Colima, México, Avanzada (22/08/2023).- A casi dos años de que el PRI perdió la gubernatura en el estado, la administración de la morenista, Indira Vizcaíno Silva ha perdonado el desvío de recursos en el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez para la campaña del PRI, a través de un esquema que se conoce como “Operación Safiro”.
En estos 17 meses desde que la actual mandataria llegó a la gubernatura, el gobierno de Colima no tiene ningún procedimiento jurídico para sancionar a los funcionarios responsables de haber utilizado a empresas fantasmas para desviar 15 millones de pesos que fueron utilizados por el PRI nacional para financiar sus procesos políticos.
Mientras que a nivel nacional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la multa de 99 millones de pesos al PRI que le impuso el INE por “Operación Safiro” y con lo cual este partido perderá el 25 por ciento de su financiamiento.
Durante el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, Colima fue uno de los estados que desviaron millones de pesos de presupuesto público para las campañas del PRI, de acuerdo a una investigación que realizó “Mexicanos contra la Corrupción”, pero a pesar de que el hecho se documentó y recientemente, el INE impuso una multa de 98 millones de pesos al PRI nacional, misma que el 27 de julio pasado fue ratificada por el TEPJF, en la entidad el tema permanece en el olvido y no existe ninguna investigación al respecto.
En el 2018, la organización “Mexicanos Contra la Corrupción” documentó que Chihuahua, Colima, Sonora, Estado de México, Durango, Morelos y la delegación de Milpa Alta en la ciudad de México, desviaron fondos públicos para presuntamente financiar campañas electorales del PRI en distintos estados del país. En la trama, -dice la investigación- se utilizaron 12 empresas fantasmas que estaban blindadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El desvío comenzó a investigarse en el 2016, en el arranque del gobierno de Javier Corral en Chihuahua. Mexicanos contra la Corrupción explicó que la Fiscalía General de Chihuahua inició una carpeta de investigación por posibles irregularidades en la administración de César Duarte (2010-2016), como presuntos actos de enriquecimiento ilícito por parte del exgobernador priista, la “nómina secreta” con la que presuntamente pagaba sobornos a políticos locales —tanto del PRI como de partidos de oposición— y los desvíos a campañas políticas.
Derivado de esa investigación, se detectó que no solo el gobernador de Chihuahua había desviado recursos, también otros seis, quienes conformaron una red a la que llamaron “Operación Safiro”.
En el caso de Colima, la investigación reveló que luego de las pesquisas que surgieron en Chihuahua, mostró qué, en el 2016, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, presuntamente desvío 15 millones de pesos a cuatro empresas fantasma relacionadas con el PRI nacional.
El primer movimiento sospechoso se realizó el 26 de mayo de 2016, cuando el Gobierno de Colima autorizó dos transferencias por 3 millones 163 mil 896 pesos a la cuenta 413881595 de Banorte, a nombre de la empresa SINNAX, considerada como fantasma.
Ese mismo 26 de mayo, el gobierno colimense envío 2 millones 174 mil pesos a la cuenta 413881607 del mismo banco, a nombre de la empresa: SISAS.
SINNAX tenía como accionista a un expolicía del Estado de México (detenido por robo) y la segunda, SISAS, a la hija del policía, con domicilio en una casa de la colonia San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco. Ambas firmas han sido señaladas por el SAT por operaciones simuladas.
Sin embargo, en Colima no existe ninguna investigación por parte del gobierno de Indira Vizcaíno Silva sobre este tema.