Poder Judicial también está endeudado: Debe 75 MDP a corto plazo

Colima, México, Avanzada (20/09/2018).- El Poder Judicial del Estado de Colima tiene una deuda a corto plazo, de 75 millones 330 mil 823 pesos por retenciones y no cubrir las obligaciones fiscales derivadas de la nómina.
Así el reporte de Auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 que realizó el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) al Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
El documento entregado a la Comisión de Hacienda del Congreso local menciona varias observaciones que no fueron subsanadas por los representantes del Poder Judicial.
Hasta el momento, el Supremo Tribunal de Justicia no ha explicado las circunstancias que le han impedido cubrir las obligaciones fiscales y entregar las retenciones que realizan a los trabajadores.
El informe señala algunas observaciones, entre ellas que el Poder Judicial no presentó la autorización y oficios de comisión para acudir al evento realizado en la ciudad de Cancún Quintana Roo el día viernes 24 de marzo de 2017, al que asistieron los magistrados Juan Montes Montes y Bernardo Salazar Santana, quienes pagaron 44 mil 100 pesos por hospedaje en el hotel Krystal Grand punta Cancún.
También se señala como observación el hecho de no justificar, documentalmente, las discrepancias en las fechas de las facturas que amparan hospedajes y alimentos, por un total de la cantidad de 6 mil 593 pesos, mismas que según las fechas de los consumos especificadas, no coinciden con las fechas del evento. Por no exhibir copia del comunicado número CONATRIB/P/045/2017, que justifique la invitación del Magistrado Presidente Bernardo Alfredo Salazar Santana, a la Primera Asamblea Plenaria Extraordinaria la cual se llevó a cabo 02 y 03 de junio de 2017, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. De igual forma, por no exhibir la documentación soporte con requisitos fiscales de la comprobación de los recursos por un total de la cantidad de 19 mil 409 pesos, entregado a Bernardo Salazar Santana, Abraham García Ibarra y Anette Mena Ortega, por concepto de capacitación.
El OSAFIG consideró una posible irregularidad el que no se exhibiera evidencia del destino, fechas en que se realizó el viaje, convocatoria o invitación al evento y oficio de comisión del funcionario que realizo el viaje, por el que se erogaron gastos por un total de la cantidad de 81 mil 383 pesos.
También se consideró observación no solventada el no exhibir evidencia documental, con la que se acredite la relación laboral de los C. C. Ivette Salazar Márquez, María de la Concepción Vallarta, Yara Zamora, Jorge Rodríguez, Bernardo Salazar Orozco, Gustavo Andrés Gasca Torres, Alma Lorena Orozco, y Natalia Salazar Orozco; con el ente auditado; así como por haber reintegrado parcialmente a las cuentas bancarias del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la cantidad observada.
Así como por omitir la exhibición del acuerdo del pleno, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, que establezca los criterios aplicados para la entrega de los recursos en la asignación de Becas, por los que el ente auditado devengo en su presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2017, la cantidad de $4’240,297.52 pesos. Por no justificar legal, ni documentalmente por que los 13 concursos bajo el procedimiento de Invitación Restringida, los cuales ascienden a la cantidad de $2´838,726.45 pesos, no siguieron lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
La Auditoría del OSAFIG a la Cuenta Pública del Poder Judicial todavía no se discute en el Pleno del Congreso