Más que una imputación seria contra el diputado priista Carlos Arturo Noriega García, el exsecretario de Planeación y Finanzas (Seplafin) del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, lo que está haciendo la administración de la morenista Indira Vizcaíno Silva es montar un verdadero espectáculo mediático con el probable propósito de justificarse en el ajuste de cuentas con el pasado.
A la vez, esta maniobra le cae “como anillo al dedo” a la mandataria para afectar políticamente a la esposa del imputado, Margarita Moreno González, y tratar de ganar en las elecciones del próximo año la capital del estado para Morena.
Si realmente hubiera interés del gobierno de Indira de acabar con la impunidad en los hechos de corrupción, no se ocuparía sólo de esta acusación mínima de peculado y ejercicio indebido de funciones por 70 millones de pesos, pues no hay que olvidar que antes de asumir la titularidad del Ejecutivo la gobernadora denunció y se quejó amargamente de que Peralta Sánchez le dejaría un quebranto financiero por más de 11 mil millones de pesos.
Asimismo, si hubiera interés de ir al fondo, los señalamientos no serían únicamente contra el funcionario encargado directo de las finanzas estatales, sino también contra el propio exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, a quien no se le ha tocado “ni con el pétalo de una rosa”, a pesar de ser el principal responsable de los malos manejos y de la profunda crisis financiera en la que fue dejado el estado al terminar su gobierno.
Por lo tanto, de ninguna manera resulta creíble ni es posible echar las campanas a vuelo por la comparecencia de la mañana de este viernes del diputado priista ante la juez de control que llevará su caso, en la que apenas conoció la carpeta de investigación abierta en su contra por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima.
Durante la diligencia judicial, Carlos Arturo Noriega conoció el legajo de casi cinco mil páginas con las imputaciones que le han sido formuladas, por lo que su abogado solicitó la reprogramación de la audiencia para revisar el contenido de las imputaciones, y la autoridad judicial puso el próximo 23 de mayo como nueva fecha.
De acuerdo con el fiscal especializado, Mario Ochoa García, hay en la carpeta de investigación elementos suficientes para la vinculación de proceso de Noriega por la presunta malversación de 70 millones de pesos en perjuicio del Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol).
El funcionario dijo que entre las evidencias ofrecidas por la fiscalía se encuentran los resultados de una auditoría practicada por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (Osafig), donde se determinó que hubo una indebida disposición del monto económico señalado, que fue reingresado diez días después.
Mientras tanto, el diputado Carlos Arturo Noriega declaró al salir de las instalaciones judiciales que tiene la “conciencia tranquila”. Y efectivamente, debe estar tranquilo porque tal vez sabe que se trata sólo de una estrategia política que no lo pone en riesgo de recibir una sanción severa por delitos más graves.
Preocupante sería para Carlos Arturo Noriega y su exjefe José Ignacio Paralta que se abriera una investigación a fondo sobre asuntos como la falsa compra de las instalaciones de la 20ª Zona Militar, los manejos turbios en la construcción del C5i, la compra de los terrenos de La Campana y otras maniobras del peraltismo que dejaron un fuerte tufo de corrupción.