Quién debe investigar a la Banda de Bosque Real

Columna

El puercoespín 

Isela Guadalupe Uribe Alvarado, la contralora del Gobierno del Estado de Colima, cuenta con licenciatura y maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública, por la Ucol. Ha cursado diplomados especializados en Metodología de Investigación y Sistema Nacional Anticorrupción.

Ha impartido conferencias, cursos, seminarios y talleres con temáticas relacionadas con el Sistema Político, Electoral, Paridad de Género y Transparencia y Combate a la Corrupción.

Fue consejera electoral del Instituto Electoral del Estado (IEE) y de la Junta Local del INE. Y sobre todo fue integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Colima.

De acuerdo con su currículo, Guadalupe Uribe Alvarado, está “capacitada” para investigar y sancionar las posibles faltas a la ley, ya sean, administrativas o penales; sin embargo, fue puesta en la Contraloría para hacer exactamente todo lo contrario, fue puesta para tapar las corruptelas de Indira y su Banda de Bosque Real.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Gobierno del Estado de Colima la Contraloría General es la dependencia con rango equivalente al de Secretaría, dotada de autonomía técnica y de gestión, responsable de la auditoría, fiscalización, evaluación y control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, competente para vigilar la actuación de los servidores públicos que la integran y promover las sanciones que correspondan por responsabilidad Administrativa; cuya organización, procedimientos y atribuciones serán las que determinen las leyes, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.

La contralora debe atender la política estatal anticorrupción que promueva el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción e implementar en lo conducente las acciones, medidas y recomendaciones que se acuerden por parte de dicha instancia en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Además, es la responsable de recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar los servidores públicos del estado, verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes, así como registrar la información sobre las sanciones administrativas que les hayan sido impuestas de conformidad con la legislación aplicable.

Y finalmente, conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública del Estado que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones jurídicas aplicables, por sí o por conducto de los órganos internos de control de las entidades paraestatales bajo su coordinación; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante dicho Tribunal; así como presentar las denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras instancias que resulten competentes.

Es la contralora la responsable de prevenir y, en su caso, sancionar a los servidores públicos o las entidades de la administración pública que violen la ley.

En el caso de los 740 millones de pesos, de la administración pasada, que, tienen las finanzas públicas en vilo, es un caso importante y de urgente resolución, pero después de casi dos años de investigaciones la controladora dice que sigue investigando las denuncias y los hechos, así como los informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, además, se atreve a decir que no será sino hasta finales del presente año que procederá a la judicialización del caso -en el supuesto de encontrar elementos para hacerlo-; las denuncias contra Ignacio Peralta Sánchez llevan la velocidad de una tortuga. Pero la contralora amenaza que sus investigaciones -incluida la de los 299 empleados contratados en forma irregular- caerán en la clasificación de delitos graves. Uy que miedo. El ex gobernador debe de estar zurrándose… pero de risa.

La contralora no parece haber tomado nota que es de dominio público que personeros de Carlos Noriega se entrevistaron con la gobernadora, en Casa de Gobierno, y en su caso, de los 70 millones desviados, comentó la gobernadora que ella es tan buena onda que ya lo había perdonado. El buen corazón la jefa de la Banda de Bosque Real demostró que entre pares se entienden. 

La contralora también declaró que se está dedicando a observar el actuar de los servidores públicos a través del cumplimiento de sus declaraciones patrimoniales.

Como puede observarse, la contralora está rebasada. Mientras ella dice que está vigilando la consecuencia entre las declaraciones patrimoniales y los actos de los funcionarios públicos ya es del conocimiento, de la mayoría de los colimenses, que los movimientos financieros de la plana mayor del gobierno del estado no son congruentes ni consecuentes con sus declaraciones patrimoniales.

Si se aplicara la controlara en la revisión de las declaraciones patrimoniales de la gobernadora, desde 2019 hasta la fecha, podría darse cuenta de que la titular del Ejecutivo estaría, posiblemente, en los supuestos de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El hermano de la gobernadora debería de demostrar cómo compró su casa si no percibe ningún ingreso porque su puesto es honorario. De entrada, Arnoldo Vizcaíno Silva está cayendo en el supuesto del delito de lavado de dinero.

Por el currículo uno puede presumir que la contralora cuenta con el perfil para proceder legalmente contra la Banda de Bosque Real, pero es claro, que ella es cómplice por omisión con los funcionarios de primer nivel de Indira Vizcaíno.

La contralora está allí para proteger a sus compañeros de gabinete no para prevenir, mucho menos sancionar las faltas a ley. Su táctica es hacer lo más lenta posible las investigaciones para que la gente olvide y por descuido triunfe la impunidad.

El gabinete está diseñado para robar, no para otra cosa. Los hechos son contundentes.

No olvidemos que con Indira se terminó de desmantelar el Sistema Estatal Anticorrupción. Ahora ya sabemos y documentamos el porqué.