La violencia aumentó frente a corporaciones armadas desdibujadas y sin rumbo

Colima, México, Avanzada (06/08/2022).- En los últimos 12 años, periodo en el que se intensificó la escalada de violencia en Colima, las corporaciones armadas de seguridad en el estado se han visto desdibujadas, sin rumbo, infiltradas y diezmadas por las condiciones laborales de sus elementos y ataques de la delincuencia.

Desde el año 2010, cuando empezó el crecimiento de los homicidios dolosos y otros delitos, también brotaron muestras de la descomposición al interior de las corporaciones, como el hecho de que un elemento de la Policía Estatal estaba involucrado en el asesinato del exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, lo que provocó la renuncia del entonces titular de la corporación.

Al año siguiente, tras la salida de Arturo Díaz Rivera de la titularidad de la Procuraduría General de Justicia, del estado, su sucesora, Yolanda Verduzco Guzmán, pretendió realizar una supuesta “limpia” dentro de la dependencia entregando a más de 40 elementos a la Secretaría de Marina, bajo el señalamiento de presuntos nexos con el narco.

Sin embargo, en pocos meses casi todos fueron puestos en libertad y algunos hasta consiguieron indemnizaciones millonarias porque fueron torturados por los marinos, que de esa manera pretendieron hacerlos confesar.

Posteriormente, la Policía Estatal fue utilizada por el entonces secretario de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, para reprimir a la población indígena de Zacualpan, que dentro de su movimiento contra la explotación de una mina en su territorio había tomado las bombas de agua de la Ciapacov.

De la misma manera, con el entonces procurador Marcos Santana Montes al frente, fueron reprimidos decenas de campesinos indígenas de Ayotitlán que habían tomado parte de su territorio ocupado por la minera Peña Colorada, a la que le exigían el pago de regalías justas. Aunque inicialmente fueron acusados de secuestro y otros delitos, con el paso del tiempo quedaron libres y exonerados de los cargos que se les pretendió fabricar.

En el ámbito penitenciario también ha sido notoria la ingobernabilidad de las cárceles de Colima, situación que ha generado múltiples riñas, motines y enfrentamientos internos con una gran cantidad de víctimas entre la población interna, pero también entre custodios y directivos.

En 2015 destacó la muerte de 13 presos por complicaciones tras compartir jeringas con las que se inyectaban heroína, posteriormente fue asesinado el subdirector jurídico y después el propio director del Cereso de Colima, donde a principios de este año ocurrió la masacre de nueve reos que condujo a la actual ola de violencia que se vive en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.

Asimismo, en los ámbitos de procuración de justicia y de seguridad pública se ha mostrado tal inestabilidad que en los doce años previos esas dependencias han tenido casi una decena de titulares cada una, lo que ha impedido dar continuidad a proyectos y establecer al menos metas de mediano plazo.

En febrero de 2018, ante las protestas tras el asesinato del empresario y promotor cultural Ricardo Uribe Clarín, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez se vio obligado a destituir de sus puestos al procurador general de Justicia, J. Guadalupe Franco Escobar, y al secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castaño Suárez.

En 2020, luego del asesinato de siete policías estatales que habían sido enviados de manera irregular a Jalisco, tuvo que renunciar el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, quien no fue sancionado por esa decisión que costó la vida de siete policías.

En los últimos cinco años han sido asesinados alrededor de cincuenta policías de diversas corporaciones: municipales, estatales, federales, así como elementos de la Fiscalía General del Estado, mientras que en varias ocasiones han realizado paros laborales para exigir mejores condiciones laborales y de seguridad.

Y mientras las corporaciones policiacas enfrentan condiciones de escándalo y vulnerabilidad de esa naturaleza, la violencia se ha profundizado en Colima, colocando a la entidad de manera permanente en los primeros lugares de inseguridad en el país.