Colima, México, Avanzada (07/09/2018) .- La mayoría de diputados en el Congreso del Estado sólo aprobaron una amonestación pública para el ex funcionario del gobierno de Mario Anguiano Moreno, Jesús Orozco Alfaro, quien fue acusado por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) de diversas irregularidades financieras.
En la sesión del pasado 31 de agosto, el presidente de la Comisión de Responsabilidades, Riult Rivera Gutiérrez, presentó las conclusiones del juicio en contra del ex secretario de Finanzas y Administración durante el 2011, 2012 y 2013.
Sin mayor argumentación, el presidente de la Comisión de Responsabilidades, en el dictamen final desechó las sanciones que el 25 de octubre de 2017 aprobó el Congreso local en contra de Jesús Orozco, a quien se le pretendía fincar una inhabilitación por tres años para ocupar cargos públicos y una sanción económica resarcitoria por un millón 485 mil pesos.
La propuesta de sanción la realizó el entonces titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), Armando Zamora, después de realizar la auditoría excepcional a los tres últimos años del gobierno de Mario Anguiano Moreno, donde se documentó un presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos.
Sin embargo, en la sesión del pasado 31 de agosto, el presidente de la Comisión de Responsabilidades, el panista Riult Rivera Gutiérrez presentó el dictamen donde concluyó la investigación en contra de Orozco, y afirmó que el ex funcionario anguianista mostró documentos que desechaban las imputaciones en su contra.
Por ello, sentenció que únicamente procedía una amonestación pública.
Algunas de las irregularidades que detectó la Auditoría Excepcional muestran que el gobierno estatal arrendó un inmueble propiedad de la ciudadana Rebeca Alexandra Herrera Díaz (quien según publicaciones periodísticas procreó dos hijos con el entonces gobernador Mario Anguiano Moreno) para oficinas del Poder Ejecutivo, pero “no fue utilizado para fines propios del funcionamiento del Gobierno del Estado, y en el que se acreditó el funcionamiento de la empresa publicitaria Publipan propiedad de la misma Rebeca Alexandra Herrera Díaz, en asociación con Karewi Viridiana Flores Eusebio”.
Por este hecho, el entonces auditor propuso amonestar a los exsecretarios de Finanzas y Administración Jesús Orozco Alfaro y Clemente Mendoza Martínez y aplicarles una sanción económica resarcitoria por 389 mil 760 pesos y 194 mil 880 pesos, respectivamente, equivalentes a los daños y perjuicios determinados.
En la página electrónica del Congreso local aparece que el decreto 550 quedó concluido.