El pasado lunes, alrededor de las 21:30 horas, Magaly Janet, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), fue brutalmente asesinada a balazos mientras transitaba en su camioneta por la Avenida Elías Zamora Verduzco, en Manzanillo.
Magaly ocupaba el puesto de Auxiliar B en la Delegación Colima de la FGR, fue atacada de manera directa mientras esperaba la luz verde del semáforo. Los agresores, que viajaban en otro vehículo, abrieron fuego, dejándola herida de muerte con impactos en el brazo y el pecho.
La escena desgarradora fue descubierta por un policía local, quien encontró a la víctima en el asiento del conductor, con su gafete oficial colgado al cuello. La noticia ha dejado a su familia devastada, especialmente a su hijo de 10 años, que ha quedado huérfano.
Magaly, originaria de Manzanillo, era conocida por ser una persona tranquila y trabajadora. Tras varios años trabajando en Ciudad de México, había decidido regresar a su ciudad natal, donde residía con su familia, gente sencilla que, como muchos, lucha día a día por sobrevivir. El impacto de su muerte ha sumido en el dolor a sus seres queridos, una familia modesta conformada por sus hermanos, uno empleado en el IMSS, otra en una agencia aduanal, y una tercera hermana dedicada a su hogar mientras su esposo, marino, pasa largas temporadas fuera. La pérdida ha dejado un vacío irreparable en la vida de sus allegados.
Más allá del sufrimiento personal, el asesinato de Magaly se inscribe en un contexto de creciente violencia de género en Colima. Sin embargo, lo que más indigna a muchos no es solo el incremento de mujeres asesinadas, sino el profundo silencio de las autoridades ante esta tragedia. Ni la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, ni la presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera, han emitido algún comunicado condenando el acto o lamentando públicamente la violencia que azota a las mujeres del estado.
La contradicción es evidente. Las mismas figuras políticas que han basado parte de su discurso en la defensa de los derechos de las mujeres, utilizando lemas como “Es tiempo de muieres” o prometiendo que “nunca más se permitirán las agresiones contra mujeres”, ahora guardan silencio ante una realidad cada vez más violenta. Mientras lucran políticamente con la causa feminista, en los hechos las políticas públicas en defensa de las mujeres son prácticamente inexistentes, y el clamor de justicia parece desvanecerse.
El asesinato de Magaly no es solo una tragedia familiar, es un grito más que evidencia la profunda desconexión entre los discursos de igualdad de género y la realidad que enfrentan las mujeres en Colima.