Colima, México, Avanzada (20/12/2024).- El pasado 23 de octubre se cumplieron 12 años de la desaparición del líder indígena Celedonio Monroy Prudencio, quien fue secuestrado por un grupo de hombres provistos de armas largas, con atuendo militar, quienes en horas de la noche llegaron a su domicilio, en la Sierra de Manantlán, se lo llevaron por la fuerza y hasta ahora se ignora su suerte y su paradero.
Celedonio, quien en el momento de su desaparición tenía 37 años, era un luchador social que por la vía pacífica defendía los derechos indígenas y los recursos naturales en el territorio de la comunidad de Ayotitlán, perteneciente al municipio de Cuautitlán, Jalisco.
A más de doce años de su desaparición prevalece la impunidad, pues la Fiscalía General de Justicia de Jalisco no ha esclarecido los hechos ni ha localizado a la víctima, a pesar de las movilizaciones y las gestiones de sus familiares, de organismos de derechos humanos estatales y nacionales, de representantes de las comunidades indígenas, de organismos civiles, de diputados y de estudiantes, entre otros sectores.
Desde que Monroy Prudencio fue sacado de su domicilio por alrededor de ocho hombres armados que llegaron en dos vehículos, empezó el peregrinar de los familiares del activista, quienes recurrieron a las autoridades investigadoras y a las comisiones estatales de derechos humanos de Jalisco y Colima, así como a la Comisión Nacional; al Ayuntamiento de Cuautitlán; al Ejército; al Congreso de Jalisco y a otras instancias, sin obtener ningún resultado.
Una de las primeras situaciones con las que toparon fue con la insensibilidad e indolencia de las autoridades del Ministerio Público, que pretendían esperar 72 horas para aceptar la denuncia y que trataban mal a los familiares cada que acudían a pedir información sobre el avance de las investigaciones.
Celedonio Monroy era el mayor de seis hermanos. Con un gran esfuerzo de sus padres, en 2005 concluyó su carrera de licenciado en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Regresó a su comunidad, donde en un principio no consiguió empleo y laboró como albañil al lado de su padre.
En 2009 fue nombrado director de Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Cuautitlán, donde participó en las luchas de los pueblos de la región, sobre todo en la defensa del ambiente en la Reserva de la Biósfera de Manantlán, en la promoción de la Ley Estatal Indígena y en la defensa de los derechos humanos.
Desde la adolescencia, Celedonio participaba en la luchacontra el saqueo ilegal de madera de los bosques de la región nahua de Ayotitlán y en movimientos contra la extracción indiscriminada de minerales en ese territorio. La Sierra de Manantlán es asiento de las comunidades con mayor rezago social y con los índices de marginación y pobreza extrema más altos del estado de Jalisco.
Después del secuestro y desaparición de Celedonio se generó un ambiente de acoso y persecución de activistas de la región, que desactivó por varios años la lucha social en la Sierra de Manantlán, pues varios de los representantes se vieron obligados a emigrar para evitar correr la misma suerte de su compañero desaparecido.
Por su parte, durante varios años los familiares de Celedonio realizaron diversas gestiones y acciones de búsqueda tratando de dar con el desaparecido, como el caso de su padre, Liberato Monroy, que incluso visitó lugares donde se han descubierto fosas clandestinas, como el caso de Tonalá, para indagar si entre los cuerpos rescatados se encontraba el de Celedonio, pero no fue así.
A finales de noviembre de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 67/2013, dirigida al gobernador de Jalisco, en la que evidenció una serie de omisiones y negligencia de parte del Ministerio Público durante el desarrollo de las investigaciones, y solicitó al mandatario instruir al fiscal general a procurar la agilización de las investigaciones.
Casi cinco años después, en junio de 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió otra recomendación sobre el caso, ésta dirigida al fiscal general del Estado, en la que le solicita reforzar las investigaciones para esclarecer los hechos, además de tomar medidas para la reparación del daño de las víctimas indirectas. Sin embargo, no se ha resuelto el asunto.
El caso de Celedonio Monroy es una muestra fehaciente de la impunidad que persiste en relación con los hechos de violencia cometidos contra los luchadores sociales en México.