Seguridad: Sheinbaum y la fallida estrategia del Kingpin

Colima, México, Avanzada (11/02/2025).- Hasta ahora, los principales logros reportados por el gobierno de Claudia Sheinbaum en materia del combate al crimen organizado, tienen que ver con el número de detenciones de jefes criminales y en general personas implicadas en delitos de alto impacto, así como los decomisos de droga y aseguramientos de armas y equipo táctico.

Sin embargo, eso se ha venido haciendo prácticamente desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada por el expresidente Felipe Calderón y ello no ha sido suficiente para bajar los niveles de violencia, por el contrario, las cifras oficiales muestran que sexenio tras sexenio se han incrementado los asesinatos. 

En enero pasado, durante una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que como parte de los resultados en los primeros 100 días de este gobierno, “han sido detenidas 7 mil 720 personas por delitos de alto impacto, se ha asegurado 66 toneladas de droga, incluidos mil 168 kilos y 561 mil pastillas de fentanilo. Se han asegurado más de 3 mil 600 armas de fuego. La droga asegurada representa más de 60 millones de dosis que no llegarán a las calles ni podrán destruir las vidas de familias o de jóvenes”.

Mientras tanto, en declaraciones realizadas este lunes 10 de febrero, la mandataria precisó que la estrategia de seguridad que sigue en su gobierno consta de los siguientes ejes: atención a las causas; fortalecimiento de la Guardia Nacional; Inteligencia e investigación, y coordinación.

Con excepción del eje de atención a las causas —para el que sin embargo no se conoce un plan integral más allá de los programas sociales—, los demás puntos encuadran dentro de la estrategia conocida internacionalmente como Kingpin, que privilegia la detención de las cabezas de los cárteles, pero que en realidad no acaba con la violencia.

De acuerdo con el doctor Carlos A. Pérez Ricart, profesor del Departamento de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la acción represiva contra los liderazgos consolidados de los grupos criminales provoca la lucha activa entre los mandos medios para garantizar el control de la organización.

Además, añade el académico en un estudio, “existe evidencia que apunta a que la fragmentación de grupos del tráfico de drogas da pie a la proliferación de otro tipo de delitos de alto impacto incluyendo el robo de automóviles, el secuestro, el robo de gasolina, la trata de blancas y el cobro de derecho de piso”.

Las investigaciones también han identificado los “efectos contraproducentes que supone centrar los esfuerzos en las organizaciones que aparentemente más drogas exportan y noen las organizaciones más violentas. Como han demostrado los estudios empíricos más avanzados, no son las organizaciones violentas las que más drogas hacen circular, del mismo modo que tampoco son las organizaciones preponderantes en el mercado las más violentas”.

Asimismo, dice Pérez Ricart, se ha enfatizado cómo las técnicas bajo las que funciona la estrategia del Kingpinllevan a lesionar garantías individuales, pues “el principio de presunción de inocencia es sustituido por un régimen especial en materia penal que permite allanamientos, detenciones arbitrarias, el uso de técnicas de incitación al delito, la publicación de anuncios de recompensa sin juicios previos, la intercepción de comunicaciones privadas y, sobre todo, el otorgamiento de poderes discrecionales a las autoridades para la persecución del —siempre nebuloso concepto— de crimen organizado. En contextos de corrupción institucionalizada y debilitamiento del Estado de derecho, el peligro es especialmente alto. El caso mexicano es paradigmático”.

Desde el inicio del actual sexenio, el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA), advirtió la necesidad de superar en materia de seguridad la fallida estrategia del Kingpin y transitar hacia los maxiprocesos, orientados al desmantelamiento de estructuras, siguiendo el ejemplo del que se realizó en Italia desde mediados de la década de los ochenta contra La Camorra.

Un complemento de los maxiprocesos, abundó el OSHRAen declaraciones a la revista Proceso, sería la justicia transicional, una estrategia que se encuentra “completamente ausente” de lo presentado en el plan de seguridad del gobierno federal.

“La justicia transicional —expuso— no solamente aporta condiciones de construcción de paz a largo plazo, sino que además da una solución a eso que se ha dado en llamar la base social del crimen organizado: los eslabones más débiles que actúan como peones de los cabecillas y operadores financieros de las organizaciones criminales”.

A juicio del Observatorio de Seguridad Humana, no se debe criminalizar a ningún trabajador ni producto de la tierra, pero “también están los cocineros de la droga, los punteros, operadores de drones, productores de explosivos y todos los eslabones de grupos criminales que podrían ser susceptibles de ofertas de la justicia como testigos de oportunidad, como se les llama en México, vinculados a los maxiprocesos; hacer una diferenciación y dar opciones de una reinserción social a quienes han participado en un grupo criminal en circunstancias en las cuales no tenían demasiadas alternativas”.