Colima, México, Avanzada (25/09/2022).- Los intensos movimientos telúricos que se han sentido recientemente en Colima, provocando graves daños en la infraestructura de edificios y cobrando la vida de al menos tres personas no han sido suficiente para salvaguardar la integridad física de las personas.
No pasaron una cuantas horas del movimiento de 7.7 grados, cuando los establecimientos continuaron operando de manera habitual, como si nada hubiera pasado, en muchos casos citando a los trabajadores para que se presentaran a laborar sin el mayor cuidado. Coppel, Yazaki Corporation, plazas comerciales y hospitales dañados abrieron sus puertas a los clientes.
“Los de la empresa Yazaky estamos preocupados ya que no suspendieron labores ni ayer ni hoy y las bardas sufrieron daños y hay muchísimos trabajando, además que cerraron guarderías y ¿dónde dejaremos a nuestros hijos” (Sic), denunció un empleado preocupado al enviar imágenes de los daños causados por el sismo al edificio.
Las empresas han minimizado el problema. El hospital Puerta de Hierro es otro de las muchas construcciones recientes que tuvieron afectaciones. Además de vidrios y fachadas rotas, el inmueble presenta afectaciones considerables. No obstante, la empresa de salud emitió un boletín de prensa el mismo día del sismo, en donde aseguró que no existen riesgos para los pacientes o el personal, “por lo que continuaremos con los trabajos de limpieza”, exponía el documento.
Unos de los lugares más trágicos del temblor del 19 de septiembre de este año fue la tienda Coppel en Manzanillo, en donde una mujer de 61 años perdió la vida luego de que una barda del negocio terminó aplastándola. Pero ni el incidente mortal ni los daños al inmueble impidieron que se cerraran las puertas.
Nuevos, pero malos
Al igual que muchas viviendas antiguas, los nuevos centros comerciales, hospitales y otros negocios de reciente creación, fueron visiblemente afectados por el sismo de magnitud de 7.7 grados, evidenciándose que a pesar de los avances en construcción, aún hay muchos aspectos arquitectónicos y de ingeniería por resolver.
Porque pese a que las construcciones fueron autorizadas por las autoridades municipales, dejaron entrever la falta de buenos dictámenes en materia de protección civil.
Entre los edificios nuevos dañados están la Torre Médica de Sendera, inaugurada el 9 de septiembre de 2021; el centro comercial Punto Bahía, operando desde mayo de 2016; el Hospital Puerta de Hierro, abierto el primero de octubre de 2012; el C5i, edificado en el gobierno estatal anterior. De igual forma, aunque ya tienen unas décadas, Plaza Country y el edificio del Supremo Tribunal de Justicia en Colima, presenta daños.
También la infraestructura del gobierno, como el Complejo Administrativo, inaugurado hace dos décadas; así como el Hospital de Tecomán, el de Ixtlahuacán y la clínica del ISSSTE en la ciudad capital; recibieron los impactos del sismo del lunes y sus réplicas.
Los inmuebles mencionados, como muchos otros (la tienda Coppel incluida, inaugurada en 2013), abren diariamente exponiendo la vida de los miles de trabajadores y visitantes que acuden constantemente a esos lugares.
Integridad física en riesgo
Los familiares de Antonia Sánchez, quien perdió la vida al caérsele la marquesina que estaba en la entrada de la tienda Coppel en el Valle de las Garzas, han exigido que se realice un peritaje e investigación para deslindar responsabilidades.
Inaugurado hace apenas seis años, el centro comercial Punto Bahía en Manzanillo fue construido por OMG Inmobiliaria. Ahí, en el tercer piso, se encuentra el gimnasio Capital Fitness, en donde el sismo del 19 de septiembre pasado cobró la vida de otra persona, el empresario radiofónico Rafael Canet.
Esta muerte pudo haberse evitado. El 8 de julio pasado, a través de un comunicado que todavía esta semana seguía en su página de internet, el gimnasio informó que cerrarían durante dos días sus puertas porque Protección Civil estatal les había hecho observaciones. Suceso que no ocurrió.
La presidenta municipal del Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, recordó que el gimnasio fue clausurado a mediados de este año por presentar mínimos elementos de seguridad respecto a sus dictámenes y plan de contingencias, “se clausuró porque se negaron a cumplir con Protección Civil del municipio; el establecimiento se clausuró hasta que no cumpliera con lo requerido; una vez que los responsables del gimnasio entregaron los dictámenes avalados por empresas particulares, se levantó la clausura”.
Anotó que los empresarios presentaron dictámenes sobre seguridad estructural del gimnasio y se le quitaron los sellos de clausura. “Por ello debe haber una responsabilidad ejemplar en aquellos profesionistas que emiten documentos fraudulentos, porque cobran por emitirlos. Deben tener sanciones ejemplares para que no expidan documentos con información falsa, señalando que un inmueble está en buenas condiciones”.
Griselda Martínez subrayó que si se paga a alguien para que emita un documento sin cumplir será un acto de corrupción por el cual deberá ser sancionado, “ésta no sólo se da entre funcionarios públicos, sino también entre particulares, y la corrupción cobra vidas.
“Nosotros no aceptamos solicitudes, ni recomendaciones, ni hacemos favores de al regidor, ni al diputado, ni a la gobernadora, y actuamos así porque representamos a la población que va a estos establecimientos y no podemos omitir una obligación que ellos tiene por una recomendación de alguien, y así lo podemos demostrar, cómo este gimnasio que no cumplía y después el supuesto cumplimiento que ellos tuvieron y luego la tragedia tan lamentable que aconteció el pasado lunes”, explicó.
Situación crítica
Por otro lado, la secretaria general del Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Dolores González Meza, advirtió que hay daños prácticamente en todos los hospitales del estado, los cuales están siendo minimizados por la autoridad, acusó.
La lideresa sindical pidió de manera enérgica a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, así como a las autoridades de salud, que las revisiones y peritajes a los inmuebles los realice un especialista en la materia, pues hasta este momento no se está haciendo así.
“El pabellón psiquiátrico en Ixtlahuacán está en situación crítica, pues hay bardas incluso que están fisuradas por los dos lados y que constituyen un riesgo para los pacientes y trabajadores”, apuntó al asegurar que prácticamente hay afectaciones en todos los hospitales de la entidad.
El problema se agrava porque “hemos visto que la gente que la acompaña –a la gobernadora-, como los que han ido a determinar los daños, solo ven las bardas y nada más dicen: ‘no pues no hay daño, porque es puro enjarre’, pero la verdad es que esos peritajes no sirven, porque se trata de resguardar la vida de los trabajadores y de los pacientes que acudan a los nosocomios y centros de salud”, ponderó. Dolores González.
Por las declaraciones de las autoridades anteriores, es evidente que las personas que visitan los hospitales, centros comerciales y demás infraestructura dañada están en peligro latente, pues en los edificios no se cumple con la seguridad industrial, se violenta el conjunto de normas obligatorias establecidas para evitar o minimizar, tanto los riesgos que puedan efectuarse en los ámbitos industriales, como los perjuicios derivados de la actividad industrial.
¿Y los diputados?
Ante los posibles casos de negligencia, omisión o engaño que realizan algunos empresarios para operar de manera inadecuada, será importante que cumplan las leyes y éstas sean más acordes a la realidad, para ello los legisladores locales deberían poner mayor atención en el problema.
Sin embargo hay un vacío del Poder Legislativo. Si con anterioridad se mostraban indolentes ante el incumplimiento de la seguridad industrial, ahora están desaparecidos de la esfera pública. Cerraron el edificio toda la semana y no se les ha visto apoyando a la gente que les necesita, que votó por ellos para que fueran sus representantes.
La “casa del pueblo” está cerrada. Los diputados no sólo no acuden a trabajar, sino que, derivado de las afectaciones que pudo haber tenido el edificio, tampoco han iniciado las labores de limpieza y retiro de posibles materiales caídos por el sismo del lunes 19 de septiembre.
El Congreso del Estado se ha mantenido sin actividad. Ni siquiera hubo guardias, se espera que hasta el próximo lunes 26 se retome la actividad al interior. La prensa atestiguó que hasta el jueves no se presentaron ni personal de Protección Civil, ni tampoco peritos valuadores o de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano para hacer un nuevo recorrido de verificación de daños, por el movimiento telúrico que se dio el miércoles en la madrugada.
“Durante la mañana de este jueves, tal y como ha sucedido el martes y el miércoles, se han presentado personas de diversas dependencias a llevar documentos, sin embargo, nadie se los ha recibido porque no hay guardias en la Oficialía de Partes para que reciban esos documentos”, reveló El Comentario.
Hasta el jueves 22, tampoco el Poder Judicial estuvo operando, pese a que ese día se había convocado al personal que labora en el edificio, a fin de emprender labores de limpieza de daños ocasionados por el sismo del pasado lunes. Pero a los trabajadores se les informó que ya se habían realizados tareas de supervisión de las instalaciones y que, de acuerdo a los peritajes, son seguras, porque no resintieron daños estructurales, sino solamente superficiales.
Los legisladores continúan ajenos a la desgracia de la sociedad colimense, los edificios dañados ya comenzaron a operar, algunos han sido revisados, pero por los mismos trabajadores o maestros, en el caso de las escuelas; las tiendas quieren vender, pero la ciudadanía sigue vulnerable ante la falta de seguridad industrial. El peligro es latente ante la omisión de las autoridades y los sismos.