EDITORIAL.
El lunes los gobernadores de la Alianza Federalista informaron su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), una decisión en la que se vio involucrado el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez y que, de alguna manera tendrá impacto en esta entidad.
Según el argumento de los gobernadores salientes, la Conago ya no cumple la función para la que nació como un espacio de deliberación para defender el federalismo y la soberanía de los Estados, además de que observaron nulas posibilidades de su transformación.
El anuncio fue realizado en el marco de la Reunión Interestatal Covid-19, celebrada en la ciudad de Chihuahua, donde el gobernador de esa entidad, Javier Corral Jurado, explicó:
“Los diez gobernadores que conformamos la Alianza Federalista, nueve aquí presentes que participamos en el debate y la discusión, más el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, que ha comunicado su punto de vista por vía digital, hemos resuelto poner fin a nuestra participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores”.
Aunque argumentaron que su propósito es construir un espacio de diálogo efectivo en colaboración con los demás gobernadores de otras entidades, con el gobierno federal, los poderes de la unión y los niveles de gobierno, ha sido evidente la confrontación política de los gobernadores integrantes de la alianza federalista con el presidente de la república.
Tampoco es posible ocultar que, además de las posibles diferencias administrativas que pueden existir en las formas de trabajar de cada gobierno, el choque de los mandatarios estatales con el gobierno federal se encuentra aderezado por las divergencias partidistas.
En el caso de Colima, el hecho de que el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, se deje llevar por motivos partidistas resulta contraproducente para el estado, pues este distanciamiento puede provocar la disminución de recursos y apoyos para la entidad por parte del gobierno federal, al menos durante el tiempo que le resta al actual sexenio estatal.
Sin embargo, al parecer al gobernador le interesan más sus proyectos políticos personales y partidistas que el bienestar de los colimenses y bajo esta dinámica está llevando al estado hacia una situación riesgosa en la que los más afectados podrían resultar los sectores más vulnerables.
Abandonar un mecanismo tradicional de negociación y diálogo con el gobierno federal, como es la Conago, para enfrascarse en una aventura que sólo puede conducir al desgaste político y a la inestabilidad económica de la entidad, es una decisión que al menos pudo ser consultada entre los sectores representativos de la sociedad.
La actuación unilateral del gobernador en este caso, basado sobre todo en criterios de partido y no es razones de un estadista, es una muestra de la indolencia, el desinterés y el autoritarismo con el que José Ignacio Peralta ha conducido a la entidad.