La política social de Indira. Novedades, continuidades y retos (I)

La alternancia en el gobierno estatal abrió una ventana de oportunidad para comenzar a construir una política social capaz de atender y resolver problemas públicos concretos, garantizar derechos, cerrar brechas de desigualdad y combatir la pobreza. Y así lo ha reconocido ya el nuevo gobierno al manifestar la intención de impulsar una nueva historia para Colima y una nueva visión para el desarrollo y el bienestar. El desafío es enorme, generar bienestar para todas y todos, como lo propone el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027, requiere complementar la voluntad política de cambio con la generación de capacidades técnicas y operativas —aún limitadas e insuficientes— que permitan diseñar políticas públicas plausibles para llevarlas a buen puerto y alcanzar los objetivos deseados.

En esta serie de textos expongo las novedades y continuidades de la política social del nuevo gobierno frente a las del sexenio pasado y, a la luz de las prioridades gubernamentales, planteo sus principales retos. Para ello, utilizo información del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima (PEE) para el ejercicio fiscal 2022, así como del PED 2021-2027. El propósito es ofrecer un panorama general que permita valorar el conjunto de la política social y no únicamente sus programas y acciones por separado. 

Novedades: prioridades, programas y dependencias

Desde la campaña, el nuevo gobierno anunció que realizaría algunos cambios relacionados con la política social. El principal de ellos parece ser la intención de cambiar el paradigma de la política social por uno centrado en el bienestar de las personas y en la garantía de los derechos. Así, a pocos meses de iniciar el periodo gubernamental, existe ya un presupuesto de egresos y un plan de desarrollo que plantean cambios en las prioridades de la agenda de gobierno; se han hecho ampliaciones y reducciones (parciales y totales) a programas y proyectos; y se han realizado modificaciones (orgánicas y de nomenclatura) en la estructura administrativa del gobierno estatal.

En términos presupuestarios, el nuevo gobierno apuesta por el fortalecimiento de la política social. El sector social (Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, que incluye la ex secretaría de la Juventud) obtiene un incremento mayúsculo de recursos de 413 % (+580.4 millones de pesos) respecto al presupuesto aprobado y 897 % (658.99 millones de pesos) respecto al modificado, ambos de 2021. Sin embargo, la simple variación en los montos presupuestarios (sean ampliaciones o reducciones) poco indica sobre la pertinencia y calidad de las intervenciones gubernamentales.

La  ampliación de recursos en el sector de bienestar ocurre no por un incremento significativo del presupuesto total del sector público sino, por un lado, por la adscripción del DIF Estatal a Bienestar (antes en la Oficina de la Gubernatura) y, por otro lado, por la reducción total o parcial de intervenciones como programas comunitarios con participación social para localidades en marginación (-100%), de atención a la violencia intrafamiliar (- 100%), asesoramiento de nutrición y alimentación sana en jóvenes (- 100%), entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (- 100 %), intervención comunitaria de espacios públicos (- 100%), fortalecimiento de la cultura emprendedora (- 96%), acciones preventivas en materia de salud sexual (- 95%), acciones para la prevención de adicciones y violencia (- 86%), servicios a personas con discapacidad (- 58%), entre otros rubros y proyectos.

Con estos recursos, el nuevo gobierno crea dos intervenciones y fortalece, principalmente, otras dos. Los nuevos proyectos consisten en la entrega de mochilas para todas y todos los alumnos de educación básica con un monto aprobado de alrededor de 25 millones de pesos (mdp) y la entrega de apoyos de laptops a estudiantes de secundaria, bachillerato y licenciatura con más de 245 mdp asignados. Los proyectos que más se fortalecen son la entrega de apoyos económicos para las personas con discapacidad permanente entre 30 y 64 años, al destinarle más de 21 mdp, y la realización de campañas de salud mental en adolescentes y jóvenes, al aumentar su presupuesto, en términos reales, un 762 %. Sin embargo, más de la mitad del gasto destinado a la política social, descontando los rubros y proyectos de gasto administrativo, está orientado a las nuevas prioridades y proyectos de la gobernadora: la entrega de laptops (48 %) y mochilas (5%).

Respecto a la estructura administrativa, el nuevo gobierno optó por la compactación de secretarías y el cambio de nomenclatura de la Secretaría de Desarrollo Social por el de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres. El problema es que estos cambios dejan intocadas las condiciones que favorecen la baja calidad gubernamental y la implementación ineficiente e ineficaz de programas y políticas públicas como es la opacidad en el manejo de los recursos, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y de selección de funcionarios y servidores públicos con base en sus aptitudes profesionales y no por lealtades personales, de grupo o partidistas. Además, el cambio de nomenclatura en la dependencia no indica, hasta hora, un cambio de enfoque y paradigma en la política social. Pero de las continuidades y retos que plantea la nueva política social tratará la siguiente entrada.