“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”

México, Avanzada (02/04/2026).- El Gobierno de México expresó su rechazo al informe emitido por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, al considerar que es “tendencioso” y omite los avances institucionales implementados en el país para combatir este delito desde 2018.

A través de un posicionamiento oficial, las autoridades mexicanas señalaron que el documento no incorpora las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas recientemente por el Estado, particularmente las expuestas el pasado 27 de marzo. Indicaron que esta omisión provoca que las conclusiones del comité no coincidan con la definición de desaparición forzada establecida por el propio organismo ni con la realidad actual del país.

El Gobierno sostuvo que el procedimiento previsto en la Convención Internacional está diseñado para contextos donde las desapariciones forzadas son sistemáticas y generalizadas, con participación o tolerancia del Estado, lo cual —afirmó— no corresponde al México actual. En ese sentido, destacó que el propio comité reconoce, en apartados de su resolución, la ausencia de indicios de una política federal orientada a cometer este tipo de actos.

Asimismo, se subrayó que el informe se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, además de circunscribirse a cuatro entidades, lo que —según el posicionamiento— limita su alcance y actualidad.

Las autoridades también cuestionaron el rigor jurídico del documento y señalaron posibles conflictos de interés entre algunos integrantes del comité, al afirmar que existe evidencia de vínculos previos con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.

En contraste, el Gobierno federal defendió que en la actual administración no se toleran ni se ordenan desapariciones forzadas y destacó una serie de reformas legislativas e institucionales aprobadas en julio de 2025, tras un proceso de diálogo con colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Entre las medidas implementadas se encuentran la Alerta Nacional de Búsqueda, la apertura inmediata de carpetas de investigación, la creación de una Base Nacional de Carpetas, una Plataforma Única de Identidad, así como el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y de la Comisión Nacional de Búsqueda. También se establecieron obligaciones de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la Fiscalía General de la República.

Finalmente, el Gobierno mexicano reiteró su disposición a mantener la cooperación con organismos internacionales, incluido el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, aunque puntualizó que esta debe basarse en diagnósticos que reflejen la situación actual del país.