Colima, México, Avanzada (11/12/2024).- En Colima cada vez es más frecuente encontrar a personas migrantes que llegaron al estado como parte del éxodo que emprendieron para buscar mejores condiciones de vida. Muchos de ellos, especialmente centroamericanos y haitianos, cruzan el estado junto con sus hijos menores de edad, quienes enfrentan condiciones adversas durante la travesía.
Para atender esta situación, el gobierno federal enviará cerca de 1.8 millones de pesos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Colima. Los recursos provienen de un convenio de coordinación publicado el 21 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, cuyo objetivo es fortalecer la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes en situación de vulnerabilidad.
El acuerdo establece que los fondos se destinarán a la mejora de la operación e infraestructura de los Centros de Asistencia Social y otros espacios de atención a la infancia migrante, tanto acompañada como no acompañada. Esto incluye la rehabilitación, ampliación, remodelación y equipamiento de los centros de alojamiento temporal, además de la provisión de cuidados esenciales como alimentación, hidratación, higiene y atención sanitaria.
El convenio fue firmado por Raúl Mustafa Yassin Jiménez, director general de Coordinación y Fomento a Políticas para la Primera Infancia, Familias y Población en Situación de Vulnerabilidad del DIF Nacional, y Rafael Contreras Ochoa, encargado de despacho de la dirección general del DIF Estatal de Colima. Ambas partes se comprometieron a garantizar la protección de los derechos de la niñez migrante, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
Entre las principales acciones destacan los retornos asistidos para niñas, niños y adolescentes migrantes, así como la intervención de las Procuradurías de Protección para su representación jurídica y la restitución de sus derechos. El DIF Estatal también deberá facilitar las visitas de verificación por parte de organismos como el DIF Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otras instancias de fiscalización para supervisar el uso correcto de los recursos asignados.