Colima, México, Avanzada (12/06/2026).- La historiadora María de Jesús Ramírez denunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Colima se negó a renovar el pasaporte de su hija menor de edad, a pesar de que presentó una sentencia firme que acredita la desaparición forzada de su esposo, el abogado y defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca, así como su representación legal sobre él y su hija.
Lagunes Gasca permanece desaparecido desde el 15 de enero de 2023 junto con el profesor, Antonio Díaz Valencia. Como parte de los efectos legales derivados de ese hecho, un juez emitió en 2025 una declaración especial de ausencia que reconoce a Ramírez como representante legal del activista desaparecido y de la hija de ambos.
No obstante, al acudir a realizar el trámite del pasaporte de su hija, personal de la SRE le solicitó un oficio adicional emitido por un juez federal para autorizar expresamente la expedición del documento. “Traje la sentencia firme y certificada de la declaración especial de ausencia de mi esposo. Ahí se me nombra representante legal de ambos. Aun así me exigen otro documento que la propia resolución judicial ya suple”, manifestó.
La historiadora explicó que incluso promovió una solicitud ante el juzgado correspondiente para obtener el oficio exigido por la dependencia, pero ésta fue rechazada porque la sentencia ya contempla las facultades de representación necesarias para realizar actos administrativos. Ramírez sostuvo que la actuación de la SRE desconoce los efectos jurídicos de una resolución firme y coloca a su familia en una nueva situación de vulnerabilidad.
Entre las irregularidades que señaló se encuentra el hecho de que la autoridad administrativa pretenda exigir requisitos adicionales a los establecidos en una sentencia judicial, además de ignorar el interés superior de la niñez al obstaculizar el acceso de una menor a un documento oficial.
También argumentó que la voluntad del padre desaparecido se encuentra jurídicamente suplida por la declaración especial de ausencia, por lo que exigir su autorización resulta material y legalmente imposible.
“La voluntad del padre ya está jurídicamente suplida. No estamos pidiendo una excepción; estamos solicitando la aplicación correcta de una resolución judicial en favor de una menor”, expresó.
La esposa del defensor desaparecido consideró que este tipo de decisiones revictimizan a las familias de personas desaparecidas y evidencian la falta de capacitación institucional sobre los alcances de la legislación en materia de desaparición forzada.
Por ello, exigió a la oficina de la SRE en Colima reconocer los efectos de la sentencia emitida por el Poder Judicial y concluir el trámite solicitado, además de emitir por escrito cualquier negativa debidamente fundada y motivada.
“Que me indiquen el lugar, fecha y hora para presentarme y que emitan el pasaporte. No voy a peregrinar entre juzgados y oficinas para obtener algo que una autoridad federal ya me otorgó”, concluyó.