La política social de Indira. Novedades, continuidades y retos (II, última)

Existe la intención, por parte del nuevo gobierno, de cambiar de paradigma en la política social. Y, a pocos meses de iniciar el mandato, hay ya algunas novedades en esta política como el incremento del presupuesto destinado a este sector, la compactación y fusión de dependencias y entidades administrativas, así como la eliminación y creación de programas y proyectos (véase la parte I). Sin embargo, las modificaciones hasta ahora realizadas conservan los rasgos principales de la política social del sexenio anterior. Mantener esta situación implica desaprovechar la oportunidad existente para construir una política social capaz de atender integralmente las causas de problemas públicos concretos relacionados con la pobreza, garantizar derechos y contribuir a cerrar brechas de desigualdad. En esta segunda y última parte abordo las continuidades y retos de la política social actual.

Continuidades: problemas, falta de información y fragmentación

Hace un año mencioné que los programas y acciones —entre ellos los de la política social— del gobierno estatal estaban caracterizados por su limitada capacidad presupuestaria para cumplir sustantivamente con sus propios objetivos, por su poca pertinencia para atender eficazmente las necesidades y problemáticas de la población, así como por la ausencia de mecanismos de monitoreo y evaluación para medir sus resultados e impactos (véase aquí). Un año después y con un nuevo gobierno (primera alternancia a nivel estatal), la política social mantiene, hasta ahora, el mismo paradigma, enfoque y, en consecuencia, limitaciones que la del sexenio anterior. A continuación, describo cuáles son estas continuidades.

En términos de diseño, la política social continúa construyéndose sin diagnósticos claros y explícitos y sin orientarse a la atención de problemas públicos concretos. La creación y eliminación de programas y proyectos carece de justificaciones a la luz de estudios y de evidencia que soporte estas decisiones. Además, los programas y proyectos continúan atendiendo poblaciones objetivo como adultos mayores, estudiantes o personas en situación de discapacidad con instrumentos, como la entrega de transferencias monetarias o en especie (despensas, mochilas o computadoras), que agotan su función y propósito con su mera entrega. Esto es, sin ser parte de una estrategia más amplía que busque atender de manera integral, articulada y sostenida las casusas de los problemas públicos que padecen estas poblaciones. Así, la pertinencia de la política social actual continúa estando en entredicho.

Además, la política social está todavía fragmentada en intervenciones con limitada capacidad para cumplir con sus propios objetivos. Al igual que en el sexenio anterior, existen múltiples programas y proyectos cuyo presupuesto es limitado e insuficiente. Actualmente, 76% del total de los proyectos de la política social tienen un presupuesto igual o menor a cinco millones de pesos, frente a 3% que disponen de un presupuesto mayor a cien millones (véase la siguiente gráfica). Así, con intervenciones sociales pequeñas, dispersas y con limitadas capacidades tanto de pertinencia como presupuestarias, el nuevo gobierno difícilmente podrá cumplir con su propósito de generar bienestar para todas y todos.

El nuevo gobierno tampoco parece apostar a la construcción de capacidades para monitorear y evaluar los efectos de cada uno de sus programas y de la política social en su conjunto. Al igual que con la escasa utilización de diagnósticos y evidencia para el diseño de la política social, la generación de información confiable y de calidad sobre los avances, resultados e impactos de las intervenciones sociales parece quedar fuera de las prioridades del nuevo gobierno. Así, los responsables de la política social difícilmente podrán valorar la eficacia y eficiencia de las intervenciones o de realizar modificaciones, con base en su desempeño, para su mejoramiento. Además, la rendición de cuentas a la ciudadanía estará limitada a la generación de anuncios de la entrega de determinado número de mochilas, computadoras o despensas, pero sin conocer realmente si las intervenciones fueron capaces de transformar las condiciones de vida de las personas.

Retos: capacidades, evidencia, evaluación y profesionalización

Transformar la política social requiere esfuerzos superiores que el solo anuncio de nuevas y más ambiciosas prioridades, propósitos o intenciones. Construir una nueva política social que responda a las exigencias y necesidades actuales requiere de la generación y consolidación de capacidades técnicas y operativas que permitan asegurar que las intervenciones utilizadas puedan cumplir con sus propósitos individuales y globales. En otras palabras, el nuevo gobierno difícilmente podrá cumplir o superar sus expectativas si continúa sobre las bases de la improvisación o cede ante la tentación política de las decisiones sin considerar sus dimensiones técnicas. Por ello, el nuevo gobierno tendrá que diseñar programas sociales con diagnósticos y teorías causales claras, además de asegurar la pertinencia y factibilidad de sus instrumentos (apoyos). Y será indispensable que genere estrategias globales y específicas de monitoreo y evaluación para atender errores de diseño o problemas que surjan durante la marcha de las intervenciones. Pero esto no será suficiente si el nuevo gobierno olvida generar una política social transparente y que rinda cuentas claras a la ciudadanía sobre sus resultados y acciones.