Luchadores sociales desaparecidos: Impunidad ayer y hoy

Colima, México, Avanzada (19/12/2024).-Desde hace varias décadas, una de las formas más drásticas de violencia contra activistas políticos opositores y luchadores sociales en México ha sido la práctica de la desaparición forzada, unas veces a manos de agentes del propio Estado y otras por parte de la delincuencia organizada en posible connivencia con poderes políticos o económicos. Lo cierto es que la gran mayoría de los casos permanece irresuelta y, por lo tanto, campea la impunidad.

El 16 de diciembre anterior se cumplieron 36 años de la desaparición de José Ramón García Gómez, luchador social y dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en Cuautla, Morelos, quien en los meses previos al suceso había encabezado en la región oriente del estado zapatista la lucha poselectoral contra la imposición de Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República, tras el presunto fraude electoral cometido el 6 de julio previo contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

El 23 de octubre pasado se cumplieron doce años de la desaparición del líder indígena Celedonio Monroy Prudencio, quien en 2012 fue sustraído de su domicilio por un grupo de hombres armados, con vestimenta militar, en la comunidad Loma Colorada, en la Sierra de Manantlán, en Cuautitlán, Jalisco.. Celedonio había impulsado durante varios años la lucha contra el saqueo de recursos naturales de la región.

El próximo 15 de enero se cumplirá el segundo aniversario de la desaparición del abogado defensor de los derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y del líder comunal Antonio Díaz Valencia, quienes fueron secuestrados a la altura de la comunidad Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima, cuando se dirigían en un vehículo particular a la capital de esta entidad provenientes de Aquila, Michoacán, donde habían participado en una asamblea de la comunidad.

Ninguno de los casos anteriores ha sido esclarecido cabalmente por las autoridades estatales o federales de lasdiferentes épocas en que ocurrieron. Pese a las movilizaciones sociales realizadas ante cada uno de ellos, no se ha hecho justicia plena y, sobre todo, todavía se desconoce el paradero de las víctimas.

En diferentes entregas consecutivas, abordaremos cada uno de los casos mencionados anteriormente. En esta ocasión será sobre la desaparición de José Ramón García Gómez, ocurrida el 16 de diciembre de 1988.

CASO DE JOSÉ RAMÓN GARCÍA GÓMEZ

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHM) emitió el lunes pasado un pronunciamiento en torno al suceso, con la advertencia de que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, que no prescribe hasta que se conoce el paradero de la persona, se logra establecer la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.

El organismo humanitario recuerda que, conforme a lo que se logró saber en su momento, José Ramón fue desaparecido por un grupo ilegal de investigaciones políticas de la Policía Judicial del Estado de Morelos, bajo el mando del comandante Apolo Bernabé Ríos García, bajo responsabilidad del director, Antonio Nogueda Carbajal, y creado por órdenes del gobernador Antonio Riva Palacio López, los tres ya fallecidos. Como resultado de las presiones sociales nacionales e internacionales que generó el caso, se creó una Fiscalía Especial y se emitieron dos recomendaciones por parte de la CNDH en 1991 y 1992. A pesar de que fueron detenidos y encarcelados 3 policías por su implicación directa en los hechos, no se logró ubicar el paradero de José Ramón.

Dice la CIDHM: “El caso emblemático del compañero desaparecido José Ramón García Gómez sigue sin resolverse. En el mes de diciembre de 2020 nos dirigimos a la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos, solicitando la incorporación del caso de nuestro compañero a su base de datos y que se llevaran a cabo todas las actividades de búsqueda. Se han enviado oficios a diversas dependencias locales y federales solicitando información y actuaciones específicas para dar respuesta al caso. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido informes de respuesta de las correspondientes dependencias”. 

Asimismo, “manifestamos desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos que la búsqueda debe regirse por una política pública, siendo uno de sus objetivos la prevención de desapariciones forzadas y el esclarecimiento de las ya ocurridas, así como el justo castigo de los perpetradores y la adopción de medidas de protección de las víctimas y medidas que garanticen que no se vuelvan a cometer desapariciones forzadas”.

De acuerdo con el organismo, las autoridades encargadas de las búsquedas deben diseñar, con la participación de las víctimas y sus organizaciones, una estrategia integral (incluyendo un plan de acción y un cronograma que debenser evaluados periódicamente) así como realizar análisis de contexto. Las autoridades con competencia, deben de contar con plenas facultades para tener acceso irrestricto y sin necesidad de previo aviso a todos los lugares donde podrían encontrarse las personas desaparecidas, incluidas las instalaciones militares, de policía, así como recintos privados. Además de tener acceso irrestricto a toda información, documentos (inclusive los considerados de seguridad nacional), base de datos, archivos y registros de las fuerzas de seguridad, militares, de policía y de instituciones particulares.

A juicio de la CIDHM, los protocolos de búsqueda deben ser revisados y actualizados periódicamente o cada vez que sea necesario para responder a aprendizajes, innovaciones y buenas prácticas que inicialmente no habían sido previstas. Es una obligación institucional el impedir las violaciones sistemáticas y combatir la impunidad de las desapariciones forzadas tanto de las presentes como las del pasado. 

Resalta la importancia y necesidad de aplicar los principios de la ONU en materia de desaparición forzada, poniendo en primer lugar la búsqueda en vida, ya que la presunción de que las personas desaparecidas están con vida en algún lugar, de manera forzada y no por su voluntad, implica dedicar recursos suficientes, tanto materiales como en capacidad científica profesional, así como que haya la voluntad política necesaria para derribar todos los obstáculos institucionales y se establezcan las garantías de no repetición.

Advierte que se deben seguir fortaleciendo estrategias colectivas hasta lograr la erradicación de la desaparición forzada, por lo que “es necesario que ya no exista una mera simulación institucional, sino una verdadera voluntad política para atender, sancionar y erradicar dicha práctica violatoria de derechos humanos”.

La CIDHM refiere que si bien es verdad que el caso de nuestro compañero José Ramón García Gómez fue incluido en el Informe de la Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico creado por decreto presidencial, deben tomarse todas las acciones y medidas para que esta desaparición forzada, la primera del entonces gobierno priista de Salinas de Gortari, no continúe en la impunidad con el paso de los años.