Avanzada (18/02/2025).- La Justicia argentina procesó al expresidente Alberto Fernández por delitos de violencia de género contra su expareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez, en un fallo emitido este lunes. El juez Julián Ercolini determinó que existen pruebas suficientes para imputarlo por lesiones leves y graves en un contexto de violencia machista y amenazas coactivas, por lo que el exmandatario deberá enfrentar un juicio oral.
El caso se remonta a agosto de 2023, cuando Yáñez, quien actualmente reside en Madrid, presentó una denuncia en la que relató episodios de violencia física y psicológica por parte de Fernández, con quien tiene un hijo de dos años. Entre las pruebas recabadas, la fiscalía accedió a fotografías enviadas por Yáñez a la secretaria privada de Fernández, María Cantero, en las que se observan hematomas en su rostro y cuerpo.
El juez Ercolini mencionó dos agresiones específicas: un puñetazo en el ojo derecho de Yáñez el 21 de junio de 2021, en la residencia presidencial de Quinta de Olivos, y un agarre violento en el brazo en agosto del mismo año, que le causó un hematoma. La ex primera dama aseguró que los abusos comenzaron en 2016 e incluyeron golpes, amenazas y un aborto bajo presión.
Fernández, de 65 años, rechazo las acusaciones y calificó el proceso como “una estafa procesal sin precedentes”. En un documento de 200 páginas, intentó sin éxito solicitar su sobreseimiento, argumentando que la fiscalía y el juez limitaron su derecho de defensa.
El juez impuso un embargo de 10 millones de pesos argentinos (aproximadamente 8,400 dólares) sobre los bienes de Fernández y estableció que el expresidente debe informar cualquier viaje que implique ausentarse por más de 72 horas de su domicilio en Buenos Aires. No obstante, levantó la prohibición de salida del país.
Si el tribunal lo encuentra culpable, Fernández podría enfrentar una pena de entre 3 y 18 años de prisión. Su defensa aún tiene la opción de apelar el procesamiento, pero si la decisión se mantiene firme, la causa avanzará a juicio oral.
Además, el expresidente enfrenta otra investigación por presunta defraudación en la contratación de seguros durante su mandato (2019-2023), en un caso que también está a cargo del juez Ercolini.
El proceso avanza y mantiene en vilo a la opinión pública en Argentina, donde el caso se convirtió en un símbolo del debate sobre la violencia de género y el abuso de poder.