyes.

Aunque al hablar del acceso a la información pública nos estamos refiriendo a un derecho que puede ser reclamado por cualquier miembro de la sociedad, es lógico que por la naturaleza de nuestro trabajo lo deseable es que los periodistas nos convirtamos en usuarios permanentes de las leyes de transparencia, que pueden ser aliadas fundamentales de nuestra actividad.

Uno de los beneficios para el periodismo de contar con leyes de transparencia es la posibilidad de obtener mayor certeza de confiabilidad de la información documental relativa al funcionamiento del Estado en sus diferentes áreas, pues hasta antes de esto el periodista que necesitaba datos documentales precisos sólo tenía el camino de la filtración.

Voy a contar una anécdota personal que considero muy ilustrativa de la trascendencia de la llegada posterior de las leyes de transparencia. Recuerdo que en 1996 trabajaba como reportero de Ecos de la Costa, medio para el que cubría el Congreso del Estado. Una ocasión se me ocurrió hacer una nota sobre los sueldos de los diputados locales, por lo que, grabadora en mano, fui a preguntarles a los legisladores el monto de sus percepciones económicas.

El primer diputado a quien le pregunté era el coordinador general del Congreso, quien al escuchar la pregunta me miró con una expresión que yo interpreté como un “qué te importa, eso es asunto personal” y obviamente recurrió a malabarismos verbales para eludir el cuestionamiento. Así, recorrí varios cubículos en los que encontré sólo evasivas. Una diputada de oposición me preguntó si sus compañeros me habían informado su sueldo. Al decirle que no, también se negó argumentando que sería una falta de ética revelarlo ella cuando los demás diputados no lo habían hecho. Otro legislador dijo que no lo informaba porque la cantidad podría resultar ofensiva y lastimar la sensibilidad de la población. Al final, sólo dos legisladores aceptaron decir el monto de su sueldo con la condición de permanecer en el anonimato.

En 1997 llegó la 52 legislatura, en la que había un empate entre los diputados priistas y los de oposición. Fue cuando por vez primera se revelaron los sueldos de los legisladores y se descubrió que en la legislatura anterior los diputados del tricolor tenían ingresos superiores a los de la oposición.

Recuerdo que luego de la entrada en vigor en Colima de la primera ley de transparencia, en 2004, solicité al gobierno estatal copias de las facturas de los gastos de publicidad oficial realizados por la dirección de Comunicación Social en el sexenio del gobernador Fernando Moreno Peña.

Sin embargo, la respuesta fue que no existía esa documentación. Recurrí al naciente organismo previo al Infocol y aunque éste ordenó al sujeto obligado realizar otra búsqueda exhaustiva la respuesta fue la misma, pues fue imposible encontrar la documentación, de la que no quedó huella.

Posteriormente, debo reconocer que la intervención de este instituto hizo posible que algunos sujetos obligados entregaran información que inicialmente me habían negado. Lo anterior hizo posible la publicación de algunos reportajes de diversas temáticas.

Antes de concluir, voy a contar un caso más reciente, también relacionado con el tema de la publicidad oficial.

A pesar de que la fracción XXIII del Artículo 29 de la actual Ley de Transparencia de Colima dispone que todos los sujetos obligados deben publicar de oficio la información sobre la asignación del gasto en publicidad oficial, en 2017 el Poder Ejecutivo no había cumplido con esta disposición, por lo que decidí solicitar la intervención del Infocol para corregir esta situación.

Si bien se logró que el sujeto obligado pusiera la información señalada al alcance del público, con lo que podría decirse que cumplió con la obligación legal, considero que no lo hizo con el mejor ánimo de que la población tenga un acceso fácil a esa información, pues se limitó a divulgar las facturas del gasto, sin clasificar ni resumir u organizar con claridad y sencillez las sumas de los montos correspondientes.

En esas circunstancias, el ciudadano que pretende saber, por ejemplo, cuántos recursos utilizó el gobierno estatal para contratar publicidad con cada medio de comunicación durante un año, tiene que invertir varias horas abriendo archivos PDF, revisando documentos y realizando sumas para llegar a la información.

En los dos últimos trimestres, dentro de este mismo rubro, el Poder Ejecutivo difundió también los textos de los contratos publicitarios por cada periodo, pero también lo hace de una manera desordenada y los nombres de los archivos se encuentran identificados sólo por el número, sin hacer alusión al medio de comunicación que corresponde, por lo que para buscar la información de un medio determinado se requiere bucear al azar entre casi medio centenar de archivos PDF por cada trimestre.

Esta situación me hace recordar una entrevista realizada hace más de dos años al presidente del Consejo Consultivo del Infocol, Benjamín Luna Alatorre, quien me dijo en esa ocasión que si se toman en cuenta los parámetros internacionales, tres clics deberían ser suficientes para que el ciudadano consiga la información de su interés, pero conforme aumentan los pasos para lograrlo es el grado en que se encuentra oculta, y en el caso de Colima es necesario dar hasta nueve o diez clics.

Expuso: “El dar mucha información generalizada, sin especificarla, es como una pretensión de simular y querer ocultar la información, y eso no es posible, porque ésta debe ser clara, concreta y accesible”.

Considero que sería labor del Infocol revisar este tipo de casos. No se trata únicamente de que el sujeto obligado ofrezca la información que debe difundir de oficio, sino también que lo haga de una manera clara, sencilla y accesible para toda la población.

Otro aspecto que a mi juicio hace falta en Colima es el impulso entre los sujetos obligados de la llamada transparencia focalizada o proactiva, cuya práctica sería de gran utilidad para determinados sectores de la población.

Insisto en que en que tal vez el país y Colima ya hicieron buena parte de lo que tenían que hacer en materia de leyes de transparencia. El reto más urgente ahora es que la sociedad haga uso de estas herramientas y que los servidores públicos, además de cumplir la legislación, actúen con voluntad política.

Sólo esto hará posible que en el futuro se instaure una cultura de la transparencia en el país, en la que los servidores públicos, por sí mismos, se muestren dispuestos a ser observados y revisados por una ciudadanía más consciente de sus derechos y responsabilidades.

 ** Fragmento del texto presentado en el foro “15 años de la transparencia en Colima: Avances y Perspectivas”, con motivo del 15º aniversario de la fundación del Infocol, realizado en el auditorio Carlos Salazar Silva de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.