Volver al mismo lugar

Fuerte polémica desató la noticia del incremento salarial que, desde hace algunos meses, venía otorgándose a funcionarios y directivos del gobierno estatal. Tal fue el enojo y la presión ciudadana que el subsecretario de administración tuvo que salir a justificar dicha medida y la gobernadora tuvo que reconocer el error y echar para atrás la decisión. El asunto es que como en muchos otros casos y temas, después de una serie de decisiones y descontento social, el tema vuelve al mismo lugar, a su punto de origen. Revertir esta situación requiere atender las condiciones que posibilitaron la discrecionalidad y escasa justificación técnica y administrativa de la decisión.

Y es que reconocer el error, echar para atrás el incremento salarial y devolver el aumento recibido son decisiones que están lejos de corregir el problema que de fondo existe. En otras palabras, la política salarial para las y los servidores públicos del gobierno estatal continuará determinándose bajo los mismos parámetros: la discrecionalidad y la inercia administrativa. Esto se traduce en seguir dejando la puerta abierta para que los sueldos y salarios del sector público tengan como único sustento el criterio personal —o capricho— del gobernante en turno, que estén lejos de reflejar adecuadamente la responsabilidad del cargo o de garantizar un ingreso digno para el personal de menor jerarquía. 

Durante su mensaje a la población colimense, la gobernadora manifestó que “la visión con la que las áreas de finanzas realizaron los incrementos salariales fueron de carácter administrativo y técnico, y ahí pueden tener sustento; pero no fueron realizadas con una perspectiva humana, sensible y acorde al movimiento del que venimos y al que pertenecemos”. Dicha declaración parece doble problemática. En primer lugar, los incrementos realizados, además de carecer de un criterio técnico explícito y no atender a fondo el problema, compactan y rompen la estructura jerárquica administrativa global: hay, por ejemplo, un subsecretario con una percepción mayor a la de algunos secretarios, así como directores generales con una remuneración casi igual a la de algunos subsecretarios. Y, en segundo lugar, que el pretendido esfuerzo de orientar la política salarial con una perspectiva humana, sensible y acorde al movimiento que representan, queda solo en palabras sino va acompañada de instrumentos claros para materializar o concretar esos valores. 

Corregir realmente el problema tendría que comenzar por atender de manera integral el tema de la política salarial —y no solo los incrementos salariales de la alta burocracia — con transparente, de cara a la sociedad y conciliando criterios técnicos y políticos. El asunto no es menor, la política salarial representa un instrumento de gestión de recursos humanos con implicaciones directas en el desempeño de las y los servidores públicos, que influye en la calidad de personal que atrae el sector gubernamental y en los incentivos para consolidar una carrera en el servicio público. Así, decisiones, improvisaciones u ocurrencias en y sobre la política salarial tendrán un impacto real en el funcionamiento y desempeño del gobierno. 

Por ello, la necesidad de transitar hacia una política salarial que establezca objetivos, mecanismos e instrumentos claros y explícitos para establecer las remuneraciones de las y los servidores públicos locales en todos sus niveles. El desafío es aún mayor: la política salarial debe ser apenas un componente más de un esfuerzo más amplío por profesionalizar y modernizar la función pública, garantizando así su capacidad para cumplir con sus mandatos y propósitos. La indignación y presión social debe lograr traducirse en reglas claras que impidan, de manera ex ante, que unos cuantos continúen utilizando los recursos de la administración pública como un botín a manejar, distribuir y repartir de manera discrecional.