Hacer política o negociar los dineros públicos

Columna

El Puercoespín 

De acuerdo con la política tradicional cuando un grupo o facción política no habla ni dice nada cuando se van a realizar reformas importantes, como es el caso de la reforma al Poder Judicial estatal, solo puede interpretarse de una sola manera: que existe un acuerdo político en lo “oscurito” y el proceso en el Congreso del Estado será mero trámite burocrático. 

Los ciudadanos contamos con un Poder Ejecutivo distanciado de los ciudadanos; un Poder Legislativo que no representa al pueblo y; el silencio del Poder Judicial demuestra que no tiene nada que decir porque ya se puso de acuerdo con el Poder Ejecutivo.

En pocas palabras los ciudadanos estamos más alejados que nunca de los tres poderes de gobierno.

Por tanto, si atendemos lo anterior, el Poder Judicial, ya dominado por el Poder Ejecutivo desde que promulgó las jubilaciones anticipadas, en Colima existe un pacto de antemano y la reforma del Poder Judicial será meramente gatopardismo.

Ante este atropello, solo resta preguntar: ¿qué están haciendo los partidos de oposición? ¿por qué no dan la cara por sus votantes? Y cuando menos plantean un parlamento abierto para que los abogados y las asociaciones de abogados y los simples ciudadanos se expresen, aun a sabiendas que no serán escuchados, pero quedará constancia de que existen distintas y quizá mejores visiones para reformar el Poder Judicial estatal.

Me llamó la atención una fracción del texto El desmantelamiento del Poder Judicial del Estado de Rumualdo García Mejía donde dice textualmente: “Recordemos que nuestra Constitución local, en su artículo 129, señala que, si los ayuntamientos no aprueban la reforma, el proyecto se desechará. Sin embargo, también dice que, si transcurren 30 días y el ayuntamiento respectivo no dice nada, se entenderá aprobada la reforma. Entonces, bastaría que uno de los diez ayuntamientos del Estado votara en contra de esta propuesta de reforma constitucional para que no se concrete. Desde ahora, le solicito respetuosamente a Riult Rivera y al resto de integrantes del cabildo capitalino que, en defensa de quienes creemos en la posibilidad de un Colima y un México distintos, se pronuncien y voten en contra de esta modificación que pretende desmantelar la justicia local. Si prefieren doblegarse a las órdenes de Indira Vizcaíno, desde ahora avisamos que se los tendremos muy en cuenta”.

Sería muy conveniente de que con el poder de que les da el artículo 129 de la Constitución local el presidente municipal Riult Rivera o Tey Gutiérrez, o ambos, convocarán a foros abiertos a los abogados, a los colegios de abogados, a las instituciones formadoras de abogados a opinar sobre y la reforma al Poder Judicial y, en el caso, de que en estos foros se encontrarán fallas al futuro funcionamiento esta reforma sea rechazada legalmente y obligue a los poderes Legislativo y Judicial a replantear la reforma judicial a nivel local.

Si los presidentes municipales de oposición más representativos poblacionalmente de la parte norte del estado no hacen nada y evaden participar será evidente que entrarían en complicidad con el Poder Ejecutivo y entonces si fuese más que evidente que la sociedad política colimense vive en un mundo y los ciudadanos habitamos otro mundo.

Ellos viven en el mundo de los privilegios, el mundo de los perseguidores y los ciudadanos en la marginalidad, el mundo de los perseguidos.   

Si los presidentes municipales aprueban la ley a la reforma judicial significaría que están bien maiceados y solo le hacen como que son oposición.