¿Por qué es necesaria la división de poderes?

Estricto Derecho

En las semanas recientes, al menos en tres casos, hemos constatado por qué es necesario que exista en nuestro país una auténtica división de poderes, como ordena nuestra Constitución federal, y por qué es importante, sobre todo, que el Ejecutivo y el Legislativo no estén controlados por un mismo partido político, para que sean contrapeso uno del otro y exista un equilibrio institucional.

El primer ejemplo que referiré lo vivimos en el ámbito federal, con el procedimiento de elección de la persona que cubrirá la vacante que dejó Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Según el artículo 96 Constitucional, para nombrar a un Ministro de la Suprema Corte, el Presidente de la República somete una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará a quien deba cubrir la vacante, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resuelve dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

Esta etapa ya sucedió y, como adelantábamos en este espacio, en una muestra de decencia política, el Senado rechazó la terna, porque ninguna de las aspirantes obtuvo la mayoría calificada exigida para esta designación, debido principalmente a su militancia morenista, que hacía evidente su falta de independencia y de autonomía para ejercer el cargo, además de las serias dudas que dejaron respecto de su preparación y capacidad al ser cuestionadas quienes quieren formar parte de nuestro Tribunal Constitucional.

Esto motivó que, en atención a lo indicado por dicho precepto constitucional, el Presidente de la República enviara una segunda terna, en la que repiten dos de las propuestas de la primera: la hermana de la Secretaria de Gobernación y la hermana del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a las que se sumó una nueva aspirante, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, quien es la única que debería tener posibilidades de ser designada, dada la evidente inelegibilidad de las otras dos mujeres, que sacarían a relucir el nepotismo que prevalece en los gobiernos de Morena.

En caso de que esta segunda terna sea rechazada, como también es factible que suceda, el Presidente de la República estaría en posibilidad de designar directamente, de entre las mujeres que forman parte de esta segunda terna, a quien ocupará el cargo de Ministra de la Suprema Corte.

La próxima semana conoceremos el desenlace de esta historia y, sobre todo, sabremos a quién le corresponderá asumir el costo político de designar a una Ministra que, entre tantos cuestionamientos acerca de su idoneidad, llegaría deslegitimada al Alto Tribunal: en caso de designación directa, al Presidente de la República, que sigue obsesionado con su intento de someter a toda costa al Poder Judicial Federal; o, de aprobarse el nombramiento, a la oposición en el Senado, que terminaría cayendo en el juego del presidente, al aportar sus votos para no renunciar a ejercer su facultad constitucional.

El segundo ejemplo lo hemos estado viendo en Nuevo León, donde Samuel García, el fallido aspirante a candidato presidencial con el récord de la precandidatura más breve de la historia política mexicana, quien hundió a su estado en una crisis constitucional sin precedentes, debido a que el Congreso de ese estado no le permitió cumplir su capricho de nombrar gobernador interino a alguien de Movimiento Ciudadano.

Como también lo comentamos en este espacio, el escenario era bastante complicado para Samuel García porque, llegado el 02 de diciembre, tendría que elegir entre quedarse como gobernador de Nuevo León y no participar por la presidencia de la República; o irse a la aventura electoral y dejar el Ejecutivo estatal en manos de quien nombrara el Congreso local, controlado por la oposición, por así haberlo decidido la ciudadanía neoleonesa en la elección local pasada. Por eso intentó conseguir ambos objetivos, valiéndose de mil y un artimañas legaloides y de sus supuestos tres doctorados en Derecho, pero todo cambió el 1º de diciembre cuando, antes de la medianoche, un manotazo sobre la mesa por parte de la Suprema Corte restableció el orden constitucional en dicha entidad federativa.

Por medio de una suspensión que concedió, el ministro Laynez Potysek determinó que el Congreso de Nuevo León era el único facultado para designar gobernador interino, lo que ya había hecho a favor de Luis Enrique Orozco y, por tanto, éste era el único que podía tomar posesión del cargo y no se podía designar a otra persona. Ante este escenario, en el que la Suprema Corte dejó claro que no había manera de que se hiciera su voluntad, Samuel García prefirió quedarse de gobernador, aun cuando, según su dicho, su candidatura había sido muy bien aceptada y ya estaba en segundo lugar de las preferencias. Si hubiera sido así, ¿por qué no continuó con sus aspiraciones presidenciales?

Nunca lo sabremos. Para este momento, Movimiento Ciudadano ya no tiene precandidato presidencial, y Samuel García está impedido constitucionalmente para postularse a dicho cargo, porque quiso irse a la segura y no quedarse como el perro de las dos tortas. Y ello fue posible gracias a que el Congreso de Nuevo León cumplió puntualmente con su deber de poner freno a los excesos y las barbaridades de un aprendiz de político que terminó haciendo el ridículo frente a todo el país.

Por último, tenemos el conocido ejemplo de ‘nuestra Colima’, donde tenemos un Congreso local postrado a las órdenes de la gobernadora, quien cuenta con una mayoría legislativa a su servicio, puesta y dispuesta a obedecer lo que ella les mande.

Y la muestra más obscena de este vasallaje legislativo la acabamos de ver en días pasados, cuando el oficialismo se negó a citar, para la glosa del informe de la gobernadora, a diversos integrantes del gabinete, con la intención de que no se evidenciara en el salón de sesiones su notoria ineptitud para el desempeño de sus cargos. Los ejemplos abundan: la secretaria general de Gobierno, quien tiene mucho qué decir acerca de nepotismo y su notoria incompetencia para ejercer dicho cargo; el subsecretario del Trabajo, quien debe explicar el desvío de recursos ordenado por la gobernadora para apoyar a Claudia Sheinbaum en Jalisco y otros lugares; la titular de la Contraloría, quien debe entregar resultados respecto a los procedimientos administrativos que debió iniciar contra Nacho Peralta, etcétera.

Ninguno de ellos fue citado a comparecer. La razón: porque la gobernadora no autorizó que el Legislativo los llamara. Y así, de la manera más servil posible, el bloque mayoritario de morenistas y aliados cumplió al pie de la letra el mandato de la dueña de sus votos y sus conciencias, y solamente citó a quienes ella les dio permiso. ¡Qué vergüenza! Prometieron que serían diferentes, y terminaron siendo una copia burda y malhecha de aquellos a quienes tanto criticaron, y hoy quieren convertir a Colima en un principado bananero, gobernado por una autodenominada Jefa de Jefes -como acostumbran en la delincuencia organizada-, que persigue política y penalmente a quienes no se someten a ella. Lo bueno que ya solamente nos queda menos de un año de esa Legislatura tan indigna.

OTROSÍ 1: La mejor muestra de la intolerancia de Indira Vizcaíno la tenemos en la orden que le dio a su ahijado el fiscal de perseguir y hacer todo lo posible para encarcelar a Martha Zepeda, a quien le expreso mi solidaridad y mi respaldo, porque en los próximos días nuevamente irán contra ella. Es inconcebible que, en un estado como el nuestro, donde todos los días se cometen incontables delitos de mayor gravedad, el fiscal prefiera perseguir opositores que no se someten a su madrina, antes que a los verdaderos delincuentes. ¡No nos merecemos eso!

OTROSÍ 2: Es difícil que haya rendición de cuentas a la ciudadanía, y más difícil todavía si el Congreso permite que quienes están al frente de la Fiscalía y del OSAFIG rindan sus informes por escrito, en una reunión privada, como sucederá en próximas fechas. ¿Qué miedo tienen de rendirlo en una sesión pública? ¿Por qué no dan la cara a la sociedad? ¿Qué ocultan?