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COLIMA

¿Quién gobernará Nuevo León?

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Estamos viviendo una etapa de definiciones de los partidos políticos, y de ello deriva esta pregunta, en relación con uno de estos institutos: ¿quién va a gobernar Nuevo León? Me explico: en el partido oficial ya se decantaron hace tiempo por la exjefa de gobierno de la Ciudad de México; otro de los aspirantes, Marcelo Ebrard, estuvo analizando la posibilidad de abanderar a Movimiento Ciudadano, pero ya dijo que siempre no. El Frente por México también se decidió ya hace tiempo por Xóchitl Gálvez, de ahí que solo falta Movimiento Ciudadano por definir a quien los representará en la elección presidencial de 2024.

Al haberse descartado Ebrard para ser el abanderado del partido naranja, se empezaron a barajar otros nombres. Recordemos que, previamente, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, fue muy puntual en señalar que no sería él quien dividiera a la oposición, por lo que también se retiró. Otra carta fuerte de Movimiento Ciudadano, el gobernador de Jalisco, también señaló que no se lanzaría por la presidencia y quedó fuera, e incluso le externó abiertamente su apoyo a Xóchitl Gálvez.

Este cúmulo de circunstancias propiciaron que Samuel García, gobernador de Nuevo León, tomara la decisión de solicitar licencia a su cargo y se registrara en el proceso interno de Movimiento Ciudadano. Aquí llama la atención un hecho bastante relevante, ya que hay otra aspirante en este partido, la senadora Indira Kempis, quien parece que no existe para la dirigencia, ni para sus militantes y simpatizantes, porque también ya se registró, pero ni siquiera la han tomado en cuenta.

En fin, el caso es que el gobernador de Nuevo León se registró en la contienda interna de Movimiento Ciudadano y aquí surgió el problema al cual nos referimos: ¿quién quedará como gobernador de Nuevo León? A raíz de la solicitud de licencia del gobernador, el Congreso local está facultado constitucionalmente para elegir a quien se desempeñará mientras tanto como gobernador interino. Entonces, la confrontación empezó al solicitar licencia Samuel García, porque el Congreso de Nuevo León la aprobó y, a la vez, nombró gobernador interino a quien hasta ese momento era el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, lo que motivó que, al mismo tiempo, Samuel García emitiera un acuerdo, en el cual indicó que sería su Secretario de Gobierno quien quede a cargo del Poder Ejecutivo mientras él se va a representar a su partido.

De esta manera, al aprobar el Congreso la licencia solicitada por el Ejecutivo, se generó un escenario en el que Nuevo León tuvo simultáneamente 2 gobernadores: el interino designado por el Legislativo y, por otro lado, el secretario designado por el gobernador como Encargado del Despacho. Evidentemente, un escenario con dos titulares del Poder Ejecutivo no es factible, por lo que de inmediato se promovieron diversos procedimientos legales: amparo por parte del secretario de gobierno, para ser él quien ocupe el cargo y se impida que asuma como gobernador quien hasta ese momento era titular del Poder Judicial; juicios ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante las instancias jurisdiccionales locales y, los más importantes, dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una controversia la presentó el Ejecutivo contra el Congreso, por no respetarle su decisión de designar Encargado del Despacho a su secretario, y otra la presentó el Poder Legislativo contra el Gobernador, por no respetar el nombramiento de gobernador interino hecho por la representación popular. Y precisamente el lunes 13 de noviembre tuvimos noticias de la Suprema Corte, muy relevantes, porque las dos controversias fueron turnadas al ministro Laynez Potisek, quien las admitió a trámite y les concedió la suspensión a los promoventes: al Ejecutivo, para que el gobernador interino nombrado por el Congreso no asuma el cargo, por estar impedido, al haberse desempeñado como Presidente del Tribunal Superior de Justicia; y también al Legislativo, para que el secretario designado por el gobernador tampoco asuma como Encargado del Despacho, al no estar facultado el titular del Ejecutivo para hacer esa designación en este caso en concreto.

Así, en un breve instante, pasamos de que Nuevo León tuviera dos gobernadores a que ya no tuviera ninguno, porque los dos nombramientos quedaron sin efectos, debido a las suspensiones concedidas por el ministro Laynez Potisek, las cuales están vigentes y surten plenamente sus efectos. En consecuencia, ninguno de los designados puede desempeñar la titularidad del Poder Ejecutivo de Nuevo León, sobre todo porque el ministro Laynez Potisek también estableció que es el Poder Legislativo el que tiene la facultad constitucional de designar gobernador interino.

Ante este escenario, el gobernador con licencia ni siquiera está en posibilidad de hacer propuestas para que se considere a alguna persona para sucederlo. El Congreso de Nuevo León designará gobernador interino con absoluta libertad, y aquí es donde Samuel García tiene un grave problema, porque el Legislativo está bajo control de una amplia mayoría opositora, lo cual es bastante inoportuno para sus intereses políticos, ya que él estaba confiado en que podía dejar a alguien que pudiera manejar, y no será así, lo que puede incidir en la definición de la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, porque Samuel García tendrá que elegir entre dos opciones: una, aceptar que el Congreso designe gobernador interino a alguien que no será de sus simpatías, lo que generará que difícilmente pueda volver a dicho cargo; o la otra, si quiere evitar lo anterior, tendrá que dejar atrás su aventura electoral y regresarse a seguir ejerciendo el cargo de Gobernador que la ciudadanía le confirió.

Pronto veremos si Samuel García está dispuesto a perder el cargo de gobernador que tanto le costó ganar, a cambio de una aventura electoral que sabemos de antemano que será fallida, porque no tiene posibilidades de ganar la Presidencia de la República.

OTROSÍ: La semana pasada tuvimos noticia de un escándalo de proporciones inimaginables, revelado por uno de los medios de comunicación de mayor prestigio en el mundo, The New York Times, el cual hace imputaciones muy serias en contra de diversas fiscalías, principalmente la de la Ciudad de México, a las que les atribuye la realización de actividades ilegales, como espionaje a políticos de oposición y personas incómodas para el gobierno, lo que ha generado, al menos en la capital del país, un tsunami político que ha puesto en riesgo la ratificación de la actual fiscal. Sin embargo, esta investigación no ha tenido suficiente repercusión en nuestro estado, aun cuando una de las fiscalías que participó en este entramado es la de Colima, que lamentablemente no sirve para perseguir e investigar a delincuentes, pero sí es útil para realizar actividades ilícitas, de ahí que lo menos que puede suceder es que se llame a rendir cuentas al fiscal general, porque no puede pasar desapercibida esta situación tan grave. Ojalá el Congreso estatal lo convoque a una reunión pública, en la cual explique de qué manera ha participado la fiscalía colimense en este entramado de espionaje y escuchas ilegales a políticos de oposición, activistas e integrantes de la sociedad civil que son incómodos para el régimen al cual pertenecen el propio fiscal y su “Jefa de jefes”.

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