La captura del Tribunal Electoral del Estado 

Estricto Derecho

La razón de ser de un organismo constitucional autónomo era servir de contrapeso a los poderes públicos. Sin embargo, desde antes de iniciar el sexenio, el gobierno morenista ya tenía bajo control la Fiscalía General del Estado, donde se nombró a un incondicional de la gobernadora; a finales de 2024, otros soldados leales del régimen fueron designados en la Comisión de Derechos Humanos y en el OSAFIG; este mes, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón cayeron bajo la órbita del oficialismo, que ya los tiene a su servicio. El próximo es el ahora denominado Tribunal Superior de Justicia, cuya renovación está en marcha, pero antes van por el Tribunal Electoral del Estado, un tribunal que desde hace tiempo ha dejado claro que prefiere obedecer las directrices del gobierno, pero que ahora buscan someterlo de una forma más evidente.

¿Quién designa las magistraturas del tribunal electoral? Curiosamente, a diferencia de lo que se argumentó con la reforma judicial, no será el pueblo bueno y sabio quien elija, con su voto, a quienes integran los tribunales electorales locales, ya que esa facultad sigue siendo del Senado de la República.

No obstante, el Senado omitió hacer estas designaciones durante aproximadamente 4 años, porque el oficialismo no tenía los votos necesarios, ya que requieren mayoría calificada de dos tercios, por lo que todo ese tiempo se siguieran generando vacantes en los tribunales electorales de las 32 entidades federativas, al grado de que ninguno funciona completo actualmente.

En el caso de Colima, la legislación electoral disponía que el tribunal electoral local se conformaba por 5 magistraturas: 3 numerarias (Ana Carmen González Pimentel, quien lo presidía, María Elena Díaz Rivera y José Luis Puente Anguiano) y 2 supernumerarias (Ángel Durán Pérez y Yedit Prado Rebolledo).

Empero, en septiembre de 2021, González Pimentel renunció a su cargo y Díaz Rivera asumió como nueva presidenta. El problema fue decidir cuál magistratura supernumeraria sustituiría el espacio vacante, por el vínculo de Prado Rebolledo con Puente Anguiano, actual presidente; por lo que ella terminó renunciando a su magistratura supernumeraria en octubre de 2022.

En julio de 2023, el tribunal dio por concluido el nombramiento como magistrado supernumerario de DuránPérez, por haber transcurrido su periodo de 7 años. Recientemente, en diciembre de 2024, una peculiar integración del tribunal sesionó para dar por concluido el nombramiento de Díaz Rivera. Adicionalmente, el Congreso local reformó la legislación electoral para desaparecer las magistraturas supernumerarias. En la actualidad, de las 5 magistraturas que había, solo queda Puente Anguiano, quien habilita como magistrados en funciones a dos colaboradores suyos para que sesione el tribunal.

Evidentemente, esto no es correcto. En febrero de este año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le llamó la atención al Senado, señalándole que su reiterada omisión en hacer estos nombramientos pone en riesgo el proceso electoral en curso.

Por esta razón, el pasado 5 de marzo, el Senado emitió una convocatoria para renovar un paquete de 56 magistraturas electorales, correspondientes a todos los tribunales electorales del país (2 son del tribunal de Colima), que no había nombrado oportunamente por razones exclusivamente políticas. Como el oficialismo ya tiene mayoría calificada, ahora sí cumplirá su obligación constitucional, mediante un procedimiento sumarísimo: quienes aspiran a alguno de estos espacios, tuvieron los días 12 y 13 de este mes para registrarse; se revisó si cumplían los requisitos para desempeñar el cargo del 14 al 18 de marzo; y a partir del día 19, circuló en medios la lista de las 1020 personas (de las cuales 19 participan para el tribunal colimense) que habían pasado el primer filtro, quienes ahora comparecerán ante la Comisión de Justicia, del 24 al 31 de marzo, de manera remota.

Según los tiempos que señala la convocatoria, ya con ajustes que le hicieron, a más tardar el 4 de abril estará listo el dictamen con las propuestas finales, por lo que, eventualmente, en la primera quincena de abril, los tribunales electorales locales estrenarán magistraturas.

¿Quiénes son las 19 personas que aspiran a estas dos magistraturas vacantes en el tribunal electoral local? La primera es Roberta Munguía Huerta, quien actualmente es la Secretaria General de Acuerdos en funciones del tribunal electoral. Aparece también Ayizde Anguiano, quien destaca por su versatilidad, ya que la designaron Comisionada en INFOCOL, acaba de ser nombrada magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, y ahora quiere una magistratura electoral, todo en un año; ojalá se pongan de acuerdo para dejarla en un lugar y no traerla como barajita intercambiable. Otro aspirante es Elías Sánchez Aguayo, quien formalmente es el Secretario General de Acuerdos del tribunal, pero últimamente ha estado desempeñándose como magistrado en funciones.

Inexplicablemente, el siguiente en la lista es José Luis Puente Anguiano, magistrado numerario hasta octubre de 2026, quien pretende un nuevo nombramiento por 7 añosmás, aunque debió renunciar primero a su actual magistratura. También se apuntó Ana Carmen González Pimentel, quien ya fue magistrada y presidenta del tribunal, pero quiere volver por sus fueros. Ojalá el Senado decida no reciclar a los mismos de siempre.

Está participando también Arlen Alejandra Martínez Fuentes, quien fue Consejera en el Instituto Electoral yconoce la materia. Luego está Héctor González Licea, que labora en el INE, también con experiencia electoral. Óscar Omar Espinoza, quien es Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, también con un perfil destacado. Aparece enseguida Guillermo Navarrete Zamora, a quien le aplica lo dicho respecto de Ayizde, que no puede estar quieto en un lugar: primero estuvo pidiendo que lo hicieran Director General de Gobierno; luego dio lata para que la gobernadora lo nombrará magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa, y ahora recordó que puede prestarle mejores servicios al gobierno en el tribunal electoral, donde ya fue magistrado también. ¿Por qué no dan oportunidad a caras nuevas?

Continuamos con José Luis Fonseca Evangelista, quien fue consejero electoral en su momento, igual que Salvador Ochoa Romero. Luego viene Ángel Durán Pérez, quien ya fue magistrado electoral también, tanto numerario como supernumerario, durante más de 15 años, y también es candidato a magistrado del Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué no permiten que otros perfiles oxigenen la justicia electoral? Luego está Neyma Hernández Medina, de quien no hay registros que tenga experiencia en materia electoral, y Felipe Valle López, con un breve paso por el Instituto Electoral del Estado.

Seguimos con Enrique Salas Paniagua y Nereida Berenice Ávalos Vázquez, quienes laboran en el Tribunal Electoral del Estado y han estado desempeñándose recientemente como magistrados en funciones. Enoc Morán Torres, quien fue Secretario General de Acuerdos del tribunal e, incluso, fue designado magistradosupernumerario por el Congreso local, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló su nombramiento. Por último, Wenceslao Luna Torres y Carmen Iliana López Cervantes, de quienes no se tienen mayores referencias en materia electoral.

Estas son las 19 personas que buscan que el régimen les bendiga con una magistratura. Veremos qué decide el Senado y, sobre todo, a quiénes apoyarán nuestros legisladores en dicha Cámara: el senador Virgilio Mendozay las senadoras Mely Romero y Ana Karen Hernández. Apoyo que les cobrarán en abonos en cada proceso electoral, empezando con la elección extraordinaria del Poder Judicial del Estado. Es cuanto.

OTROSÍ 1. En los listados oficiales de candidaturas que dieron a conocer el INE y el IEE, destaca el caso de José Alfredo Jiménez Carrillo, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien quiere repetir en su cargo y, al mismo tiempo, busca una magistratura federal, en elTribunal Colegiado de Apelación. Esta irregularidad debe corregirse, definiéndose a la brevedad por cuál magistratura competirá. También hay otras candidaturas que, al iniciar las campañas, deben pedir licencia, para no vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad yequidad en la contienda, como sucede con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que maneja el presupuesto del Poder Judicial local, o la Secretaria General del Congreso, que dispone del presupuesto del Legislativo, o titulares de diversas dependencias de la Administración Pública Estatal, como la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que gasta discrecionalmente cientos de millones de pesos en total opacidad, o el Director General de Gobierno, de quien depende el Periódico Oficial, por lo que conoce de primera mano información privilegiada.

OTROSÍ 2. El desafuero de Cuauhtémoc Blanco ha retratado de cuerpo entero al oficialismo, como sucedió en Colima con Vladimir Parra, otro agresor de mujeres protegido por el régimen. Ayer, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó no darle trámite al desafuero que se solicitó para que enfrentara un procesopenal por haber atacado sexualmente a su media hermana. Una vez más, la PresidentA se estrelló con la realidad. No llegaron TODAS.

OTROSÍ 3. En un hecho que pasó desapercibido, el 6 de marzo anterior, el Congreso aprobó 2 decretos para darlecarta abierta a los 10 ayuntamientos de la entidad para que sigan endeudando a sus municipios, afectando como fuente de pago los recursos que les corresponden del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del Fondo General de Participaciones o del Fondo de Fomento Municipal. Estas autorizaciones deberían ser caso por caso, revisando los montos y el destino que tendrían estos recursos; empero, en un acuerdo político, el Congreso le dio manga ancha a los ayuntamientos para que se endeuden libremente.

OTROSÍ 4. El año pasado, al aprobar su proyecto de presupuesto, antes de saber que tendría que organizar las elecciones judiciales locales, el Instituto Electoral del Estado solicitó más de 107 millones de pesos. El Congreso le autorizó una cantidad cercana a los 63 millones, más de 44 millones de diferencia menos, lo que motivó que impugnara ante el Tribunal Electoral del Estado, el cual ordenó al Legislativo que revisara el tema y explicara por qué solamente aprobó esa cantidad. El resultado era previsible: el Congreso le recetó la misma dosis al Instituto, le dijo que llegó a la misma conclusión, que sus casi 63 millones ahí están y que no habrá más dinero, así que no sabemos cómo podrá organizar correctamente el proceso electoral extraordinario que, además, entra en su etapa decisiva, porque el 30 de marzo inician formalmente las campañas. ¿Qué hará el Instituto?