Con empresas fantasma y facturas falsas, desviaron recursos de la SSyBS en Colima

Colima, México, Avanzada (18/08/2020).- Mediante el uso de nueve empresas fantasma y facturas falsas, entre los años 2014 y 2018 fueron desviados recursos públicos de la Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSyBS) de esta entidad, según una investigación realizada por la organización Impunidad Cero.

Conforme a la indagatoria, el total de facturas falsas detectadas para el estado de Colima fueron 28, por un total de un millón 088 mil 142 pesos con 37 centavos.

Las empresas fantasma detectadas fueron Consorcio Urebia SA DE CV, con el Registro Federal de Causantes CUR1405141F4, Construccion, Transporte y Arrendamiento de Occidente, SA de CV (CTA1306188T9), Elías Ortega Barón (OEBE701221RJ7), Evolución Origen SC de RL de CV (EOR131125BM7), Expert Medical SC (EME140520G73), Lopefo Asociados, S.A. de C.V. (LAS130218EH7), Miller Mayoristas, S.A de C.V. (MMA1312109G7), Carlos Efrén Ríos Cernas (RICC8406116X0), Tecnijal, S.A. de C.V. (TEC120627228).

Denominada “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, la investigación realizada a nivel nacional señala que “el desvío de recursos públicos en el sector salud a través de empresas fantasma es un esquema que ha prevalecido durante años, debido a que las instituciones públicas federales y estatales, evaden fácilmente los controles fiscales que impone el Servicio de Administración Tributaria para evitar estas operaciones”.

En el reporte, publicado en el sitio web de Impunidad Cero, Denise Tron Zuccher, Mariana Ruiz Albarrán y Luis Pérez de Acha analizan cualitativa y cuantitativamente el tipo de instituciones de salud que han facturado con empresas fantasma en un periodo de cinco años y los miles de millones de pesos del erario público que, en consecuencia, no se han invertido en el sector salud del país.

“El análisis muestra que la impunidad predomina en este sector, a causa de un sistema de encubrimiento y corrupción y una red de complicidad entre autoridades y particulares”, señala.

En sus conclusiones, el estudio señala que si las facturas falsas fueran una enfermedad, el sistema de salud estaría padeciendo una epidemia, pues a lo largo del periodo estudiado, por lo menos en 30 de los 32 estados se utilizaron facturas falsas para desviar recursos públicos.

“A nivel federal el caso es similar, ya que las cuatro instituciones más importantes de salud —la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y el ISSFAM— tienen el mismo padecimiento. Lo que no queda resuelto es, ¿hasta cuándo podrá el enfermo tolerar su enfermedad? Los esfuerzos del gobierno actual van en el sentido de acabar con la corrupción, pero nada se ha hecho para detener el avance de las empresas fantasma como vehículo para desviar recursos públicos. Ni siquiera se ha logrado un reconocimiento oficial de que este mal aqueja al sistema de salud”.

Indica que la centralización hacia la Federación de los servicios de salud parece no ser la solución. La operación a través de un solo instituto no es sinónimo de un mayor control de los recursos, prueba de ello son los CFDI detectados en el estudio que demuestran que instituciones concentradoras como el IMSS, el ISSSTE y el ISSFAM han utilizado facturas falsas para desviar recursos públicos.

“El problema es más complejo y va más allá de las 22,933 facturas falsas identificadas en esta investigación a nivel nacional. Se siguen expidiendo este tipo de facturas por empresas que no están en el listado del SAT y por aquellas que se crean y desaparecen con facilidad. El SAT tiene a su disposición la información sobre la totalidad de facturas falsas que han sido emitidas por empresas fantasma incluidas en el listado, a favor de todas las instituciones de salud a nivel nacional.

“Esta autoridad tiene, además, la capacidad para fiscalizar a los contribuyentes que simulan actividades y que —en consecuencia— deben ser incluidos en su listado. Sin embargo, la información no es utilizada por las autoridades para investigar y sancionar a los beneficiarios reales de las empresas fantasma, ni a los servidores públicos que intervienen no sólo en el sistema de corrupción, sino también en el sistema de encubrimiento que se ha mantenido por años y ha permitido que prevalezca la impunidad”, concluye.