Siguen las irregularidades en las elecciones judiciales 

ESTRICTO DERECHO

Aun cuando debería ser un proceso limpio, transparente, pulcro, estamos viendo que en las elecciones judiciales se están presentado situaciones que en nada abonan a la confianza de la ciudadanía y, menos aún, a la legitimidad de quienes pudieran resultar electos.

De entrada, un dato escalofriante. Según información oficial proporcionada por un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de laFederación, hasta ahora van más de 2600 impugnaciones relacionadas con el tema. El detalle es que apenas vamos en la selección de candidaturas, ni siquiera han empezado las campañas, y ya va un número muy elevado de personas que han mostrado inconformidad con el desaseo que ha prevalecido. Más lamentable aún, según lo refiere el magistrado Rodríguez Mondragón, es el hecho de que en cientos de casos la mayoría de magistrados que controla la Sala Superior ha decidido ni siquiera efectuar el estudio de fondo de los asuntos, aun cuando es claro que muchos de estos promoventes tienen razón, sin embargo, no han hecho este análisis por el argumento de que hay una imposibilidad material de reparar estas irregularidades y, por tanto, aunque se reconoce que ha habido actuaciones indebidas, así las dejan, sin corregir.

Hay de todo: aspirantes que fueron calificados idóneos no aparecieron después en las listas de insaculación; personas que sí salieron en la insaculación, pero no las incorporaron en las listas de candidaturas enviadas al INE; personas que no fueron seleccionadas, ni insaculadas, y sí aparecieron en las listas; personas que aparecen postuladas a 2 cargos; comités que postularon a un solo perfil para contender. En fin, todavía la semana pasada estaban ingresando solicitudes para corregir errores, incluso para quitar a personas que no querían participar y que estaban siendo contempladas para estas candidaturas. De hecho, las tres ministras del oficialismo, Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, las más apuntadas para la elección, ni siquiera iban en la lista final de candidaturas que envió el Senado.

Hasta la fecha, de manera oficial, por información delpropio INE, solo están aprobadas las candidaturas para la Suprema Corte y para las dos vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral; el resto de las candidaturas federales para las magistraturas del Tribunal de Disciplina, magistraturas de Salas Regionales del Tribunal Electoral, magistraturas de circuito y juzgados de distrito, siguen sin definirse por estas irregularidades que señalamos, ya que siguen verificando la información para ver si es correcta.

Adicionalmente, la mayoría oficialista de la Sala Superior ha convalidado diversas situaciones que, aunque lo diga un tribunal, la gente no está quedando convencida y se está generando mucha suspicacia. De entrada, ya han circulado imágenes de cómo será el diseño de las boletas para las elecciones judiciales, y cuando fueron impugnadas, al discutirse el tema en la Sala Superior, los propios magistrados señalaron que son confusas para la ciudadanía y, sin embargo, validaron ese diseño porque así era la instrucción desde Palacio Nacional. Ya veremos el día de la elección lo que sucederá cuando la población las utilice. Incluso, la propia presidenta del Tribunal Electoral dijo que no era un diseño de las boletas lo más didáctico posible, que eso no se podía negar. Entonces, ¿por qué aprueban que ese diseño prevalezca en las más de 600 millones de boletas que ya se mandaron imprimir?

Por si no bastara, también la Sala Superior aprobó recientemente el modelo de urna única. A diferencia de las elecciones ordinarias, en las que, al ejercer nuestro voto, cada una de las boletas para cada uno de los cargos lo depositamos en la urna respectiva, en esta ocasión no será así, ya que habrá una urna única en la que sedepositarán todas las boletas. Imagínense el desordenque se generará cuando hagan el conteo de los votos. No obstante, la mayoría que controla la Sala Superior dijo que estaba bien.

Empero, validaron algo peor. Una de las razones por las que la ciudadanía empezó a confiar en las elecciones es porque los votos los contaban las personas que integraban las mesas de casilla donde se recibían. Ahora no será así: terminada la jornada electoral, los ciudadanos solo abrirán la urna y clasificarán las boletas por cargo, pero no contarán los votos. Esa tarea en el ámbito federal se trasladó a los consejos distritales donde, según estimaciones oficiales, se espera que los resultados se conozcan aproximadamente en un promedio de 12 días después de la elección. Para completar, no se instalará la totalidad de casillas que se acostumbra; ahora seráncentros de votación, en un número significativamente menor, y cada uno agrupará varias casillas.

Todas estas situaciones que han sucedido en el Consejo General del INE impactarán en la elección nacional, pero aquí en Colima, en las elecciones judiciales locales, la tarea que hicieron los comités de evaluación de los poderes dejó mucho que desear, su actuar fue deficiente, ni siquiera generaron confianza en la ciudadanía para que participara en este proceso, evaluaron de manera totalmente opaca a los aspirantes, la transparencia fue nula, no sabemos siquiera qué calificaciones obtuvieron los aspirantes en los rubros evaluados, ni conocemos la preparación académica de las personas que seleccionaron, no sabemos absolutamente nada.

Sin embargo, el colmo es que en la convocatoria que emitió el propio Congreso del Estado decía que los comités de evaluación debían concluir su labor integrando las fórmulas de candidaturas. ¿Qué son estas fórmulas? Por cada cargo tenía que definirse si el titular iba a participar en la elección o no, lo que implicaba que se definieran un total de 10 candidaturas (3 por cada Poder y el titular) o 9 (si el titular no participa) tratándose de magistraturas, y si se trataba de juzgados, iban a ser 7 candidaturas si el titular participaba, y si no lo hacía solo serían 6, esto es, 2 por cada uno de los 3 poderes. 

¿Qué hicieron los comités de evaluación? Simplemente hicieron listas, nunca definieron estas fórmulas que dice la convocatoria, y estas listas son las que, al parecer, validaron cada uno de los poderes; es lo que creemos,porque hasta ahora, supuestamente, estas tres listas que hicieron los comités de evaluación, más la lista de juzgadores que están en funciones, ya fueron remitidas al Instituto Electoral, que las tiene desde el 28 de febrero. Sin embargo, hasta ahora, seguimos sin saber el contenido de esas listas finales.

Es un procedimiento en el que debió prevalecer el principio de máxima publicidad, como dice nuestra Constitución, sobre todo porque se trata de materia electoral. Sin embargo, este principio no se está respetando en lo absoluto; en la convocatoria hay un apartado que señala que se garantizará la transparencia, que harán versiones públicas de la información de estas personas, pero hasta que sean candidatas. Mientras tanto,todo este periodo no hemos tenido la mínima información acerca de quienes aspiran a estos cargos públicos.

¿Qué es lo más aberrante de todo esto? Que en esos comités participaron las dos comisionadas integrantes del INFOCOL, el instituto que supuestamente garantiza la transparencia en nuestro estado; ahí estuvieron Ayizde Anguiano y Paulina Urzúa, quienes supuestamente deberían haber aportado al menos eso, incluso Ayizde tiene la experiencia en el ámbito electoral. Sin embargo, no fue así y tuvimos un proceso sumamente desaseado que augura un futuro nada promisorio para unaselecciones judiciales que, llegada la fecha, dado el cúmulo de irregularidades, sumado a la mínima participación ciudadana que se prevé el día de la elección, nos llevan a pensar desde ahora en la posibilidad latente de su anulación. Es cuanto. 

OTROSÍ 1. Cuando aprobaron la reforma a la Constitución local en materia del Poder Judicial del Estado, en el artículo octavo transitorio, el propio Congreso del Estado dispuso que tendría un plazo de 30 días naturales a partir de que entrara en vigor el decreto, lo que ocurrió el 15 de enero pasado, para realizar adecuaciones a las leyes estatales de manera que se diera cumplimiento al mismo. El plazo ya venció a mediados de febrero. ¿Cuáles adecuaciones hicieron? Ninguna. El Congreso incumplió con el plazo que se había señalado. Súmenle que se fueron de vacaciones y estarán descansando todo el mes de marzo, porque es su periodo de receso. Trabajaron tanto, están tan cansados, que descansarán todo un mes.

OTROSÍ 2. Para complicar más el tema, el Instituto Electoral acaba de publicar el sábado pasado sus Lineamientos de Paridad de Género para estas próximas elecciones judiciales. ¿Qué pasará si aplican estos Lineamientos? Eventualmente, como ha ocurrido en las elecciones ordinarias, en atención a la prevalencia del género femenino sobre el masculino, podría darse lasituación de que algún varón pudiera tener mayor número de votos que una mujer y, no obstante, la titularidad de un órgano jurisdiccional se le daría a ella. En unos meses lo veremos. 

OTROSÍ 3. Empezó la persecución de exgobernadores. El primer afortunado, Silvano Aureoles, de Michoacán. Mientras, en Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno y el fiscal Bryant García siguen protegiendo a su anterior patrón. ¿No querrán sufrir viendo detenido a su exjefe? ¿Para Indira será suficiente con el dolor que le causa ver en aprietos a Silvano, tan cercano a ella y a su papá? ¿Por qué la Cuarta Transformación en Colima sigue cubriendo con su manto de impunidad a Nacho Peralta?

OTROSÍ 4. A pesar de la ofrenda, consistente en 29 reos de altísimo nivel, que Sheinbaum le hizo a Donald Trump, los aranceles ya entraron en vigor. Reos que, según aclaró el fiscal Gertz Manero, no fueron extraditados, simplemente los ofrecieron como moneda de cambio, pasando por encima de todas las leyes habidas y por haber, incluida la Constitución. Tanto que se postró la presidenta y de nada sirvió. ¡Qué tragedia!