Alcaldesas con sueldazos y sin garantizar seguridad pública

Colima, México. Avanzada (07/05/2022).- Aunque tienen sueldos elevados, que oscilan entre los 70 y 100 mil pesos al mes, las presidentas municipales, los regidores y las regidoras no han sido capaces de mitigar –mucho menos de resolver- la inseguridad que sufre la ciudadanía de los municipios de Colima y Villa de Álvarez. 

A pesar de ser legalmente corresponsables de atender el problema, cobran su salario sin pacificar el terror. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como leyes secundarias, les obligan a crear las condiciones para salvaguardad la integridad de ciudadanas y ciudadanos, sin que ello esté ocurriendo; por el contrario, su omisión e indolencia generan un vacío de poder.

Mientras los robos y asesinatos continúan perpetrándose, cada uno de los dos cabildos derrocha por lo menos un millón de pesos mensuales en el pago de sueldos a sus integrantes, sin que ello se vea reflejado en los resultados: la inseguridad sigue cobrando vidas y mantiene la preocupación de los habitantes. 

Las y los funcionarios que toman las decisiones de las políticas públicas en el municipio y el futuro del mismo, prefieren tomarse fotos en la ejecución de otros programas y acciones, que a cumplir con la ley y contribuir a garantizar la seguridad pública de las personas para las que gobiernan.  

CORRESPONSABILIDAD DE AYUNTAMIENTOS

De conformidad al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Además, “el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”. En ese sentido, si bien la responsabilidad es compartida, ninguna autoridad se debe deslindar de su trabajo. 

Tanto los ayuntamientos, como el gobierno del estado y el gobierno federal, deben trabajar de manera coordinada para garantizarle la seguridad a la sociedad. Ha habido intentos, pero todos han culminado en el fracaso. 

Un ejemplo: En febrero de este año autoridades federales, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, y las presidentas municipales de Colima y Villa de Álvarez, Margarita Moreno González y Esther Gutiérrez Andrade, respectivamente; acordaron mejorar la colaboración entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno para en conjunto reforzar la seguridad pública.

Margarita Moreno destacó que en materia de seguridad y paz no hay colores partidistas ni orígenes políticos, “todas las instituciones estamos por el mismo objetivo: cuidar y brindar seguridad a los ciudadanos”, dijo. A su vez Esther Gutiérrez ofreció todo el respaldo y disposición de su administración municipal, “hemos demostrado en el pasado la disposición para colaborar con el estado y con la Federación, y así lo haremos con estas nuevas medidas”, subrayó. 

Pero todo quedó en palabras, la inseguridad se recrudeció. Pese a las reuniones y voluntades, la zona conurbada sufre una violencia cruel en la que se suman robos y asesinatos.  Al final sólo han sido buenas intenciones. En los últimos días se han venido dando más asesinatos en toda la entidad. Tan sólo en la última semana de abril se reportaron una veintena de asesinatos, entre ellos hallazgos de cadáveres en el municipio de Tecomán. 

Entre los cientos de incidentes, el mes de mayo inició con la noticia de cuatro hombres muertos y un herido en diferentes hechos violentos en la zona conurbada de Villa de Álvarez y Colima. La noche del lunes 2 de este mes fue asesinado a balazos el diputado local Roberto Chapula de la Mora, afuera de su vivienda, a un costado del Parque Hidalgo en Colima. Después, otro sujeto fue baleado en la colonia Villas Flores II, en la Villa. El pasado miércoles otro hombre fue ultimado a balazos en colonia Nuevo Milenio, al oriente de la ciudad capital. 

SUELDOS JUGOSOS, ENSANGRENTADOS

La alcaldesa de Colima, Margarita Moreno González tiene un sueldo mensual bruto de 94 mil pesos, mientras que los regidores tienen una percepción de 72 mil pesos y el síndico de 78 mil pesos. Lo anterior conforme al tabulador de sueldos del Ayuntamiento de Colima. No obstante, desde hace años las y los servidores públicos se han excusado en que su percepción real es el sueldo mensual neto y no el bruto, la cantidad tras el pago de impuestos.

En la página de Transparencia del Ayuntamiento de Villa de Álvarez –la cual está desactualizada- reporta que el año pasado la presidenta municipal tenía una percepción mensual neta de  $89,529.76; mientras que las y los regidores de $65,310.64.

A esas cantidades hay que agregar las grandes sumas que reciben por prestaciones, pago de aguinaldo y otras partidas que reciben a partir del sueldo mensual bruto con el que están registrados.

Para ello, los ayuntamientos se encargan, además de recibir un presupuesto anual que les asigna el Congreso del Estado –con el dinero de la sociedad-; de cobrar multas, licencias y demás impuestos que puedan generar el salario de la burocracia.

DESDÉN PRESUPUESTAL

En este ejercicio fiscal de 2022, el Ayuntamiento de Colima recibió la cantidad de $773’193,587.92; por concepto de ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejora, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos convenidos.

Del total, para la Dirección de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio se destinó una partida de $52’042,413.41, con la que se paga el salario de 218 plazas. Es decir, el 6.7% del total se destina para proteger a la sociedad. Más allá de si la cifra es poca o mucha, la percepción ciudadana sobre este recurso es que no se ve reflejado en resultados. Los mismos hechos violentos lo confirman.

Por otro lado, a finales de diciembre del año pasado, el Cabildo de Villa de Álvarez aprobó para 2022 un presupuesto municipal de egresos por 531 millones 299 mil 155 pesos, priorizando el gasto en los rubros de protección ambiental, políticas de desarrollo social y a los programas de protección civil, orden público y seguridad.

De manera desglosada, en materia de protección ambiental se destinarán 120 millones 709 mil pesos; para desarrollo social, en lo relativo a la vivienda y servicios a la comunidad se erogarán 37 millones 736 mil 694 pesos, y a los asuntos de orden público y seguridad interior se les otorgó 108 millones 487 mil pesos. Aunque la protección a la ciudadanía es un tema fundamental, para el cabildo lo fue más la protección ambiental.

Además, días después, la alcaldesa Esther Gutiérrez reveló una cantidad menor. En los primeros días de enero de este año, durante la entrega de estímulos económicos por antigüedad a agentes policiacos del municipio, señaló que su gobierno desatinaría en 2022 casi 79 millones de pesos a las tareas de seguridad pública.

“Este 2022 es un año en el que pensamos en cada uno de los elementos policiacos, ya que aprobamos un presupuesto de más de 78 millones 700 mil pesos para fortalecer la seguridad pública”, dijo sin tomar en cuenta que la violencia se recrudecería, lo que provocó incluso que el Cabildo pospusiera las fiestas charrotaurinas de febrero, dividiendo actividades en los meses de marzo y abril. 

A pesar de ello, Alfredo Chávez, Secretario del Ayuntamiento, señaló que el gran reto de la administración municipal que encabeza Esther Gutiérrez es tener en Villa de Álvarez la mejor policía de toda la entidad, pero los asesinatos, robos y demás delitos se han incrementado, demostrando todo lo contrario.

SE AVIENTAN “LA BOLITA”; PROMESAS ROTAS

La senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación, declaró que era responsabilidad de cada municipio y estado garantizar la seguridad de sus habitantes. “Nos señalan al gobierno federal por la inseguridad, pero ¿qué hacen los gobernadores o cada gobernador dentro de sus entidades? Y no sólo ellos, ¿qué hacen los presidentes municipales con un modelo de policía que deberían tener?”.

Subrayó que la primera instancia de gobierno son los municipios y los estados, por lo que son los primeros responsables de la seguridad en las entidades, “y después está a nivel nacional”. 

Y aunque los Cabildos no han respondido a la demanda ciudadana por mitigar la inseguridad, durante campañas prometieron mejorar la seguridad pública. Siendo candidata a la alcaldía capitalina, en busca del voto de la ciudadanía, Margarita Moreno juró que su gobierno trabajaría en frenar a la delincuencia, a través de cinco frentes: organización comunitaria, capacitación policial, innovación tecnológica, legislación y acción municipal, y gestión de denuncia ágil.

“La seguridad es un tema del que debemos ocuparnos todas y todos, como mujer, pero sobre todo como madre de familia, no puedo ser omisa a este clamor social”, apuntó hace un año, en mayo de 2021. A más de un semestre de que arribó al poder con la confianza del electorado, la meta no se ha podido cumplir. 

Por su parte, al asumir el mando de la seguridad pública del municipio el 16 de octubre asado, Esther Gutiérrez reconoció: “Todas y todos hemos sido testigos del incremento de la inseguridad en Villa de Álvarez, cada vez más nos sentimos inseguros en nuestra colonia y casa, eso no debería de pasar, por lo contrario, estar en paz y calma debe ser la meta que debemos construir cada una y uno de nosotros”. Meta que aún se ve lejos.

Ante las promesas rotas debido al incremento de la inseguridad en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez, el reclamo es general. Por ejemplo en las redes sociales los cibernautas exigen constantemente a los gobiernos que cumplan la Constitución y garanticen la seguridad pública.

La seguridad es la primera representación de la libertad para hacer valer, reconocer y ejercer nuestros derechos humanos, es responsabilidad de los tres niveles de gobierno trabajar de manera estrecha y coordinada para dar tranquilidad a la ciudadanía. Si los municipios renuncian a su responsabilidad de garantizar la seguridad pública, o la minimizan, o “se lavan las manos” y avientan “la bolita” a los otros gobiernos, hemos elegido Cabildos ineptos y sin compromisos. 

*Imágenes tomadas de redes sociales.